Ocho de cada diez asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales ocurrieron en Latinoamérica en 2023. Así lo indica el reciente informe de la organización Front Line Defenders que reporta 300 casos, de los cuales 237 tuvieron lugar en Latinoamérica, principalmente en Colombia, México, Brasil y Honduras. Estas cifras confirman una vez más que América Latina es la región más violenta para los defensores sociales, ambientales y de derechos humanos.

El caso que llama más la atención, como lo ha reportado también en los últimos años Global Witness, es el de Colombia, considerando que concentra casi la mitad de los asesinatos en 2023, un total de 142 víctimas. El informe coloca a México en el segundo lugar con 30 defensores, seguido de Brasil con 24 y Honduras que sumó 19 casos. A ellos le siguen Nicaragua, Guatemala, Perú, Ecuador, El Salvador y Paraguay por el número de víctimas mortales reportadas.

Los expertos consultados señalaron que entre algunos de los factores clave que permiten esta ola de violencia en la región están la impunidad detrás de los crímenes, sumado a la presencia de grupos armados ilegales y la corrupción de las autoridades.

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Front Line Defenders resalta, además, que la violencia en el mundo afectó sobre todo a los defensores sociales y ambientales de los pueblos indígenas. Este grupo perdió a 92 de sus líderes y habitantes en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Indonesia y Filipinas. Respecto a los liderazgos ambientales y del territorio, 64 personas fueron asesinadas en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú, además de la India y Filipinas. “En Latinoamérica y el mundo, hay una criminalización y alta violencia contra organizaciones indígenas que luchan por la consulta previa, libre e informada y la defensa del territorio”, dice Sarah de Roure, líder de Protección en Front Line Defenders Colombia, responsable del informe.

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Colombia, el país más violento

Durante los últimos diez años y de manera consistente, Colombia ha ocupado el lugar del país más violento para líderes sociales y ambientales en el mundo, según las cifras históricas de Front Line Defenders y de otros reportes. La cifra más reciente de 142 asesinatos en el 2023 es la tercera más alta en su historial, solo detrás de los años 2022 y 2020.

El Acuerdo de Paz parece marcar un antes y un después en los indicadores de violencia contra defensores. En octubre de 2016, previo a la firma del Acuerdo, las cifras se movían  en un rango de 37 a 54 personas asesinadas al año, considerando los números recogidos entre 2014 y 2016. Después del Acuerdo, la cifra se disparó a 138 víctimas mortales anuales en promedio en el periodo de 2017 a 2023. De hecho, De Roure señala que del total de personas asesinadas el último año, al menos 54  eran miembros de las juntas de acción comunal y participaban en la implementación del Acuerdo de Paz.

Si se revisa a detalle la lista de víctimas, son ocho los departamentos más peligrosos en el país: Cauca (33), Antioquia (19), Valle del Cauca (17), Nariño (16), Córdoba (8), Arauca (8), Santander (7) y Caquetá (5).

El informe de Front Line Defenders también destaca como una amenaza para los defensores la oposición a proyectos mineros desarrollados por compañías multinacionales señaladas por afectar el medio ambiente y los derechos humanos. Asimismo, señala que grupos indígenas como los Wayuú han sido intimidados legalmente por oponerse a proyectos de infraestructura viales como la Ruta al Mar Variante UF 7.2.

Entre los defensores asesinados en Colombia, el grupo principal que más ha sufrido la violencia son los líderes comunitarios, 64 en total distribuidos entre líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes. Mencionan el caso de Phanor Guazaquillo Peña, líder nasa asesinado en Putumayo. Para Astrid Torres, directora de la organización social Somos Defensores que participó en la investigación de los asesinatos, los pobladores indígenas son uno de los principales grupos atacados, debido a que “se oponen a los grandes poderes legales e ilegales por defender el agua, el territorio, los animales. Pasa en Cauca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca, donde coincide con la presencia de economías extractivas”. Recientemente Somos Defensores lanzó su informe Puntos suspensivos con las cifras de violencia contra liderazgos en Colombia.

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Y aunque Colombia, México, Brasil y Honduras, entre otros países, tengan preocupantes cifras de violencia contra estos liderazgos, algunos países no han ratificado el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que comprometería a los países en la protección de los defensores y que facilitaría el acceso a la información en temas ambientales. Entre estos que aún no han dado el paso están el país más violento, Colombia, y el tercero en la lista, Brasil. Se suman Perú, Guatemala, Costa Rica, Haití y Paraguay.

El informe también señala los problemas en los mecanismos de protección de los liderazgos en Brasil, Colombia, Honduras y México. “Estos mecanismos han estado plagados de problemas como el acceso, recursos insuficientes, débil voluntad política y respuestas demoradas a las solicitudes de protección, así como falta de un enfoque para colectivos y comunidades”, dice Front Line Defenders.

En particular para el caso Colombia, dicen que la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad estatal encargada de garantizar la integridad de los líderes amenazados, “está en una crisis estructural que la ha hecho incapaz de entregar medidas de protección efectivas, lo que ha llevado a que los defensores abandonen sus territorios y debilita la resistencia de sus comunidades”. Agregan que no tiene sentido que los líderes deban pagar por costos de comida, acomodación y transporte a sus escoltas, lo que ha llevado a que la Corte Constitucional declare la situación como “inconstitucional”. Para De Roure, la dificultad en el mecanismo de protección la representa el caso de Ludivia Galíndez Jiménez, asesinada cuando quedó en su casa sin el esquema de protección de la UNP. La impunidad en Colombia, según Front Line Defenders, hace que los actores armados encuentren un “ambiente favorable a la violencia”.

