La IA en el trabajo chileno de 2026: Entre la liberación de rutinas y la amenaza al trabajo decente

A ello se suma la implementación de la Ley 21.561 (40 Horas), que reducirá la jornada a 42 horas en abril de 2026 y a 40 en 2028. Promete conciliación, pero la misma tecnología que podría facilitarla está intensificando ritmos de trabajo y elevando el riesgo de burnout. El trabajador ya no compite solo con otros humanos, sino con un algoritmo que no duerme.

El estudio “Inteligencia Artificial Generativa: Oportunidades para el Futuro del Trabajo en Chile”, elaborado por CENIA junto a SOFOFA, SENCE, el Ministerio del Trabajo y la Universidad de Stanford, analizó los 100 empleos más comunes del país (62% de la fuerza laboral). Concluye que la IA puede acelerar al menos 30% de las tareas realizadas por 4,7 millones de personas; en promedio, 48% de las tareas por ocupación serían potencialmente acelerables. Cerca del 80% de los trabajadores verá afectada parte de sus funciones.

El mismo informe proyecta que, con implementación plena, el valor agregado podría equivaler a 12% del PIB. Es decir, ganancias de productividad significativas. Pero ¿quién las captura? Hasta ahora, se concentran en empresas y perfiles altamente calificados. Los empleos de menor calificación —donde más se automatizan tareas repetitivas— enfrentan estancamiento salarial o desaparición. En un país con informalidad cercana al 26%, miles quedarían expuestos a obsolescencia sin red de seguridad.

Desde la perspectiva del trabajo decente promovido por la OIT, la discusión ya no puede reducirse a salario y seguridad. Exige una transición tecnológica justa. Esto implica:

• Recalificación masiva y gratuita, con certificación formal.

• Diálogo social efectivo antes de que la práctica imponga hechos consumados.

• Derecho a la desconexión reforzado.

• Reparto más equitativo de las ganancias de productividad, mediante bonos colectivos o fondos de transición.

El debate público sigue atrapado en la falsa dicotomía “IA reemplaza” versus “IA crea empleos”. La evidencia muestra algo más complejo: la IA reconfigura tareas de manera desigual. Quienes accedan a formación continua y trabajen en empresas que inviertan en capital humano saldrán fortalecidos; los demás, no.

2026 podría marcar un punto de inflexión en tres dimensiones: reconfiguración acelerada de ocupaciones administrativas y de servicios; mayor polarización entre perfiles tecnológicos y empleos intermedios rutinarios; y expansión de evaluación basada en métricas algorítmicas. Bien regulado, esto puede mejorar eficiencia y conciliación; mal regulado, derivar en vigilancia excesiva y deterioro de la salud mental.

La IA no es neutra. Su impacto dependerá de decisiones políticas y colectivas. Chile puede demostrar que tecnología y dignidad laboral son compatibles. O puede repetir una historia conocida: foco en la productividad, pero con desigualdad y agotamiento.

La IA ya está en la oficina y en la fábrica. La pregunta es si también estará —a tiempo— en las leyes que nos protegen. De esa respuesta dependerá si esta revolución digital será liberación o una nueva forma de precariedad. En 2026 dejaremos de debatir en abstracto: el impacto será experiencia cotidiana. Entonces veremos no si el trabajo cambió —eso es inevitable—, sino si tuvimos la voluntad de que ese cambio ampliara derechos en vez de erosionarlos.