Chile es uno de los países que posee más áreas costeras en el mundo, con casi 4.000 kilómetros de costa lineal, los cuales aumentan a 83 mil si se consideran las riberas de fiordos, canales e islas que contiene su territorio. Para regular los intereses que se desarrollan en estas zonas, en la actualidad nuestro país cuenta con una Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC) que data de 1994, la cual ha normando limitadamente los usos costeros.

Desde entonces, diversas han sido las iniciativas que han intentado modificar o complementar la normativa costera, siendo la más relevante el proyecto de Ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín Nº 8.467-2012), ingresado al Parlamento durante primera administración de Sebastian Piñera, el cual en 2013 fue aprobado por la Cámara de Diputados y que, en este segundo mandato de Piñera, ha sido reimpulsando por el Gobierno.

Este proyecto es “examinado con juicio crítico y científico” por las organizaciones CIGIDEN y Fundación Terram en el policy paper “¿Por qué Chile necesita una Ley de Costas? Hacia una nueva gobernanza de la costa para el Siglo XXI”, en el cual los investigadores Carolina Martínez, Ignacio Martínez, Christian Paredes y Rodrigo Cienfuegos, realizan un análisis crítico de la normativa presentada por el Ejecutivo y esbozan una propuesta para una futura ley de costas que represente la complejidad ecológica, tanto como las posibles intervenciones antrópicas ejercidas sobre esta área. 

Críticas:

El abogado de Fundación Terram, Christian Paredes, señala que “son múltiples las falencias de este proyecto de ley, comenzando por el hecho de que mantiene la visión restringida de ‘borde costero’ en desmedro de una perspectiva integral de la ‘zona costera’, no contemplando tampoco referencia alguna a medidas adaptativas frente al cambio climático”.

En ese sentido, una de las problemáticas para normar los usos de la costa se da al analizar las diferencias entre las definiciones de “borde costero” –la cual aborda el concepto jurídico-administrativo de los territorios circundantes al mar–,  y “zona costera” –la cual considera los ecosistemas frágiles cercanos a la costa, además de sus usos–, ya que ambos difieren en la complejidad con que se observa y analiza este territorio.

El proyecto de Ley “carece de una perspectiva integral de la “zona costera” como espacio geográfico, cuya extensión –limitada por la línea de costa– abarca más allá de la playa y, en el que se incluyen, diversos ecosistemas costeros frágiles (…). Persiste en la visión de borde costero como un compartimento estanco, que es paradigmáticamente opuesta al conocimiento científico adquirido en las últimas décadas, que define estos ecosistemas como inherentemente permeables a procesos que se originan en el territorio terrestre y marino”, señala la publicación.

Además, “la propuesta del Gobierno otorga una importancia secundaria, sino mínima, a la planificación y ordenamiento costero, en términos tales que aproximadamente un 75% de la densidad regulatoria del proyecto se refiere a las concesiones marítimas en desmedro de otros usos posibles. En esta materia, el proyecto de ley es claro en afianzar el modelo privatista de acceso, uso y aprovechamiento de los componentes ambientales existentes en la costa, al dinamizar el otorgamiento y renovación de este tipo de concesiones y fortalecer el derecho de sus titulares sobre las mismas, a la vez que disminuye las potestades regulatorias y de control del Estado en la materia”, añade Paredes.

Hacia una nueva regulación costera

Conjuntamente, el documento pone el foco en la necesidad de contar con una nueva regulación costera para Chile, que venga a reemplazar la deficiente y restringida regulación del litoral que existe en la actualidad.

Por lo mismo, propone ciertos contenidos esenciales para una eventual “Ley de Costas” que pueda abordar de mejor forma las complejidades y desafíos que propone esta zona. “Una futura regulación de la costa debería estructurarse en base a ciertos presupuestos, enfoques, directrices y principios mínimos orientadores como son el reconocimiento del carácter inherentemente público de la costa, la gestión integrada de áreas litorales, principio precautorio, enfoque ecosistémico y la Justicia Ambiental, entre otros” señala Ignacio Martínez, también abogado de Fundación Terram.

“En particular, este último principio promueve la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad, en el entendido que hoy existen múltiples casos de injusticias ambientales que se manifiestan en la zona costera del país, tales como la situación de las denominadas ‘zonas de sacrificio’ o la transformación de las dinámicas territoriales a raíz del desarrollo de la industria salmonera en las regiones australes de Chile”, aclara el especialista.

Sobre esos y otros puntos, la publicación enfatiza la necesidad de avanzar en una adecuada planificación de estas áreas a nivel nacional, basada en procesos democráticos y participativos de los distintos actores involucrados en sus usos. Este documento se enmarca dentro de las iniciativas que está impulsando el Observatorio de la Costa, plataforma que tiene como misión generar investigación científica y aplicada sobre la zona costera, como también propuestas de políticas públicas, planificación territorial y gestión integrada de las áreas costeras.