Lea la primera parte aquí: https://bit.ly/3vNAKDx

En su oportunidad, el en ese entonces acalde de Tortel, Bernardo López Sierra, comenta a la prensa que “ellos están haciendo uso de su derecho constitucional nomás, creo que deben vivir en las comunas donde ganó el rechazo (Las Condes, Vitacura, Barnechea)”. Agrega López: “Por otra parte, aquí se aprecia claramente el abuso del Estado chileno, porque este mismo gobierno a pocos meses de asumir con su seremi de Bienes Nacionales notificó a pobladores de Tortel, los que con mucho sacrificio hicieron sus casas, para que desalojaran los terrenos, que son fiscales, y de los que tenemos muchos disponibles para ser ocupados porque necesitamos poblamiento”.

En su fundamentación López señala que muchos pioneros, entre ellos sus propios abuelos, murieron esperando una solución de saneamiento de títulos de dominio. “Luego mis padres siguieron en la misma condición, y yo mismo, que también estoy esperando, y así las futuras generaciones que van a seguir esperando si continuamos por este mismo camino que hoy día está tomando el Estado”.

Uno de los problemas, además de la nula participación de los habitantes en esta decisión sobre el destino de importantes terrenos fiscales de la comuna en que viven, es que a la fecha Paola Luksic, a través de Fundación La Tapera y otros vehículos de inversión, ya poseía unas 12 mil hectáreas en el sector. Con la concesión llegaría a controlar miles de hectáreas de una estratégica área, para fines de conservación y turismo.

Hoy por hoy, Fundación La Tapera, que administra el parque privado homónimo, sigue en el territorio. En agosto de 2021 la empresa social Balloon Latam anunciaba la firma de un convenio con los municipios de Tortel y O’Higgins, con aportes de dicha institución y la empresa Karün, “con el propósito de fortalecer el desarrollo de comunidades rurales a través de programas y proyectos de emprendimiento e innovación, la articulación territorial y el fortalecimiento del capital social”. Esto, enfocado en cómo la comunidad local se involucra de mejor forma con el parque privado.

La conexión entre las llamadas empresas B, en algunos casos respaldadas financieramente por corporaciones responsables de la destrucción del medio ambiente Chile, y que luego ponen un brillo verde en el daño que estas compañías han provocado en el país, es algo que vale la pena escrutar.

El nombre de Karün alude al mapudungun “ser naturaleza”. Su giro es la producción y comercialización de lentes con redes de pesca reciclada de Cochamó (aunque también del Mediterráneo, han reconocido), en un trabajo con pescadores artesanales. Fue fundada por Thomas Kimber Vergara, sobrino de Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco, propiedad del Grupo Angelini y la mayor empresa forestal de Chile.

Para su aterrizaje en Europa en 2021, Karün contó con el apoyo de Wild Sur, family office del matrimonio compuesto por Paola Luksic y Óscar Lería, con claros intereses en Tortel. El matrimonio, cuyo capital proviene en gran porcentaje de la fortuna de los Luksic, que acumularon en gran parte gracias a sus inversiones en el sector minero de Chile, ha recibido fuertes críticas de grupos ciudadanos y grupos medioambientales como Greenpeace en los últimos años por sus planes de construir un megaproyecto inmobiliario de 14.000 viviendas entre las playas de Horcón y Maitencillo, en la región chilena de Valparaíso, en un lugar que ha sido designado como prioridad de conservación y que necesita el estatus de santuario natural legal de Chile por su importancia como lugar de anidación de aves marinas.

Además, el grupo ciudadano Salvemos Quirilluca afirma que el proyecto añadiría una inmensa contaminación a la zona y afectaría a los ya escasos recursos hídricos para los actuales residentes del lugar.  “El proyecto Maratué pretende destruir Quirilluca, área de protección en la estrategia regional de conservación de la biodiversidad. 14.000 viviendas en edificios de veraneo y piscinas una comuna donde la mitad de sus habitantes no tienen agua potable”.

El apoyo de Fundación La Tapera no ha sido el único motivo de Balloon Latam para actuar activamente en Aysén. Sebastián Salinas, fundador de Balloon Latam fue, además, integrante del Consejo Directivo ampliado de la Corporación Amigos de los Parques, ligada a la creación de la Red de Parques de la Patagonia. Hoy, la empresa facilita el proceso de creación de las llamadas "comunidades portal", un plan que propone la fundación estadounidense Pew Charitable Trusts para apoyar el futuro a largo plazo de la nueva red de parques.

