Unas de las críticas más comunes y menos justificadas de la derecha es que la izquierda sustenta sus propuestas en preceptos ideológicos.  Una presencia omnímoda de “ideología” en las políticas públicas le fue espetado sistemáticamente al segundo gobierno de Bachelet desde la derecha política y sus centros de pensamiento, especialmente en la reforma educacional. A mediados de 2016 en entrevista con El País Piñera la criticaba por sus “reformas tributarias, laborales, educacionales, y ahora la constitucional, basadas en una ideología socialista”. El exMinistro Varela sostuvo en agosto de 2017 que el gobierno de Bachelet en educación estaba focalizando mal la inversión pública debido a “la ceguera ideológica que irracionalmente rechaza la evidencia irrefutable”, y el Subsecretario de Educación Raúl Figueroa escribía a fines de 2015 en El Mercurio que el gobierno de Bachelet no evaluaba correctamente las políticas públicas debido al "voluntarismo y la ideología". En los últimos días, la Ministra de Educación Marcela Cubillos sostuvo en una entrevista en TVN que afirmar que las condiciones económicas de los estudiantes determinan su rendimiento académico era un juicio cargado de ideología.

Sin embargo, si algo ha destacado a la derecha en el gobierno es el diseño de políticas públicas que no consideran la evidencia. Una primera muestra de esta inclinación fue el chasco de “Aula Segura”. El Gobierno no sólo impulsó una ley desde un enfoque punitivo que extendía la estigmatización de los establecimientos públicos —donde según el despliegue comunicacional habita la violencia—, sino que los procedimientos sancionatorios originales propuestos por el ejecutivo violaban aspectos cruciales de la normativa educacional vigente y trasgredían los esfuerzos orientados en la línea de la investigación internacional sobre inclusión educativa. La mala factura del propio proyecto terminó por diluir sus pretensiones en la medida que debió enmarcarse en los procesos racionales y justos que la ley ya contemplaba, con menos diferencias de las que hizo sentir en el debate público.

El intento de relativizar los principios detrás del Sistema de Admisión Escolar (SAE) es una expresión mucho más acabada de una propuesta ideológica. El Proyecto de Ley propone reestablecer la selección del 100 por ciento de los estudiantes en establecimientos “de alta exigencia académica” retirándolos del SAE. Así mismo, establece que todos los establecimientos podrán solicitar la autorización ministerial para seleccionar al 30 por ciento de su matrícula y así “reforzar la identidad de los proyectos educativos”. En ambos casos, el proyecto propone permitir la evaluación del desempeño anterior del alumno, además de la aplicación de pruebas de conocimientos y aptitudes académicas. Por último, levanta la prohibición de realizar entrevistas con los apoderados y las familias, aunque estas “serán siempre voluntarias”.

Uno de los argumentos que ofrece el Proyecto de Ley es que “de acuerdo a datos obtenidos en la prueba PISA 2015, para ese año, el 38.4 por ciento de los estudiantes de los países pertenecientes a la OCDE fueron admitidos en sus establecimientos educacionales a través de antecedentes académicos, a diferencia de Chile en que sólo un 17.3 por ciento ingresó por esta vía”. A lo anterior, agrega que “Singapur, uno de los países líderes en los rankings de resultados PISA, selecciona por mérito académico al 87.4 por ciento”. Finalmente, el proyecto sostiene que “no hay países de la OCDE en los que las prácticas de selección vía antecedentes académicos no existan” y establece una comparación con Alemania, República Checa, Italia y Suiza.

Lo que el Proyecto de Ley no transparenta es que en Chile extender la selección sobre antecedentes académicos no es equivalente al resto de la OCDE por el nivel de desigualdad presente en nuestro país y su correlación con el desempeño escolar. En el índice de Gini (que va de 0 a 1, donde 0 representa la igualdad de todos y 1 la concentración total de la riqueza en una persona), un país que obtiene cerca de 0.3 es moderadamente desigual, mientras que un índice cercano a 0.5 es fuertemente desigual. Según cifras de 2016, la desigualdad en Alemania obtiene un índice de 0.295, República Checa de 0.251, Italia de 0.331 y Suiza de 0.294, mientras Chile obtiene un vergonzoso 0.477 según datos del Banco Mundial, en una estimación considerada conservadora. Para la OIT (2017), "las estimaciones de la CASEN indican un coeficiente de Gini del 0.50 y las estimaciones de otros estudios se acercan al 0.60. Esto confirma que Chile es el país con la peor distribución de ingresos dentro de la OCDE. Y dentro de los cinco peores de Latinoamérica".

