Las condenas son para Juan Poblete, ex presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, y para Schafik Nazal, general (r) y ex director de Inteligencia del Ejército. Ellos diseñaron la operación de espionaje militar ilegal en mi contra, cuando yo cubría el caso Milicogate, el evento de corrupción militar más masivo ocurrido en democracia. Hablamos de millones de dólares sustraídos desde los fondos reservados de la Defensa, destinados a la compra de armas, y que terminaron gastados en casinos, prostitutas y viajes.
El general se reunió con el juez, y este último propuso falsificar la orden de interceptación: consignaron mi número, pero anotaron el nombre de una mujer inmigrante boliviana de 23 años, a quien acusaron falsamente de ser una espía del Estado boliviano.
Esto ocurrió en 2017. Dos años después, otro agente de inteligencia reveló la operación al diario La Tercera, y alguien me escribió un mensaje directo por redes sociales indicándome cómo detectar a los responsables. Eso permitió descubrir el espionaje en mi contra y el que se ejercía sobre la jueza Romy Rutherford, que investigaba la actuación militar. Publicamos en CIPER un artículo con las grabaciones de quienes la seguían y espiaban.
Luego vino el estallido social, después la pandemia, y en ese marco presentamos una querella ante la fiscalía. Fue muy difícil avanzar: el juez se negó al menos cinco o seis veces a declarar y no entregaba su domicilio. Tuvimos que interceptar su teléfono con la PDI para dar con él.
Cuando finalmente se allanó el lugar donde vivía —el llamado edificio Barco, en un departamento asignado por la Corte Suprema— se encontraron pistolas, catorce tarjetas SIM y carpetas de inteligencia. El juez parecía creer que era un agente de inteligencia antes que un magistrado a cargo de resguardar el Estado de derecho.
- ¿Cómo terminó el proceso judicial?
Con la enorme cantidad de pruebas reunidas, se optó por un juicio abreviado. Ambos imputados ya llevaban dos años y medio en prisión preventiva. Fueron condenados a cinco años de cárcel, que cumplirán con la pena ya avanzada. Se les quitaron a perpetuidad los derechos políticos —una señal muy poderosa, que ha tenido fuerte repercusión internacional— y se les inhabilitó de por vida para trabajar en el Estado. También deben tomar un curso de derechos humanos.
Algo relevante es que ambos condenados reconocieron los hechos ante el tribunal. Cuando el tribunal les preguntó si eran culpables, respondieron: "Reconozco los hechos, soy culpable". No se declararon inocentes.
Los ministros que defendieron la operación
- Tres ex ministros de Defensa salieron a cuestionar tu versión y a defender a las Fuerzas Armadas, pese a que tenían conocimiento de la falsificación de los documentos.
Efectivamente, Alberto Espina, Mario Desbordes y Baldo Prokurica defendieron esta operación de inteligencia fraudulenta ante el Congreso, no solo ante la prensa. Dijeron dos cosas: que habían revisado los documentos y que estaba todo en orden. Eso implica dos posibilidades: que vieron la falsificación y no la denunciaron, o que mintieron al decir que revisaron los documentos. En cualquiera de los dos casos, lo que hicieron es grave.
Lo más complejo es que son incapaces de entender la gravedad de sus actos: ampararon una operación de agresión a la libertad de expresión. Tengo severas dudas de que tengan la capacidad de comprender lo que hicieron. Y dos de ellos siguen siendo figuras públicas: uno es alcalde de Santiago y el otro integra el Consejo de Defensa del Estado. No deja de ser complejo que alguien que defendió a quienes cometieron estos delitos ocupe, de manera perpetua, un cargo en el organismo encargado de defender los intereses del Estado.
Fiscalización débil y avance del crimen organizado
- ¿Qué falta por avanzar, considerando que hay sectores a los que les cuesta mucho avanzar en la fiscalización a las FFAA y las policías?
Necesitamos fortalecer la democracia y los controles democráticos, no poner el foco en perseguir a los más pobres. Hay un caso que ha pasado casi desapercibido, pero que me parece de la mayor gravedad: hace un par de meses se supo que un ex director de la ANI se transformó en abogado de un miembro del Tren de Aragua. Que un ex jefe de inteligencia del país defienda a alguien vinculado a esa organización es gravísimo, y no hay nadie planteando una ley que lo prohíba.
No existen mecanismos de control democrático para impedir que estas situaciones ocurran. Debería haber una prohibición de por vida para que quienes asumen cargos públicos de esa naturaleza tengan después cierto tipo de relación con esos ámbitos. El Estado tiene que actuar con un criterio estricto e independiente.
