Presentan querella contra empresas y contratistas agrícolas por trata de personas
Para las abogadas de la fundación Libera, que trabajan contra la trata de personas, la industria agrícola siempre ha sido un sector de alerta por abusar de mano de obra agrícola migrante. Ahora, a raíz de la crisis migratoria, existe mano de obra cautiva dentro del país, cuando antes había que traer personas desde el exterior. Ante estas condiciones, algunos casos comienzan a salir a la luz.
Uno de ellos quedó explicitado en una querella enviada por la fundación Libera a la fiscalía local de Curicó, y declarada admisible el pasado 22 de diciembre. Se denuncia a contratistas agrícolas y a campos de Coquimbo y Purranque por trata de personas para trabajo forzado y lavado de activos, donde se buscará la responsabilidad penal de personas jurídicas. Es el primer caso que busca perseguir la responsabilidad no solo de los contratistas sino de las empresas dueñas de los campos, que por exportar al exterior están sujetos a requisitos de prevención de trabajo forzado.
Ante una situación con tendencia a empeorar en el rubro agrícola, las abogadas de la fundación Libera denuncian debilidades del sistema de justicia chileno a la hora de perseguir el delito de trata de personas. Ellas habían presentado una denuncia en enero del 2020 por el caso, pero la fiscal Marcela Rocha presentó una solicitud de sobreseimiento de la causa por considerar que los hechos no configuraban un delito de trata. Dada la negativa por parte de la fiscal, desde la fundación Libera decidieron presentar la querella.
El caso involucra a distintas empresas agrícolas como Valles del Sur, propietaria del fundo en Coquimbo y perteneciente al holding San José Farms, o Agrícola Los Robles, dueña del fundo donde trabajaron las víctimas en Purranque. La querella también apunta especialmente a una red de cerca de 20 empresas contratistas, todas ligadas al mismo empresario, Francisco Mendoza. Desde Libera argumentan que el uso de una red de empresas subcontratistas es una de las formas que se utilizaron para ocultar los hechos ilícitos.
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El caso y sus irregularidades
“La trata de personas para trabajo forzado se da cuando captas de forma engañosa a una persona, la trasladas y la sometes a un trabajo que no ha sido aceptado voluntariamente por el trabajador, quien además se encuentra sujeto a una amenaza permanente que es más patente en el caso de migrantes que no tienen una red de apoyo en el país, o que temen perder su regularización migratoria”, explica Carolina Rudnick, directora de la fundación Libera
Según argumenta la abogada, esto fue lo que vivieron ciudadanas y ciudadanos haitianos y venezolanos entre 2016 y 2019, a manos de las empresas y personas identificadas en la querella. Las personas fueron reclutadas con apoyo de la Gobernación provincial de Curicó, y se les prometió un buen salario y condiciones laborales dignas, muy distintas a lo que se encontraron cuando llegaron a los lugares de trabajo. Hacinamiento, horas extra no reconocidas y pobres condiciones sanitarias son algunas de las situaciones denunciadas. La vulnerabilidad propia de la migración y la promesa de pago de salarios adeudados fueron una forma de coacción para controlar a las víctimas.
Las y los trabajadores se enteraron de la oportunidad laboral con ayuda de la Gobernación Provincial de Curicó, cuyos funcionarios presentaron la oferta como una modalidad de trabajo para migrantes que podría ser replicada en otras provincias. La querella identifica a la gobernadora de ese momento, Macarena Pons, y a otros funcionarios de la gobernación, como facilitadores del delito. Además se apunta a la red de empresas contratistas que operaban en regímenes de subcontratación pero que estaban todas ligadas a Francisco Mendoza Berríos, como parte de maniobras para ocultar los orígenes ilícitos de las ganancias obtenidas con el trabajo forzado, por lo que se les atribuye el delito de lavado de activos.
Las empresas agrícolas de los campos en que trabajaron las víctimas del caso, cuestionaron tener responsabilidad ante los hechos, ya que dejaron de trabajar con la empresa contratista al conocer las causas laborales que existían contra ella. Pero según indica la querella, “los empleados de los campos estaban al tanto de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores víctima y participaron directamente en acciones de ocultamiento (…) Los campos contrataron a las empresas de los querellados a pesar de que no se encontraban en el Registro Especial de Intermediadores Agrícolas, lo que las dejaba fuera del radar de la Inspección del Trabajo”.
Perseguir la trata de personas en Chile
Uno de los posibles obstáculos para llegar a la justicia en este caso, es que en la fiscalía interpretan que no reúne los requisitos para ser considerado trata de personas, ya que los trabajadores siempre tuvieron la opción de renunciar. Carolina Rudnick, que se especializa en el delito de trata, apunta a la falta de capacitación entre jueces y fiscales sobre este tema; opinión que también ha sido planteada por policías y fiscales especializados. “En el ministerio público buscan a víctimas ideales para considerar la trata. Personas indefensas, amorosas, no personas que alegan y reclaman sus derechos porque los conocen, como fue el caso de los ciudadanos venezolanos que estuvieron involucrados en el caso. Pero la ley no te exige eso. Es una interpretación prejuiciosa”, explica Carolina.
Además apunta a una posible reticencia con las causas de trata en el ministerio público. “Son casos que exigen mucho trabajo probatorio e investigación, y el nivel de sanción que ha tenido el delito en Chile ha sido dispar porque los tribunales tampoco están preparados y muchas causas difíciles que llegan a juicio terminan siendo absueltas, como sucedió con el ‘caso frafra’, donde las víctimas lograron volver a Paraguay. En ambos países se investigó y en Paraguay se le condenó pero en Chile no”, ejemplifica.
Para mejorar la forma en que se persigue el delito de trata de personas en el país, Carolina ve como oportunidad el proyecto que reforma la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas agregando más delitos, y donde hasta ahora el delito de trata de personas no está especificado. Esto facilitaría el hecho de responsabilizar a las empresas contratistas, pero también a los campos en este caso. También menciona la necesidad de penalizar el trabajo forzado en sí mismo en el país.
Mientras esperan que el caso avance en la justicia, desde Libera aseguran que las personas acusadas podrían seguir operando como contratistas con otros nombres. El caso en cuestión ya no es una excepción para la fundación, donde han realizado un barrido de prensa encontrando más de 50 situaciones que serían casos de trabajo forzado, y noticias como la de un fatal accidente en la ruta de la fruta les llaman la atención como posibles casos de trata de personas.
