Una denuncia por amenazas de sicariato mantiene bajo resguardo policial a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), quien acusó ante la Fiscalía que organizaciones vinculadas al narcotráfico habrían ofrecido “$100 millones de pesos por mi cabeza”, tras una serie de intervenciones municipales contra el crimen organizado en la comuna.
La acción judicial se originó luego de que la autoridad —que cursa su octavo mes de embarazo— recibiera antecedentes sobre un presunto plan para atentar contra su vida.
La información, según consignó La Segunda, surgió a partir de relatos de vecinos de la población José María Caro, quienes alertaron sobre una conversación entre dos sujetos.
En ese intercambio, uno de ellos —identificado como “Diego”— habría mencionado que un narcotraficante apodado “El Poroto” (Héctor Cárdenas), junto a otros líderes del sector, reunió dinero en efectivo para pagar a un ciudadano extranjero que ejecutara el crimen.
Las amenazas no se limitarían a comentarios aislados. El 30 de enero de 2026, mientras participaba en actividades en las inmediaciones de un supermercado en Avenida Lo Ovalle, la jefa comunal fue advertida directamente por una persona sobre el eventual atentado.
A ello se suman mensajes intimidatorios en redes sociales, especialmente después de que el municipio rechazara la patente comercial de una botillería vinculada al entorno del Club Deportivo Varsovia.
Pese al complejo escenario, Reyes aseguró que su embarazo ha reforzado su convicción frente a estas presiones. “Estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor”, afirmó. A su juicio, las amenazas evidencian que las acciones emprendidas contra el narcotráfico han sido “acertadas”.
Actualmente, la alcaldesa cuenta con protección policial permanente (PPI), mientras el Ministerio Público avanza en las diligencias para establecer la participación de los presuntos involucrados y esclarecer el alcance de la supuesta recaudación de dinero destinada al atentado.
Desde el municipio apuntan a que el trasfondo de la amenaza estaría relacionado con la estrategia de recuperación de espacios públicos impulsada por la administración local.
Entre las medidas adoptadas figura la demolición de la sede del mencionado club, inmueble que —según la alcaldesa— había dejado de cumplir fines deportivos y era utilizado para actividades ilícitas.
También se realizaron operativos para retirar cámaras de vigilancia instaladas en domicilios particulares y se clausuraron portones que resguardaban puntos de venta de droga conocidos como “búnkers”.