Nos falta una discusión profunda sobre cómo adoptamos medidas como sociedad. Y hay otra arista que se deja de lado: dónde entra el narco es donde el Estado se retira. Cuando el Estado se retira —cuando no hay vivienda, no hay alimentación, no va a haber pensiones— entra el narco. Hoy me preocupan los recortes masivos que se vienen: la reforma tributaria en curso significará bajar impuestos a los más ricos, y la única forma de financiar eso es recortando beneficios a los más pobres. Eso va a implicar un mayor ingreso del narco. Sabemos que el período de pandemia fue de bonanza para el crimen organizado, justamente por el retroceso del Estado. Seguir en esa línea, en vez de remar en sentido contrario, es caldo de cultivo para una mayor implicancia entre crimen organizado y Estado.
El caso Hermosilla y la captura del poder judicial
- Sobre el caso de Paulo Contreras, Hermosilla y la ANI: ¿qué controles existen antes de poner a alguien en cargos de tanta relevancia?
La gente no dimensiona la relevancia de la Agencia Nacional de Inteligencia y el poder que puede ejercer. Lo más grave del caso Hermosilla es que fue una operación masiva de captura del Poder Judicial, donde un grupo cercano al gobierno de Sebastián Piñera intentó intervenirlo de forma extendida: había jueces a quienes les redactaban los requerimientos judiciales y jueces que votaban según se les indicaba, desde la Corte Suprema hacia abajo.
Uno debe preguntarse cuántos casos que se resolvieron a favor de estos abogados no deberían haberse resuelto así. Hemos visto casos que se resolvieron favorablemente para un fiscal que después fue contratado por el mismo entorno que chateaba con Hermosilla, en el llamado audio de Daniel Sauer con Hermosilla. Estamos viviendo un momento muy complejo, en que la corrupción se instaló incluso en el Poder Judicial, que había sido una última barrera. Y en el Congreso no se encuentra hoy un discurso férreo de defensa de la democracia.
El impacto del periodismo de investigación
- Rescatemos algo que mencionaste antes: el efecto que tuvo la investigación de Milicogate en la mayor redistribución de recursos vista en Chile.
Efectivamente. Ese esfuerzo hizo que el Senado —y el Congreso en general— entendiera el problema y se eliminara la Ley Reservada del Cobre. Esa ley implicaba que el 10% de las ventas de Codelco, no de las utilidades, iba a la compra de armas de las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de control. Hoy eso equivale a más de dos mil millones de dólares anuales, una cifra equivalente a 56 hospitales o a 400 colegios.
Ese es el valor del periodismo de investigación: no solo denuncia, sino que genera una conciencia colectiva que produce un cambio y un bienestar social. De ahí la importancia de defender el periodismo de investigación y la democracia, sobre todo frente al peligro que representa hoy la llamada ley mordaza 2.0.
La amenaza de la "ley mordaza 2.0"
- ¿En qué consiste este proyecto, que ha pasado casi bajo el agua en medio de otras discusiones como la reforma tributaria?
Un grupo de parlamentarios transversal, encabezado por los senadores de Socialismo Democrático Pedro Araya y Alfonso De Urresti, plantea encarcelar y aplicar penas de cárcel a los periodistas que reportemos sobre investigaciones judiciales en curso. Y también contempla penas de cárcel y sanciones multimillonarias para las fuentes que entreguen información.
Esto implicará que los periodistas no podamos hablar de investigaciones como la del Tren de Aragua, del caso Hermosilla, de corrupción política, o incluso de casos como el portonazo con resultado de muerte de un niño de 12 años en San Bernardo. Las consecuencias para la democracia son devastadoras por dos razones: primero, priva a la ciudadanía de información sobre casos de alto interés público; segundo, abre una puerta peligrosísima a las agresiones contra la prensa.
Quiero creer que estos senadores no entienden la gravedad de lo que están haciendo, y que algún día podrán rectificar. No es la primera vez que ocurre en América Latina: medidas similares fueron impuestas por regímenes autoritarios como los de El Salvador o Nicaragua. Y el periodismo nunca se calló: los medios pusieron sus portales en otro país, como El Faro, y la gente tuvo que leer las noticias desde medios exiliados. Le pregunto a estos señores: ¿van a aplaudir si algún día un periodista es preso por hablar del Tren de Aragua? El periodismo de investigación no se calló con Pinochet, ¿alguien cree que se va a callar ahora?
- Para cerrar, ¿cómo puede la ciudadanía apoyar a Ciper y al periodismo de investigación frente a este escenario?
Hago un llamado a que nos lean, que visiten nuestras historias, que están hechas con compromiso y rigurosidad. Y que tengan la certeza de que, aunque el Congreso apruebe estas normas de censura, vamos a seguir escribiendo sobre los temas de interés público que son relevantes para el país.