El joven Thomas Kimber fue también uno de los impulsores de Reforestemos Patagonia, organización ligada al ya desaparecido grupo inmobiliario Patagonia Surque creó el inversor estadounidense Warren Adams, uno de los pioneros corredores de propiedades en Aysén con un autodesignado ánimo conservacionista, y de la cual Charles Kimber fue uno de sus inversionistas originales. Hasta la actualidad, Reforestemos Patagonia (hoy sólo Reforestemos) ha tenido apoyo de CMPC/Mininco y Arauco, responsables de las millones de hectáreas de pino y eucaliptos que cubren el sur de Chile con sus críticos resultados en materia ambiental y social. Y Patagonia Sur ya ha vendido casi todas sus propiedades, que abarcan miles de hectáreas del extremo austral: en Valle California, el río Palena, el lago Espolón, Tortel, Jeinimeni, río Leones y Melimoyu. Su lema era: “conservación rentable”. En este grupo actuó como consejero Arístides Benavente, empresario capitalino presente en Aysén desde hace algunos años y que también formó parte del Consejo Directivo ampliado de la Corporación Amigos de los Parques.

Amigos de los Parques, en su original conformación, carecía en su directorio y consejo ampliado de representación relevante de los propios habitantes de los territorios donde los parques están efectivamente localizados.  Una práctica que se repite en múltiples iniciativas que buscan desarrollar acciones en la Patagonia, muchas de ellas que es posible considerar positivas, pero que presentan problemas legitimidad en su gobernanza, elemento fundamental cuando se habla de sustentabilidad.

Antes de su salida de la región, Adams pretendía en principio atraer capital de fondos de pensiones y empresas de inversión para un plan más ambicioso, que se mantuviera al margen del activismo y que se centrara, en cambio, en la construcción de una "economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente".  Pero los críticos afirmaron desde sus inicios que su proyecto "sólo para miembros" dejaría fuera a los lugareños de algunas de las zonas naturales más espectaculares de la región, al mismo tiempo que se desinteresaba de los conflictos medioambientales que ocurrían a su alrededor, como las represas de HidroAysén y Energía Austral, además de la salmonicultura.

Siguiendo el ejemplo de la ex-Patagonia Sur, una nueva generación de emprendedores inmobiliarios “verdes” ha entrado en el juego. Y están utilizando la figura legal de “derecho real de conservación” (DRC), instituida en 2016 vía Ley 20.930, con el fin de proteger sus propiedades.

El DRC es un gravamen sobre el suelo privado que permite salvaguardar un terreno ante intervenciones que pongan en riesgo los atributos ambientales o culturales de un predio, independiente de su tamaño. Un instrumento fomentado fuertemente en la región por la Fundación Tierra Austral, con apoyo de la organización de The Pew Charitable Trusts y otras fundaciones.

Tierra Austral nació, también, al alero de Patagonia Sur.  Durante la tramitación del proyecto de ley para instituir el DRC asistió a la Cámara de Diputados Victoria Alonso Armanet, en esa época coordinadora de tierras privadas de The Nature Conservancy. Actualmente es directora ejecutiva de Tierra Austral.  También expuso el abogado y ex ministro del Tribunal Ambiental de Santiago, Rafael Asenjo Zegers, en su calidad de Coordinador Nacional del Proyecto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy Asenjo también es parte del directorio de Tierra Austral.

Estas entidades han impulsado también, junto con muchas otras organizaciones, el proceso de modificación de la Ley de Donaciones, proyecto ya aprobado por el Congreso. La nueva ley ofrece incentivos tributarios para que las acciones de filantropía incluyan las causas medioambientales y de conservación. De esta forma, la posibilidad que las empresas y los particulares (entre ellos las principales fortunas del país) donen recursos a fundaciones y ONGs será más factible.

Esto es una muy buena noticia.

La Ley de Donaciones será un incentivo para que existan más recursos para la protección ambiental, pero existe el riesgo de cooptación de los objetivos de las organizaciones. ¿Qué pasará con las entidades que cuestionen el modelo de desarrollo o incluso las actividades productivas de las empresas o el origen de esas fortunas? Una pregunta necesaria.