El informe también señala que los grupos armados ilegales que atentan contra los liderazgos son las AGC (Autodefensa Gaitanistas de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los disidentes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo). Las disputas entre estos grupos, según el reporte, han afectado a las comunidades con el despojo, el reclutamiento forzado de menores, el confinamiento y la violencia sexual, entre otras formas de agresión.

[caption id="attachment_925673" align="alignnone" width="1024"] Foto: Asociación Minga.[/caption]

Astrid Torres de Somos Defensores señala que pese a lo que muchos creen, el paramilitarismo es el actor principal de violencia. “El paramilitarismo continúa, ha tenido una reconfiguración y sigue con sus prácticas orientadas a eliminar los liderazgos sociales. No solo se trata de grupos de minería ilegal y narcotráfico. Son paramilitares y son el principal grupo responsable de agresiones”.

También dice que los gobiernos de turno han sido responsables. “Con los Acuerdos de Paz se esperaba una institucionalidad que protegiera a los líderes y lideresas, pero el incumplimiento de los gobiernos de turno, en particular el de Iván Duque, llevó a que se recrudeciera la violencia, como sucedió particularmente entre 2018 y 2022”. La experta resalta que el Estado tiene que proteger a los liderazgos con herramientas como el Acuerdo de Escazú, más allá de que estén en territorios violentos.

Pese a que países como Colombia o México presentan disminuciones en cifras de asesinatos respecto a las de 2022, para De Roure esto no es significativo, debido a que la tendencia no es de una clara reducción, sino que puede estar asociado a otros factores. Además, hay países con aumento en cifras como Honduras, donde en 2023 hubo dos asesinatos más que en 2022. “No hay una disminución de una violencia, las cifras a veces bajan debido a la capacidad de documentación, siempre hay más casos (de los registrados) y la realidad nos supera. Estos son los casos que pasaron los procesos de verificación”, explica De Roure.

[caption id="attachment_925674" align="alignnone" width="960"] Foto: Cortesía Comité Municipal de Tocoa[/caption]

México, Brasil y Honduras 

Estos tres países acumulan juntos el 25 % de los asesinatos de defensores en el mundo. México tuvo 30 asesinatos, Brasil 24 y Honduras 19. El informe dice que en México y Honduras, junto con otros países de la región, hay una retórica de las autoridades para tildar a los defensores de “traidores”, “adversarios” y “criminales”. En estos países, además, se usaron drones para intimidar y vigilar a comunidades indígenas.

En México, por ejemplo, en la región de Chiapas, Front Line Defenders documentó un “patrón de criminalización” y militarización contra las comunidades indígenas de la zona que buscan proteger el medio ambiente y garantizar su acceso a la tierra. Antonio Lara, fundador y abogado en el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que participó en la investigación de los asesinatos, señala que en México “hay mucha impunidad, no hay castigo a los responsables de los atentados y homicidios contra defensores”, lo que los incentiva a seguirlos cometiendo.

Agrega el experto que los lugares más críticos son “el centro, sur y sureste de México”, en particular, en los estados de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y que los liderazgos indígenas son los más amenazados en el país, por oponerse a “los responsables de la depredación de los recursos naturales”.

Nataniel Hernández Núñez, coordinador de Protección en la organización social mexicana Red TDT, dice que los principales responsables de la violencia en México son los “grupos de la Delincuencia Organizada, así mismo contribuyen a la problemática los intentos por llevar a cabo despojos y explotación en diversos territorios para la utilización de bienes naturales”. Enfatiza en que las zonas con megaproyectos, movilidad humana (migración) y militarización son las más afectadas y que las comunidades que enfrentan mayores riesgos son las indígenas y las rurales. Además, señala que el Ejecutivo federal tiene responsabilidad en la estigmatización de los liderazgos en México.

De Roure asegura que en Brasil y México están fallando los mecanismo de protección debido a “la dificultad para acceder a ellos, la falta de compromiso político y la ausencia de un enfoque colectivo”. A su vez menciona que otro factor relevante en México es la “creciente militarización y desarrollo de proyectos de infraestructura que facilitan la intimidación de los defensores”, así como la colusión entre las autoridades y los carteles de la droga.

En Honduras, Guatemala y Nicaragua, además, hay una preocupación respecto a los desalojos forzosos de comunidades indígenas. En el primero de ellos, la violencia tiene como objetivo a líderes indígenas. Aly Domínguez y Jairo Bonilla, por ejemplo, fueron asesinados en enero de 2023 por defender el agua de su territorio. A ellos se suman los casos de varias lideresas que se han convertido en un objetivo de los atacantes. Las mujeres garifuna que defienden el territorio y los derechos colectivos han sido agredidas por compañías extractivas, grupos paramilitares y criminales. De Roure comenta que puntualmente en Honduras la violencia y el racismo sistemático contra los pueblos garifunas han traído violencia, lo que incluye “desalojo, amenazas, asesinatos, persecución judicial y desapariciones forzadas”.

Esta es una nota original de Mongabay Latam, publicada en alianza con El Desconcierto.