Organizaciones denuncian que el grupo dividió iniciativas para evitar evaluación ambiental en humedales, donde se proyectan 3.500 viviendas.
Humedales ubicados en sector Alto La Paloma, Puerto Montt
Una serie de proyectos millonarios pretenden concretarse en uno de los pulmones verdes más importantes de Puerto Montt, denominado sector de Alto La Paloma. La locación, que alberga extensos humedales, es del interés del holding inmobiliario Salfacorp y de H&C Inversiones, empresas que manejan un portafolio de iniciativas en la industria, y donde comparten sociedad con Seguros de Vida Consorcio.
La situación ha generado un conflicto entre las empresas, organizaciones medioambientales y vecinos de los lugares aledaños, pues el levantamiento de los proyectos desembocaría en 3.500 nuevas viviendas distribuidas en múltiples lotes y sociedades.
En el transcurso de los últimos años, los organismos medioambientales han debido pronunciarse luego de que organizaciones como Agrupación Gayi denunciaran que los proyectos impactan negativamente en ecosistemas críticos, donde se incluyen humedales urbanos y bosque nativo de alto valor ecológico.
Además, afirman que la infraestructura sanitaria prevista descargará contaminantes en cauces que desembocan en el Santuario de la Naturaleza del río Maullín.
Sin embargo, hace años uno de los puntos más criticados por las diversas organizaciones sociales es el mecanismo utilizado por el holding para materializar las iniciativas, el cual presuntamente aprovecharía ciertos grises de la normativa para agilizar su aprobación.
En una denuncia interpuesta ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por parte de organizaciones civiles, se detalla que las 93 hectáreas (ha) contempladas para ejecutar el proyecto se encuentran divididas en los lotes A (12,13 ha), B (5,70 ha), C (70,72 ha) y D (5,30 ha), los cuales eran propiedad de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Actualmente, según una revisión realizada por este medio, tanto el Lote B como el Lote D pertenecen a empresas distintas: Rentas y Desarrollos Aconcagua S.A. y Alto Volcanes S.A., respectivamente.
Las firmas mencionadas no son ajenas al consorcio, ya que ambas se encuentran bajo el paraguas de Salfacorp e Inversiones y Asesorías H&C, empresas accionistas de la compañía de seguros a través de otras sociedades.
El entramado societario es el siguiente: Inversiones y Asesorías H&C —cuya propiedad radica en la familia Johnson Undurraga—, a través de tres empresas, es accionista de Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A., firma reconocida por formar parte del holding de Salfacorp.
Del mismo holding se desprenden una serie de empresas con nombres similares y cuyos objetivos complementarían el desarrollo del megaproyecto. Una de ellas es Aguas Santiago Norte S.A., firma sanitaria controlada en su totalidad por H&C.
Su finalidad sería producir agua potable y tratar las aguas servidas para las más de 3.500 viviendas del sector donde opera la Inmobiliaria Alto Volcanes, negocio que desarrollan en conjunto.
Algunas de las empresas que integran el engranaje son Inmobiliaria Alto Volcanes —conformada por Salfacorp y H&C Inversiones—, que actúa como ejecutora principal; Rentas y Desarrollo Aconcagua S.A.; Aconcagua Sur S.A., entre otras.
La representación legal de muchas de ellas es ejercida por Augusto Coello y Mauricio Johnson, lo que permitió dilucidar el hilo que une a las distintas firmas.
Uno de los puntos cuestionados por parte de las organizaciones de la sociedad civil es el mecanismo que habría utilizado el holding para baipasar la normativa medioambiental a través de un fraccionamiento del megaproyecto.
