Este jueves la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) cursó una multa por más de $6.600 millones a Minera Escondida, tras acreditar que ha cometido daño ambiental irreversible.

Específicamente, la sanción contra la empresa de BHP Billiton es por el impacto de sus labores sobre las aguas subterráneas que sostienen el ecosistema en las Vegas de Tilopozo, en la cuenca mencionada, con afectación significativa para ésta.

[Te puede interesar] Bolsonaro pone de excusa la guerra en Ucrania para permitir explotación minera en Amazonía

El cargo formulado a la compañía fue por constatar una reducción de las aguas de la napa subterránea mayor a 25 centímetros en el “Sector de Tilopozo”, esto es la distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno, superándose de forma irreversible la disminución máxima aceptable que pueden soportar estos sistemas vegetaciones, lo que ocurrió desde el año 2005.

A juicio del Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, la Comunidad Indígena de Peine se ha visto significativamente afectada producto del uso desmedido por parte de la empresa del recurso hídrico que alimenta las Vegas de Tilopozo, las que son utilizadas por la comunidad como sustento económico para usos tradicionales.

El proceso

Esta sanción tiene su origen en una denuncia presentada el 20 de abril de 2018 por el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas (DGA) ante la SMA, donde se indicaron incumplimientos al Plan de Alerta Temprana (PAT) del acuífero Monturaqui–Negrillar–Tilopozo, ubicado a 78 km. al este de la Mina Escondida y a unos 50 km. al sureste del Salar de Atacama.

La DGA en su denuncia hace alusión a los descensos de los niveles de agua subterránea y describe que la empresa no realizó los ajustes que correspondían de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución DGA N°1972/2001 que aprobó el PAT para el acuífero de la Región de Antofagasta.

[Te puede interesar] Cámara de Minería del Litio acusa a Piñera de desesperada excusa para adjudicar licitación

La infracción fue clasificada como gravísima, tras el análisis de todos los antecedentes y las inspecciones ambientales realizadas por la SMA en abril de 2019, incluidas mediciones de profundidad del agua subterránea en los pozos de observación del acuífero y datos de monitoreo histórico que fueron remitidos por la empresa.

Como medida de mitigación del impacto sobre el recurso hídrico y la vegetación, la empresa comprometió en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) la limitación del tiempo de bombeo. La Superintendencia constató que esta y otras medidas complementarias que debieron ser aplicadas ante una disminución mayor a la máxima aceptable del nivel del acuífero no fueron activadas.

Estrategia del Salar de Atacama

La investigación que derivó en la sanción a Minera Escondida Ltda. (MEL) es el resultado del Programa Intensivo de Vigilancia que la SMA se encuentra desarrollando en el Salar de Atacama y el que cuenta con la coordinación con otros organismos del Estado.

De este modo, se contempla el monitoreo continuo y en línea del componente hídrico en cientos de puntos para la extracción de agua y salmuera y el seguimiento remoto del estado de sistemas vegetacionales Altoandinos con el uso de imágenes satelitales.

El Salar de Atacama tiene una superficie de 17.000 km2, y es el salar de mayor extensión a nivel nacional y corresponde a un ecosistema de alto valor ambiental. Es un territorio de alto interés ecológico, turístico y económico, de particular importancia para la biodiversidad del país.

Reflejo de lo anterior, es que dicha cuenca cuenta con diversas áreas bajo protección oficial, entre ellas acuíferos declarados zonas de prohibición para nuevas explotaciones.

[Te puede interesar] Cifra récord: Minera del Grupo Luksic generó US$4.836 millones antes de impuestos

En la cuenca existen diversas actividades productivas que ejercen presión sobre el ecosistema, siendo las de mayor relevancia aquellas que se relacionan con el rubro y actividades de la minería metálica y no metálica, las que se encuentran reguladas por instrumentos de gestión ambiental fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Este espacio territorial es compartido, además, por distintas comunidades y asociaciones indígenas que estructuran sus sistemas de vida en torno al salar.

En esta zona, además de Escondida, operan otras tres empresas mineras- Zaldívar (CMZ), Albemarle (ALB) y Soquimich (SQM)-, cuyas actividades podrían afectar directamente a ecosistemas y comunidades. A la fecha, se han formulado cargos a todas ellas.