Tres desafíos prioritarios para el desarrollo urbano en Chile al 2030
Las ciudades chilenas del presente siglo enfrentan problemáticas importantes que implican desigualdades territoriales, transformaciones demográficas y crecientes sobrecargas ambientales. En ese contexto, la entrante gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de orientar el desarrollo urbano hacia una agenda que no solo responda a las urgencias actuales, sino que también anticipe los desafíos del futuro. Tres ámbitos aparecen como particularmente decisivos.
El primero es avanzar en la implementación de la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). A más de una década de su última versión, el país se encuentra ad portas de contar con una versión actualizada de esta política que incorpora temas fundamentales como es el espacio público, la movilidad, la vivienda adecuada, la sostenibilidad y la resiliencia socioecológica, entre otros temas relevantes. Es por ello que el verdadero desafío de esta nueva “hoja de ruta urbana” estará en su “bajada” práctica e instrumental para regular el territorio habitado.
Chile es un país territorialmente diverso, con regiones que enfrentan problemáticas muy distintas entre sí. En la actualidad, persisten brechas profundas entre centros poblados, ciudades y regiones, que se traducen en inequidades urbanas que impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes. Reducir estas desigualdades exige que la política pública dialogue de manera más estrecha con los territorios habitados, de manera de planificar el suelo urbano, las condiciones de la edificación y la vialidad estructurante acorde con las realidades específicas del desarrollo regional de nuestro país.
Un segundo desafío tiene que ver con comprender la vivienda desde una perspectiva más holística. Hoy resulta cada vez más evidente que la vivienda no puede entenderse como un objeto aislado, sino como parte de un sistema urbano más amplio. Es innegable el esfuerzo realizado de las últimas décadas desde las políticas habitacionales para abordar el déficit habitacional e implementar programas de mejoramiento barrial.
Sin embargo, las transformaciones sociales y demográficas que emanan de datos censales de los últimos años obligan a tomar nuevos desafíos. Por una parte, el aumento de la pobreza e informalidad urbana está afectando no solo la periferia de las ciudades, sino que sus centros urbanos. Por otra parte, el envejecimiento exponencial de la población de nuestro país y del planeta, plantea nuevas exigencias en términos de implementar políticas capaces de integrar mayor accesibilidad, movilidad y adaptación de los entornos residenciales.
La pregunta clave es qué tipo de entornos urbanos se articulan con las viviendas que se construyen en la actualidad. No es lo mismo vivir junto a un parque, con acceso cercano a transporte público y comercio de barrio, que habitar en sectores aislados donde estos servicios urbanos no existen. Las condiciones del entorno determinan, en gran medida, las posibilidades reales de desarrollar una vida cotidiana digna e inclusiva. Por eso, pensar la vivienda como una unidad interrelacionada con su entorno urbano es hoy una necesidad ineludible para articularse con equipamientos, servicios y oportunidades de integración social para todos los habitantes.
El tercer desafío está vinculado con la sustentabilidad y la resiliencia de las ciudades. Chile posee una geografía extraordinariamente diversa, pero también altamente compleja. Piedemonte de cordilleras, crecidas de ríos, bordes costeros inundables forman parte de un territorio que exige ser comprendido antes de decidir su ocupación con viviendas u otros tipos de usos.
El cambio climático, la creciente presión sobre el suelo urbano y la expansión de los asentamientos hacen aún más urgente esta reflexión. Las ciudades deben ser capaces de resistir, adaptarse y recuperarse frente a eventos extremos, desde inundaciones hasta incendios o deslizamientos de tierra.
Para ello, es fundamental integrar el conocimiento territorial en la planificación urbana. Los instrumentos de planificación territorial —como los planes reguladores metropolitanos o intercomunales, comunales y seccionales— juegan un rol clave. Especialmente estos últimos, permiten observar el territorio con una “lupa” más detallada, similar a los masterplan utilizados en otros países de alta tradición en el desarrollo urbano.
A través de ellos es posible regular usos de suelo, condiciones de edificación y estructura vial, adaptándose mejor a las particularidades de cada lugar. Pero es crucial además acelerar los procesos de aprobación de estos instrumentos para que puedan constituirse en herramientas de gestión pertinentes y acordes a la realidad territorial.
En definitiva, el desarrollo urbano del país requiere avanzar hacia una mirada más integrada del territorio habitado y edificado. Coincidentemente, el término de la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del nuevo gobierno cesará el 2030, donde manifiestos importantes como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres plantean escenarios estratégicos de evaluación y cumplimiento de sus objetivos trazados.
Es por ello que la próxima etapa de la política urbana chilena 2026-2030 tendrá que asumir el desafío de interrelacionarse con las distintas agendas de desarrollo urbano para aportar a construir y reconstruir ciudades más justas, inclusivas y resilientes para el siglo XXI.