El proyecto de Ley de Donaciones fue definitivamente aprobado por el Congreso en 28 de enero pasado, pero al contener artículos de ley orgánica constitucional, debe ser revisado por el Tribunal Constitucional.  Una prevención que hicieron los legisladores es que los donantes no podrán tener relación de parentesco directo, a través de sus directorios, con los receptores de fondos, en el caso de personas jurídicas.

Otro aspecto relevante es que la conservación no todas las veces dialoga fluidamente con quienes han vivido antes en los lugares que, a distancia, alguien considera se deben proteger. Porque democracia y armonía ecosistémica, no siempre van de la mano.

Ejemplo del conflicto entre usos tradicionales y protección ambiental es la carta que la abogada Elena Sobakina enviara a la Corporación Chelenko en 2019.  Esta organización aglutina a agrupaciones locales de turismo sustentable de la cuenca del lago General Carrera, integrando decenas de familias locales trabajando en pos de vincular protección ambiental con desarrollo económico local en el marco de la Zona de Interés Turístico Chelenko.

En la misiva, la profesional cuestionaba la publicación de una fotografía en un diario regional que ilustraba una salida a terreno de la Agrupación de Turismo de Puerto Guadal (parte de la Corporación Chelenko) hacia el lago y ventisquero Leones, sendero tradicional que hoy pasa por la propiedad de 800 hectáreas (Pichimahuida) que es patrimonio de su esposo, John Whitelaw, terreno que el matrimonio ha destinado a la conservación y restauracion. La abogada dejaba en claro en la carta su rechazo a que se difundieran imágenes de su propiedad privada para la promoción turística o cualquier otro fin comercial, señalando que esto ponía en riesgo la figura DRC que mantenía en alianza con la CONAF.

Sobakina fue una de las expositoras de la conferencia sobre conservación del California Council of Land Trusts realizada en 2017 en Sonoma, Estado Unidos.  Uno de los objetivos del encuentro fue “recopilar ideas que puedan ser útiles para la implementación del Derecho Real de Conservación, legislación recientemente aprobada por Chile, al examinar diversos casos de servidumbre ecológica y otras herramientas ya existentes para proteger las tierras públicas y privadas”.  En la ocasión, según el reporte del encuentro, la propietaria no estaba todavía muy convencida de que la herramienta fuera la adecuada para su proyecto: "Compraron la propiedad en 2006 y han estado restaurando sistemáticamente el terreno mediante la reforestación de árboles nativos. Están interesados en desarrollar un plan de gestión a largo plazo para la tierra, pero no están convencidos de que un DRC sea una buena opción para sus intereses de conservación (su predio está enrolado como agrícola, pero desean prohibir la tala, agricultura y el turismo).  La protección y restauración de la naturaleza no es necesariamente lo mismo que la conservación. Sobakina planteó una serie de preguntas importantes con respecto a la aplicabilidad, eficacia y confiabilidad del instrumento DRC para su realidad”.

A la luz de lo ocurrido dos años después, este choque de intereses y visiones (conservación, actividades tradicionales y uso económico de un territorio), sigue vigente. Al final, este conflicto se deriva del artículo 19 número 24 de la Constitución chilena, que da una relevancia fundamental al derecho de propiedad, sin avanzar lo suficiente en la función social o ambiental de ésta, algo que hoy por hoy está en plena discusión en la Convención Constitucional y será uno de los ejes del debate en el Plebiscito de salida sobre la propuesta de Carta Fundamental que emerja de dicha instancia legislativa.

¿Puede el capitalismo ser un mecanismo para cuidar la naturaleza? Es ésta una pregunta necesaria. Porque una cosa son los grandes empresarios ya mencionados y los que están loteando para el segmento ABC1 que quiere escapar de las grandes ciudades, al cual muchas veces pertenecen, y otra los “emprendedores” locales que ven en el turismo una oportunidad.  Personas que no vienen de fuera, precisamente, sino que son parte de una generación que avanza hacia actividades económicas que intenten compatibilizarse con el cuidado de la naturaleza.

Una duda es si turismo y naturaleza, considerando capacidades de carga, son armonizables. Esto, entendiendo que una vez abierta la puerta de la mercantilización, muy difícil es cerrarla.

