Golpe al gobierno de Kast: Futura subsecretaria tuvo triple contrato con el Estado y deuda por licencias médicas de 4 años
Una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) el 24 de febrero pasado, generó controversia en torno a Romina Garrido, futura subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) del gobierno de José Antonio Kast.
La acusación, revelada por Ciper Chile, cuestiona posibles irregularidades en su trayectoria profesional, incluyendo la mantención de contratos simultáneos en tres entidades públicas entre 2017 y 2022, lo que habría implicado jornadas laborales de hasta 17 horas diarias, una deuda fiscal por licencias médicas no reintegradas durante cuatro años y un potencial conflicto de interés relacionado con su rol en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras dirigía una consultora privada en el mismo ámbito.
Golpe al gobierno de Kast
La denuncia solicita que la CGR investigue si Garrido incurrió en faltas administrativas durante su paso por el sector público. Según los documentos adjuntos, la abogada experta en protección de datos y derecho informático mantuvo tres contratos a honorarios de manera simultánea:
Subsecretaría de Salud Pública: Desde enero de 2017 hasta diciembre de 2021, donde asesoraba en temas legales relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), con remuneraciones mensuales que oscilaron entre $1,8 millones y $2 millones.
Subsecretaría de Transportes: Desde mayo de 2018 hasta diciembre de 2022, apoyando en la tramitación de proyectos de ley y regulaciones del sector, con sueldos que partieron en $2 millones y llegaron a $2,6 millones.
Subsecretaría de Telecomunicaciones: Entre mayo y octubre de 2019, enfocada en normas vinculadas a la Televisión Digital, percibiendo $450 mil mensuales.
El cruce de estos contratos revela una superposición en diciembre de 2019, lo que, según la denuncia, habría requerido una "improbable jornada de 17 horas diarias" para cumplir con todas las obligaciones.
El medio que mostró la denuncia intentó verificar las horas exactas de cada contrato, pero las subsecretarías consultadas no proporcionaron respuestas inmediatas.
Otro punto clave de la acusación es una deuda fiscal de $871.458 originada en licencias médicas no reintegradas tras su renuncia a la Subsecretaría de Transportes en 2022.
Documentos incluidos en la denuncia muestran un correo electrónico del 12 de diciembre de 2022 notificando la pendiente, y un oficio del 22 de diciembre de ese año declarando a Garrido como deudora fiscal. Esta suma fue pagada en febrero de 2026, apenas días antes de que Kast anunciara su designación como subsecretaria, lo que ha levantado sospechas sobre el timing del pago.
Posible conflicto de interés
Garrido, quien ha asesorado en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobada con modificaciones en enero de 2023 que incluyen planes de cumplimiento voluntarios para empresas, mantenía hasta octubre de 2024 una consultora llamada Privacy Consulting, dedicada precisamente a ofrecer servicios de compliance en protección de datos.
Registros web archivados indican que la empresa promocionaba "planes y estrategias de compliance o prevención de riesgos e infracciones en la gestión de datos personales", alineados con los cambios legales que ella misma impulsó como experta o asesora parlamentaria.
Esta denuncia se suma a otras controversias en el proceso de transición, destacando la necesidad de mayor transparencia en las designaciones públicas. La CGR aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.