En concreto, colectivos como Agrupación Gayi plantean que el grupo empresarial dividió la iniciativa artificialmente en partes más pequeñas y en filiales “supuestamente” independientes para evitar su ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Para evitar el ingreso del megaproyecto inmobiliario al SEA, el holding se habría amparado en la Resolución Exenta N° 387 de 2014. Ese trámite fue impulsado por los antiguos dueños del terreno, dictaminando que el predio no requería ingresar al SEIA porque, en ese entonces, Puerto Montt no era considerada una zona saturada. El documento permitió que Inmobiliaria Alto Volcanes consiguiera que CONAF aprobara, en 2020, la corta de 9,77 hectáreas de bosque nativo.
Dentro de las cuestionadas divisiones destaca lo que habría sucedido con el Lote C —perteneciente a Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.—, terreno que fue separado en unidades más pequeñas y luego fusionado nuevamente, lo que permitió tramitar permisos de manera fragmentada ante distintas entidades.
Luego de la división, se ingresaron solicitudes separadas de anteproyectos de loteo ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) para cada predio.
En la misma línea, la empresa Aconcagua Sur S.A. obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y un permiso de la DGA en 2020 única y exclusivamente para modificar el cauce del estero La Paloma. Para ese trámite se omitió que la diligencia fuera en beneficio del megaproyecto.
Un Informe Técnico de Fiscalización Ambiental impulsado por la SMA, concluyó que Inmobiliaria Alto Volcanes habría eludido el SEA. "Se verifica la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por parte del proyecto Inmobiliario Alto Volcanes SpA, ubicado en el sector Alto La Paloma de la ciudad de Puerto Montt, toda vez que se encuentra ejecutando obras de urbanización que afectan al Humedal Alto La Paloma, aun cuando se encuentra en proceso administrativo en el Ministerio del Medio Ambiente para su declaración oficial", explicita el documento.
Producto de aquello, el organismo concluyó que la empresa debía ingresar obligatoriamente al SEIA para evaluar sus impactos ambientales.
En enero de 2024, bajo la representación legal de Álvaro Manríquez, Inmobiliaria Alto Volcanes ingresó al SEA una iniciativa del mismo nombre. El proyecto corresponde al mismo que por años los puso como blanco de críticas ante las comunidades del sector.
Su primer documento lo describe como un proyecto inmobiliario ubicado en los macrolotes A,B,C y D donde se construirían las más de 3.000 viviendas. La iniciativa se encuentra en trámite, sin embargo, su desarrollo ha contado con una serie de observaciones, que tienen a la inmobilIaria, actualmente, revisando una segunda Adenda.
En octubre de 2024, el SEA solicitó una serie de rectificaciones o implicaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la inmobiliaria. La medida fue motivada luego de que se evidenciara una subestimación o mala caracterización de los impactos sobre el agua subterránea, los humedales, el bosque nativo y el patrimonio.
Por otra parte, entre los puntos positivos evidenciados por el SEA se encuentran en las propuestas de diseño urbano sustentable y compromisos de compensación adicionales a la ley.
El Desconcierto tomó contacto con H&C Inversiones para conocer detalles de estos proyectos y derivaron las consultas a la empresa inmobiliaria. Producto de ello, intentamos comunicarnos con Salfacorp a través de distintos canales oficiales pero no fue posible y, hasta el cierre de este artículo, tampoco hubo respuesta a nuestro correo.
Parte importante de un proyecto de esta magnitud es el tratamiento de aguas servidas, arista siempre cuestionada por el destino donde termina ese flujo.
En el portafolio del holding, esta tarea está destinada a la empresa Aguas Santiago Norte —propiedad de H&C Inversiones—, firma a la que se le habría otorgado la concesión de tratamiento de estos desechos, evadiendo evaluar el impacto conjunto de las descargas y la urbanización en la cuenca del río Maullín.
No obstante, no sería la primera vez que la empresa ejecuta este tipo de prácticas. En 2015, vecinos del condominio Los Cántaros de Batuco interpusieron una denuncia ante la SMA contra Inmobiliaria Ciudad de Batuco S.A., empresa representada por la familia Johnson.
