Cuando el orden tensiona los derechos

A veces los cambios políticos no se anuncian con leyes. Se sienten primero en los cuerpos.

Hay momentos en que un país parece cambiar de clima. No siempre ocurre de forma abrupta. A veces es apenas una variación en el aire, una sensación difícil de nombrar que comienza a instalarse en la conversación pública, en las instituciones, en los márgenes de lo que se considera posible o aceptable.

Chile entra hoy en uno de esos momentos con la llegada al gobierno de José Antonio Kast. Ha pasado apenas una semana. Siete días que no alcanzan para evaluar un gobierno, pero sí para reconocer señales. Para identificar un tono. Para intuir una dirección.

La promesa de orden, el énfasis en la seguridad, el control de fronteras, la reducción del Estado, el anuncio de un ajuste fiscal. Más que medidas aisladas, lo que comienza a dibujarse es una forma de entender la relación entre el Estado y la sociedad.

Y en esa relación, los derechos humanos no son un elemento accesorio. Son —o deberían ser— su límite. Porque en América Latina, cada vez que el orden se instala como prioridad política, la historia obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿qué lugar ocuparán los derechos humanos en ese nuevo equilibrio?

No es una pregunta abstracta. En los primeros días de este nuevo ciclo político, el ministro de Justicia confirmó el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos desde Contraloría, señalando que será reingresado una vez revisado. La explicación puede ser administrativa. Pero el gesto —en el contexto actual— adquiere un significado más amplio.

No se trata solo de un documento. Se trata de una señal. Porque los planes de derechos humanos no son meras declaraciones programáticas. Son instrumentos que orientan la acción del Estado frente a sus obligaciones más básicas: garantizar la dignidad, prevenir abusos, asegurar que ninguna persona quede fuera de la protección institucional.

Su suspensión, aunque sea temporal, instala una inquietud legítima. ¿Qué ocurre cuando, en el inicio de un gobierno que pone el acento en el orden, uno de los primeros movimientos es retirar —aunque sea para revisión— un instrumento central en materia de derechos humanos?

La pregunta no busca anticipar conclusiones. Pero sí advertir un contexto. Porque Chile conoce bien lo que significa cuando el lenguaje del orden comienza a tensionar el lenguaje de los derechos. Durante décadas, el artículo 365 del Código Penal criminalizó las relaciones sexuales consentidas entre hombres. No era solo una norma jurídica. Era también una forma de organizar la sociedad, de definir qué cuerpos eran legítimos y cuáles no.

Ese pasado no está tan lejos. La historia de la justicia sexual en Chile está hecha de esas tensiones. También está hecha de resistencias. Durante años hubo personas que aprendieron a vivir en silencio. En muchas familias resultaba más fácil hablar de enfermedad que de identidad. El VIH podía ser nombrado. La orientación sexual, no.

Esa escena no es solo una memoria individual. Es una huella cultural. Una forma de entender el orden. Y sin embargo, el país cambió.

Desde el retorno a la democracia, Chile ha avanzado —no sin conflictos— en la ampliación de derechos: la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la ley de divorcio, el acceso a tratamientos para personas viviendo con VIH, la ley contra la discriminación, el reconocimiento de parejas del mismo sexo, la identidad de género, la despenalización del aborto en tres causales, el matrimonio igualitario.

Nada de eso fue automático. Todo fue disputado. Todo fue empujado por la sociedad.

Por eso, cuando un nuevo ciclo político se inaugura con la promesa de restaurar el orden, la pregunta vuelve a aparecer con fuerza: ¿qué ocurre cuando ese orden se redefine mientras los derechos siguen en construcción?O, dicho de otro modo: ¿orden para quién, y a qué costo?

Las primeras medidas del gobierno —control de fronteras, reducción de impuestos, ajuste del aparato estatal— no solo configuran una política económica o de seguridad. También delinean una forma de priorizar.

Y en ese proceso, la experiencia latinoamericana ofrece una advertencia. Cuando el Estado se reordena bajo criterios de eficiencia, seguridad o austeridad, las áreas vinculadas a derechos sociales, salud pública, educación y diversidad suelen convertirse en zonas de tensión.

No porque sean irrelevantes. Sino porque históricamente han sido incómodas. Chile sigue siendo, en ese sentido, un país paradojal.

Un país que ha avanzado en el reconocimiento de derechos, pero donde aún existen instituciones que se declaran objetoras de conciencia frente a la aplicación de la ley de aborto en tres causales. Donde la ley convive con la resistencia. Donde el derecho existe, pero no siempre se garantiza.

Mirado con distancia, hay algo inquietante en esa coexistencia. Como si el país avanzara en una dirección, mientras parte de sus estructuras permanecieran ancladas en otra. Por eso, más que certezas, este momento exige atención.

No se trata de anticipar retrocesos, pero sí de reconocer señales. Porque los derechos humanos no se pierden de un día para otro. Se erosionan, se debilitan, se relativizan y muchas veces, ese proceso comienza de manera silenciosa.Tal vez por eso la pregunta no es solo política. Es ética y histórica. Es profundamente humana.

Tiene que ver con los cuerpos, con las vidas, con la dignidad. Y con la responsabilidad —siempre vigente— de sostener aquello que nunca ha estado completamente asegurado. Porque en Chile, como en gran parte de América Latina, los derechos no son un punto de llegada. Son, todavía, un territorio en disputa.