El complejo escenario de inseguridad hídrica y alimentaria que atraviesa el país
Como cada año, a fines de 2020 Fundación Terram publicó su Balance Ambiental, esta vez titulado "Ante una nueva Constitución, Apruebo transformación", el cual contiene un capítulo titulado Desertificación, sequía y bosque esclerófilo, desarrollado por Fernanda Miranda, geógrafa de Fundación Terram, en el cual se identifican las principales problemáticas socioambientales vinculadas al modelo agroexportador chileno durante un año marcado por la pandemia del covid-19, como lo son la inseguridad hídrica y alimentaria.
“La pandemia puso en evidencia que el problema hídrico en Chile es crítico y es una de las caras más duras de la desigualdad. Al mismo tiempo, expuso la fragilidad de nuestra seguridad y soberanía alimentaria derivada del actual modelo agroexportador”, señaló la autora del capítulo, a lo largo del cual se repasan una serie de hechos ocurridos durante el año que dieron cuenta de la ausencia de voluntad política del Gobierno para dar una salida a la inseguridad hídrica para miles de familias de sectores rurales, que en plena pandemia continúan recibiendo cantidades insuficientes de agua.
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A pesar de la sequía y la escasez hídrica, el documento señala que desde 2017 la superficie cultivada de frutales en las regiones de Valparaíso y Metropolitana aumentó en un 6,2% y 4,2%, respectivamente, y que según datos de la propia Fundación Terram, en el caso de Valparaíso contempló la incorporación de más de 2 mil hectáreas de paltos en suelos sin aptitud para cultivos frutícolas.
Por otro lado, el documento llama la atención sobre los efectos que podría tener la crisis económica aparejada a la pandemia y su administración, puesto que, tal como ha señalado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el aumento de la cesantía dejará a miles de familias en condiciones de inseguridad alimentaria, a pesar de tener Chile una superficie cultivada suficiente para abastecer a cada uno de sus habitantes con 400 gramos de fruta al día pero que solo son asequibles para el 20% más rico de la población, evidenciando que detrás del modelo agroexportador, el Estado ha tenido un rol ausente a la hora de establecer políticas públicas que garanticen la disponibilidad y acceso estable para los ciudadanos de alimentos de calidad y en la cantidad necesaria.
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En cuanto al estado del ya deteriorado bosque esclerófilo, característico del ecosistema mediterráneo de la zona central del país y clave en la contención de la desertificación, Fundación Terram celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de protección presentado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), a través del cual la organización gremial buscaba invalidar el dictamen de la Contraloría que declaró la incompatibilidad de los llamados “Planes de Manejo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas” con la Ley Nº 20.283, aprobados por CONAF a empresas agrícolas para sustituir bosque nativo por cultivos frutales, y que según datos de la propia fundación, permitieron talar más de 22 mil hectáreas de bosque nativo sin reforestar ni un solo árbol entre 2008 y 2020.
Ante este escenario, la autora del capítulo, Fernanda Miranda, recalcó que “el proceso constituyente representa una oportunidad para replantearnos el modelo de producción de alimentos vigente en el país que ha respondido al arbitrio de las reglas del mercado global, con graves consecuencias socioambientales, y transitar a hacia uno en donde el Estado garantice el derecho a la soberanía alimentaria, que implica que sean las propias comunidades las que definan sus estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, con base en la pequeña y mediana producción destinada a mercados regionales, y resguardando la conservación de los suelos y de la biodiversidad”.