A ello apuntan Enrique Aliste (geógrafo chileno), Andrés Núñez (historiador chileno) y Gabriela Klier (bióloga argentina) cuando hablan del sentido capitalista del concepto Aysén reserva de vida.  “Así, en el año 2008 desde algunas organizaciones locales Aysén-Patagonia fue declarada Reserva de Vida, lo que fue rápidamente avalado por el gobierno local que lo incorporó como slogan en su Estrategia Regional el año 2009. En aquella declaración se esgrimía que Aysén Reserva de Vida se presenta como la mejor inversión y negocio, orientada al uso armónico y responsable de los recursos naturales. Tal declaración buscaba poner énfasis y dar valor a la condición de Aysén como poseedora de una naturaleza única, por lo mismo, su posición de exclusividad debía tornarse en uno de los pilares centrales de la política pública de Aysén-Patagonia. La Estrategia Regional asociaba tal posición de su naturaleza con una ‘ventaja competitiva’, haciendo referencia a su resguardo para sustentar la producción de bienes y servicios en particular, vinculado a la industria turística de intereses especiales (GORE, 2009)” señala en el artículo “Ecoextractivismo y geopolítica de las periferias: el negocio de la diferencia en la Patagonia chilena/argentina”.

Al respecto, es preciso hacer algunas acotaciones.

El concepto de Aysén como “reserva de vida” no surge en 2008, sino en 1990.

La declaración a la que se alude en el ensayo de Aliste, efectivamente se elaboró en 2008, pero lo reseñado es sólo una fracción de ésta.

Inicia señalando que los firmantes son “quienes creemos que Aisén Reserva de Vida es el sólido fundamento de nuestro modelo de desarrollo local sustentable y de nuestra identidad, donde los seres humanos en armonía con el ambiente y su comunidad alcanzan condiciones para desenvolverse plenamente en paz, a partir del legado de nuestros ancestros y respetando la diversidad de posibilidades que encontrarán las generaciones venideras”.

Apunta, también, a la construcción colectiva no excluyente cuando señala que “Aisén Reserva de Vida, es el resultado de una construcción colectiva afianzada a lo largo de muchos años de esfuerzos, aciertos, desaciertos y consensos múltiples, abierta a nuevos aportes basados en valores por los cuales los seres humanos, sin distinción alguna, podemos acceder a un territorio donde se garantice la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras”. También establece que este modelo “es la base para el pleno desarrollo del ser humano, promoviendo la dignidad, la equidad social, la identidad cultural y la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas que favorezcan procesos educativos, estrategias y planes para alcanzar el desarrollo sustentable”. Y concluye indicando que “promueve la relación integral de las personas con la naturaleza conservando, protegiendo y restaurando la biodiversidad, la calidad del suelo, del aire, del agua y del paisaje, y reconociendo nuestras excepcionales y frágiles cualidades ambientales”.

Y el llamado es claro: “Son necesarias conductas y decisiones ciudadanas, empresariales y políticas, basadas en la ética, la consecuencia, la coherencia, la solidaridad y la cooperación universal, donde los aportes, acciones y trabajos, personales y colectivos, contribuyan a defender y valorar aún más el actual e irrepetible patrimonio natural de este territorio, para el provecho de sus habitantes como también de sus visitantes, y como una fuente irrenunciable para el desarrollo sustentable de todos y por siempre”.

Vincular estos conceptos con un proceso que busca mercantilizar la naturaleza es una interpretación, a lo menos, injusta. Efectivamente hay actores que ven en la Patagonia sólo una oportunidad de negocios, actuales y futuros, y que recurren al artilugio de lo ecológico para sus propios fines, donde no sólo la naturaleza es un commodity, los habitantes también. Y están a su vez quienes, a control remoto, pretenden imponer mediante el capital un destino que consideran necesario, por muy ecológico que sea.

Claramente la Patagonia, y Aysén en particular, sigue siendo foco de intereses de toda índole. El paso adelante hoy debe ser cómo asegurar que las decisiones respondan a una gobernanza que integre a las comunidades locales, que asegure desde un principio la participación vinculante de quienes habitan efectivamente el territorio. Y el maritorio, también.

Porque combinar responsabilidad ecosistémica con participación no es tarea fácil. Tal será la pregunta del tercer capítulo de esta serie: “Conservación y democracia, ¿una posible combinación?”, explicando en detalle las acciones que ha impulsado Pew y el programa Mar y Tierra en la Patagonia.