De los países mencionados en el proyecto, sólo Singapur tiene una desigualdad comparable a la chilena, aunque su PIB per cápita lo coloca entre los diez países más ricos del mundo. Además, su sistema escolar ha sido objeto de críticas transversales por su rigidez, elitismo y orientación a resultados en pruebas estandarizadas, lo que somete a una gran presión a sus alumnos y coarta el desarrollo de pensamiento crítico y creativo. Quizás valga mirar hacia Portugal, donde la mejora de los resultados de aprendizaje se ha logrado de la mano de la consolidación de políticas públicas inclusivas orientadas al fortalecimiento de la educación pública.

El modelo al que se quiere volver mediante la relativización de los principios de la Ley de Inclusión es el mismo que nos posicionó no sólo como el país con la mayor segregación escolar de la OCDE, sino también como uno de los más segregados de la región. Según un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre la base de datos de la prueba PISA, Chile es el segundo con mayor segregación socioeconómica de la región para su educación secundaria, superado sólo por Perú (Murillo, Hernández-Castilla, Martínez-Garrido & Hidalgo, 2018).

No es ideológico sostener que existe una correlación ampliamente documentada entre el grupo socioeconómico y el rendimiento académico. Entre la evidencia disponible, se encuentra la propia categorización de establecimientos realizada por la Agencia de la Calidad que el gobierno propone como un mecanismo para permitir la selección de alumnos. Tras aplicar masivamente la categorización, la Agencia detectó en uno de sus estudios que "a pesar de que la metodología de Categoría de Desempeño se ajusta por las características socioeconómicas de los estudiantes, persisten resultados inferiores en aquellos establecimientos que trabajan en contextos de mayor vulnerabilidad". Las cifras indican que el 52 por ciento de las escuelas del quinto quintil están en categoría de desempeño alto, mientras que más del 90 por ciento de las escuelas del primer y segundo quintil socioeconómico se encuentra en desempeño medio, medio bajo o insuficiente. Estos datos permiten reconocer cuáles son los establecimientos a los que se les permitirá seleccionar en un 100 por ciento: a más de la mitad de los establecimientos que reciben a familias de mayores ingresos y más del 20 por ciento de los que reciben al quintil siguiente.

Otro de los aspectos que el Proyecto de Ley critica es la idea de que los establecimientos con estudiantes de distintos capitales culturales permiten la nivelación de quienes tienen desempeños más bajos, también denominado “efecto par”. Este fenómeno habría estado a la base del diseño de la Ley de Inclusión. Al respecto, el gobierno sostiene que “existe amplia evidencia empírica que permite concluir que el ‘efecto par’ es difícil de medir (Illanes, 2014), y que, en los contados casos en que se puede verificar su existencia, se trata de situaciones en las que los alumnos vulnerables se encuentran en minoría dentro de la sala de clases (Fontaine & Urzúa, 2018)”. Lo interesante de esta defensa, es que de ella no se sigue el aumento de la selección en los establecimientos de desempeño alto, sino, al menos, garantizar en ellos la presencia de estudiantes no seleccionados. También nos conduce a la pregunta sobre por qué no democratizar el acceso a los establecimientos particulares pagados, garantizando un porcentaje de alumnos no seleccionados en la línea de lo que ha propuesto la oposición en el Congreso.

La evidencia indica que el SAE ha tenido resultados satisfactorios en su puesta en marcha. Actualmente 8 de cada 10 estudiantes de las regiones donde está en funcionamiento lograron ingresar a un establecimiento de sus tres primeras preferencias, 6 de ellos en la primera. Esto es equivalente a lo que sucede en otros sistemas de países desarrollados que ocupan una variante de este algoritmo de asignación como Boston, Nueva York y Ámsterdam. A principios de enero, la propia Ministra Cubillos presentó el avance del SAE en el Congreso, destacando su buen funcionamiento y la satisfacción de las familias. En los hechos, la Ley de Inclusión le devolvió la libertad de elegir a las familias, antes restringida sólo para los establecimientos.

Permitir el normal desarrollo de una política pública antes de evaluarla es una responsabilidad de Estado y es parte del sentido común de la propia ciudadanía. Contrario a esto, el gobierno habla de “mérito” y “justicia” mientras intenta reintroducir mecanismos que revierten el sentido de la Ley de Inclusión de 2015 y prometen aumentar la segregación en uno de los sistemas escolares más segregadores del planeta. Las prospectivas no son más alentadoras para la Nueva Educación Pública. A todas luces, el diagnóstico parece ser que la educación chilena más que nunca corre el riesgo de ser objeto de políticas elaboradas sobre la base de una ideología de la segregación y de espalda a la evidencia disponible.