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Los primeros en asumir las críticas fueron los propios periodistas del diario, quienes rechazaron enérgicamente la editorial que pedía revisar el “vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad”.

Según consigna Cooperativa con el documento de finiquito de Carlos Chandía, el ex árbitro fue despedido e indemnizado en 2011, días después de negarse a perjudicar a dos clubes -Everton y Santiago Wanderers- por petición de Sergio Jadue.

Los denunciantes alegan que las autoridades de la cartera de Justicia, en ese entonces a cargo del actual ministro de Defensa José Antonio Gómez, incurrieron en un actuar irregular al negarse a firmar los decretos de liberación de más de 500 personas. Revisa acá la denuncia completa.

El alcalde Pavez no se ha referido sobre las acusaciones de tener conflictos de interés para votar temas como el cierre de un colegio. Su defensa siempre se basó en este argumento: que su esposa es la sostenedora, él no.

El presidente ruso calificó de un "golpe a traición" el derribo de uno de sus cazas SU-24 en la frontera turco-siria. Por su parte, el gobierno de Turquía convocó a una reunión extraordinaria de la OTAN y argumenta que se advirtió 10 veces en 5 minutos al avión ruso.

Según la francesa Red Voltaire la operación se desarrolló al final de septiembre 2015, justo antes de la intervención militar rusa contra la organización terrorista. Fue aprobada por la embajada de EEUU en Doha. El material fue transferido por Bulgaria y Turquía. Oficialmente, Qatar, Ucrania, EEUU, Bulgaria y Turquía luchan contra Daesh.

Los papeles cuestionados pertenecen a la misma firma que es investigada por la Fiscalía Centro Norte, en el marco del millonario fraude tanto al Ejército como a bancos a través de la figura del factoring con documentos tributarios del Comando de Bienestar del cuerpo castrense, que involucra hasta ahora más de 8.000 millones.

La institucionalidad en Chile es laxa y benevolente con políticos y empresarios, pero actúa con dureza cuando se trata castigar a las mujeres: criminalización y encarcelamiento para quienes arriesgan su vida al ser forzadas a abortar en clandestinidad, extremando su crueldad en los casos de niñas embarazadas como resultado de violación - muchas veces por parte de sus propios padres, tíos o abuelos - y obligadas a convertirse en madres.