El episodio ocurrió cuando el niño comenzó a presentar síntomas graves y fue trasladado por su familia hasta la posta rural Las Ramadas de Tulahuén. Al llegar, el recinto estaba cerrado y sin funcionamiento. Ante esta situación, decidieron dirigirse a la posta de Tulahuén, donde tampoco había funcionarios disponibles en ese momento.
Menor murió por falta de atención en postas rurales de Monte Patria: Municipio deberá pagar $280 millones a familia
El Tercer Juzgado de Letras de La Serena acreditó falta de servicio en salud rural y ordenó indemnizar a familia por muerte de menor.
La ausencia de personal obligó a la familia a buscar ayuda en el retén de Carabineros mientras esperaban el regreso de la única técnico en enfermería que estaba en funciones. Durante ese tiempo, el menor no recibió atención oportuna, lo que agravó su estado de salud.
Con el paso de las horas, su condición empeoró hasta desarrollar un síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado al COVID-19, lo que finalmente provocó su fallecimiento.
A raíz de estos hechos, los padres y hermanos del menor interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios contra la Municipalidad de Monte Patria, apuntando a la falta de servicio en la atención de salud primaria.
¿Qué decidió el Juzgado?
El caso fue revisado por el Tercer Juzgado de Letras de La Serena, donde la magistrada Cecilia Rojas Nogerol concluyó que existió responsabilidad de la entidad demandada.
En la sentencia se señala que “la asistencia brindada (…) efectivamente fueron tardías y deficientes”, precisando que en una de las postas la atención fue inexistente y en la otra claramente tardía.
El fallo también recogió testimonios que daban cuenta del impacto emocional en la familia, indicando que la pérdida del menor generó un profundo daño. “Las declaraciones (…) son precisas y esclarecedoras en cuanto al daño emocional”, señala la resolución.
Asimismo, la jueza sostuvo que “la pérdida de una vida humana, más aún de un niño, resulta de una entidad imposible de soslayar”, destacando la gravedad de los hechos.
Por estos motivos, el tribunal acogió la demanda y ordenó el pago de una indemnización total de $280.000.000 por daño moral, distribuidos en $100.000.000 para cada padre y $20.000.000 para cada uno de sus cuatro hermanos.
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