Como una medida tardía calificaron desde la organización Greenpeace el anuncio realizado por la norteamericana AES Gener, sobre el cierre de dos de las cuatro centrales a carbón, que operan hace 50 años sin autorización ambiental,  instaladas en el cordón industrial de Quintero - Puchuncaví, hecho que se concretaría en los próximos cinco años.

“Lo que realmente vemos acá es la impunidad con la que esta empresa ha intoxicado sistemáticamente a generaciones enteras a su alrededor. Que hoy hayan tomado esta tardía decisión es un avance hacia lo que deben hacer las grandes transnacionales de la energía para enfrentar el escenario climático, que es tener un plan ambicioso lejos de fuentes obsoletas. Nada de este anuncio repara la grave vulneración de derechos humanos que se ha efectuado con el daño a la salud de las personas ni a los ecosistemas en ese lugar. Plantearlo como un triunfo con fuegos artificiales, bombos y platillos es continuar riéndose en la cara de la gente, la naturaleza y la justicia, luego de todos estos años de indiferencia”, indicó Matías Asun, director en Greenpeace Chile.

Desde la organización además cuestionaron la efectividad que esta medida tenga a futuro respecto a la calidad del aire en el lugar, el daño a las personas y los ecosistemas marinos, argumentando que ambas centrales que dejará de operar (Ventanas 1 y 2), tenían su vida útil cumplida, por lo que esto no generará un cambio mayor en el impacto que se evidencia en el lugar.

“La verdadera pregunta que debemos hacernos es si el cierre de estas centrales evitará en adelante que la población deje de ver los varamientos de carbón diarios; las intoxicaciones; la presencia de metales pesados en el techo de las casas; el daño al fondo marino y los ecosistemas; las enfermedades respiratorias; los más de 520 episodios críticos de contaminación en los últimos dos años y por último, los acuerdos de silencio patrocinados por la misma empresa ofrecidos a los pescadores del lugar. La respuesta es que nada de esto dejará de pasar a futuro”, indicó Asun.

Greenpeace además apuntó al Estado como el principal responsable de avanzar en el camino a un país con mayor ambición climática y cuyo llamado a las empresas debe apuntar a la verdadera responsabilidad social, a través de medidas que apunten al compromiso con el medioambiente y las personas.

“El llamado es que el gobierno deje de promocionar, subsidiar y aplaudir lo que consideramos es una responsabilidad y un deber de las mismas empresas, dejar atrás de una vez por todas fuentes de energía tóxicas y peligrosas como el carbón y que hoy mantiene cinco zonas de sacrificio en Chile activas. Desde la organización mantenemos nuestra convicción de que la descarbonización total debe ocurrir a más tardar el año 2030”, agregó Asun.

Finalmente desde la organización advierten que, conforme a este plan de descarbonización acordado entre generadora y el gobierno, el cierre definitivo de ambas centrales se concretará recién en el año 2025 de forma definitiva, y que para ello se realizó un cambio regulatorio que subsidiará los costos del cierre de estas industrias de más de 50 años, sin destinar hasta la fecha presupuesto para restablecer los derechos de las personas y de los ecosistemas,  lo que está lejos de considerarse dentro de una agenda centrada en los derechos humano y ambiciosa en términos climáticos.

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