"Es contradictorio con la realidad demográfica": Experta explica como recorte del gobierno amenaza a adultos mayores

Más que una prestación, se pierde comunidad

—Desde su experiencia en psicogerontología, ¿cuáles son los efectos concretos —psicológicos, físicos, sociales— que podría generar en personas mayores la reducción o eliminación de programas de cuidado y acompañamiento?

Sabemos que el bienestar en la vejez no depende únicamente de la salud individual, sino profundamente del entorno social, comunitario e institucional. Reducir programas de acompañamiento no es un ajuste neutro: tiene consecuencias directas sobre la salud mental, física y social.

En términos psicológicos, estos espacios entregan contención emocional, sentido de pertenencia y propósito. Cuando desaparecen, no solo se pierde una prestación: se pierde comunidad, identidad y sentido de pertenencia, además de experimentar una mayor sensación de abandono, inutilidad social y desesperanza.

En lo físico, menos estimulación, menos movilidad y menos seguimiento significan mayor riesgo de dependencia, caídas y deterioro acelerado. La evidencia internacional incluso muestra asociación entre aislamiento social y mayor mortalidad.

Y en lo social, probablemente el efecto más brutal, se profundiza la exclusión. En una sociedad ya atravesada por el viejismo, quitar estos programas es empujar aún más a las personas mayores hacia la invisibilidad. Estos programas muchas veces son el único espacio de encuentro, participación y reconocimiento social para miles de personas mayores.

—La salud mental de los adultos mayores raramente aparece en el debate público. ¿Qué efectos tiene el aislamiento y la pérdida de programas de acompañamiento sobre la depresión, el deterioro cognitivo, la mortalidad?

El aislamiento social es un factor de riesgo serio para la salud pública. Es de los factores más importantes, y más invisibilizados, para la salud mental en la vejez. La soledad sostenida no solo afecta emocionalmente: impacta el cerebro, el cuerpo y la expectativa de vida.

Sabemos que la pérdida de vínculos y espacios de participación aumenta el riesgo de depresión, acelera el deterioro cognitivo y se asocia a mayor prevalencia de demencias. También aumenta el riesgo cardiovascular, el deterioro funcional e incluso la mortalidad prematura.

Y aquí no estamos hablando solo de “sentirse triste”. Estamos hablando de personas cuya única interacción significativa semanal puede ser precisamente uno de estos programas.

Cuando el Estado retira esos apoyos, no solo recorta actividades: puede estar profundizando trayectorias de deterioro evitables. Estas consecuencias son tratadas generalmente como “naturales” del envejecimiento, cuando en realidad son el resultado de condiciones sociales evitables. En este sentido, no es la edad la que enferma, sino el abandono, la exclusión y la falta de políticas de cuidado sostenidas.

—¿Por qué la salud mental de los adultos mayores sigue invisibilizada si la población chilena envejece cada vez más?

Lo que pasa es que seguimos teniendo una mirada muy familista del cuidado, como si todas las personas mayores tuvieran hijas, hijos o redes disponibles. Y eso no es cierto. La realidad es que muchas mujeres mayores viven solas, viudas, con pensiones insuficientes y sosteniendo su autonomía con enorme esfuerzo.

El envejecimiento de Chile ya está ocurriendo, sin embargo, nuestras políticas públicas todavía no asumen plenamente lo que significa sostener cuidados y acompañamiento a gran escala.

Una contradicción política y ética

—¿Cómo se lee esta decisión en ese contexto demográfico? ¿Estamos yendo en dirección contraria a lo que el país va a necesitar?

Chile envejece rápidamente y eso no es una amenaza. Es una transformación demográfica predecible para la cual deberíamos estar preparándonos con más inversión, no menos. Por lo tanto, el recorte a programas es profundamente contradictoria con la realidad demográfica del país.

Los países que han entendido el envejecimiento como política pública fortalecen prevención, cuidados de largo plazo, participación social y apoyos comunitarios porque saben que intervenir temprano evita dependencia y costos mucho mayores después.

Recortar programas hoy puede parecer un ahorro fiscal inmediato, pero a mediano plazo significa mayores costos sanitarios, sociales y humanos. Al día de mañana se traduce en más hospitalizaciones, más institucionalización, más sobrecarga familiar y más sufrimiento evitable. Porque el deterioro funcional y cognitivo cuesta muchísimo más caro que prevenirlo.

Además tenemos que entender que Chile es Estado miembro de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Hay derechos consagrados que no se están garantizando con estos recortes. Entonces la pregunta de fondo es qué tipo de sociedad queremos construir frente al envejecimiento: una que acompañe y garantice dignidad, o una que abandone a las personas cuando dejan de ser consideradas “productivas”.

—El concepto de "envejecimiento activo" lleva décadas en la agenda internacional. ¿Estos recortes van en la dirección opuesta a lo que organismos como la OMS y la OPS recomiendan?

Absolutamente. Estos recortes van en la dirección opuesta a las recomendaciones internacionales de organismos como la OMS y la OPS.

Pero además, creo que es importante hacer una reflexión crítica: el ideal de “envejecimiento activo” muchas veces se instala como un estándar individual de autonomía, participación y autocuidado que no todas las personas pueden alcanzar, especialmente en contextos de desigualdad social.

No se puede exigir participación activa, autonomía o autocuidado cuando existen pensiones insuficientes, barreras de acceso a salud, soledad, precariedad territorial o trayectorias de vida marcadas por pobreza y exclusión. Los determinantes sociales condicionan profundamente cómo envejecemos.

Por eso, más que responsabilizar individualmente a las personas mayores de “envejecer bien”, el desafío es construir condiciones sociales, económicas y comunitarias que hagan posible una vejez digna para todas las personas.

Y precisamente los programas de acompañamiento y participación son parte de esas condiciones estructurales que hoy se están debilitando.

—El gobierno anterior promulgó la Ley Chile Cuida, que reconoce el derecho al cuidado como un derecho universal. ¿Qué implica que el gobierno actual proponga recortes de esta magnitud a los programas que deberían dar contenido concreto a esa ley? ¿Se puede hablar de un derecho si no hay presupuesto que lo respalde?

Un derecho sin financiamiento corre el riesgo de transformarse en una declaración simbólica. El derecho al cuidado no puede existir solo en el papel. Los derechos sociales se garantizan con financiamiento, institucionalidad y voluntad política.

Si reconocemos el cuidado como derecho universal pero debilitamos los dispositivos concretos que lo hacen posible, entramos en una contradicción política y ética importante.

Desde una perspectiva de derechos humanos, esto es preocupante porque las personas mayores no necesitan caridad ni favores. Las personas mayores son sujetos de derechos que necesitan garantías efectivas para vivir con dignidad.

El cuidado no debería depender de la capacidad económica de las familias ni recaer exclusivamente sobre mujeres cuidadoras. Debe entenderse como una responsabilidad colectiva y estatal, especialmente en el un país más envejecido en Latinoamérica en el año 2050.