El fondo de la acción indicaba que la inmobiliaria, a través de Aguas Santiago Norte S.A., tenía planes de realizar una planta de aguas servidas. Además, se acusaba que la empresa habría fraccionado el proyecto ubicado en la comuna de Batuco para evitar su ingreso al SEA y saltar la consulta ciudadana, misma estrategia que se acusa en Puerto Montt.
Ante las acusaciones, la empresa presentó sus descargos, logrando congelar las sanciones interpuestas. Posteriormente, en 2018, la SMA declaró incumplido el Programa de Cumplimiento y retomó el proceso sancionatorio en su contra. Sin embargo, la inmobiliaria presentó un recurso de reposición que fue revisado por el Segundo Tribunal Ambiental.
Ante el rechazo de esa acción, la empresa presentó una reclamación ante el mismo tribunal, la que fue acogida por la entidad, dejando sin efecto las resoluciones de la SMA y reanudando el Programa de Cumplimiento (PdC). Finalmente, fue la Tercera Sala de la Corte Suprema la que resolvió el conflicto, declarando inadmisibles los recursos de casación interpuestos por la Superintendencia.
Un proceso similar se llevó a cabo en Puerto Montt donde la SMA, en 2022, formuló cargos contra el holding y sus empresas asociadas —incluyendo Aguas Santiago Norte— por llevar a cabo obras inmobiliarias en una zona declarada saturada y cercana a humedales urbanos.
La SMA argumentó que las empresas estaban vinculadas y desarrollaban un proyecto integral. De la misma forma, agregaron que las acciones representaron un daño al medio ambiente debido a movimientos de tierra, excavaciones, drenajes y despeje de vegetación, lo que motivó medidas provisionales para detener las faenas.
Aguas Santiago Norte en ese proceso aclaró que su concesión no se vinculaba con ninguna correspondiente al proyecto inmobiliario. Además, enfatizaron en que no habían ejecutado acciones en el sector.
Tras las discusión la SMA decidió eximir de responsabilidades a ciertas empresas, una de ellas Aguas Santiago Norte, y únicamente aplicó una multa a Inmobiliaria Alto Volcanes. La multa rondaba los $4.7 mil millones.
La inmobiliaria recurrió hasta el Tercer Tribunal Ambiental que resolvió anular la totalidad de la multa argumentando que se aplicó un criterio interpretativo que no se encontraba vigente al momento de iniciar las obras
El megaproyecto inmobiliario ha desplegado una fuerte estrategia de lobby donde, solo Inmobiliaria Alto Volcanes registra 41 reuniones en el portal de Transparencia. Aunque la mayoría de ellas son representadas por personas ligadas al holding, particularmente una de ellas es llamativa.
Un encuentro con la finalidad de abordar el "sentido, alcance y estado del proyecto Alto Volcanes", protagonizó el abogado Edesio Carrasco, en representación de Inmobiliaria Alto Volcanes, junto a Benjamin Muhr quien, en ese entonces, se desempeñaba en la SMA, cargo en el que estuvo desde 2014 hasta 2023.
Aunque los encuentros se enmarcaban en el marco de sus labores para el estudio Schulz Carrasco Abogado, no es extraño que la inmobiliaria optara por la contratación de Carrasco, pues conoce de cerca la institucionalidad medioambiental. Desde 2010 hasta inicios de 2014, el abogado ejerció diversas funciones en el SEA, entre ellas: director regional, jefe de la unidad de litigios y fiscal de la misma entidad.
Por otra parte, Carrasco ha representado en ocho ocasiones a Aguas Santiago Norte, con la finalidad de destrabar plantas de aguas servidas tanto en Maipú —otro de los flancos del holding por proyecto ubicado en La Farfana—, Colina y Puerto Montt, asociada al proyecto ubicado en el sector de Alto La Paloma.
Sobre este último, sus reuniones han estado abocadas a tratar materias relacionadas con las observaciones planteadas por diversos organismos en la Adenda del proyecto presentado en 2024 y que aún continúa su tramitación en el SEA.