Copec fue sancionada por no reducir emisiones durante intoxicación masiva en Quintero: Ahora busca anular la multa

Copec y la contaminación

La SMA sancionó a la empresa por no reducir los flujos de descarga, recepción y despacho de combustibles en 23 días con mala condición de ventilación a lo largo de todo el año 2021. Además, la empresa no remitió a la SEC su programa de mantención y operación de sistemas de estanques de techo flotante que almacenan gasolina. El primero de estos cargos fue calificado como grave, y el segundo como leve.

El cargo grave corresponde a que la empresa no acató las medidas provisionales impuestas durante junio de 2022, donde se identificó una situación crítica de ventilación. Por estas tres infracciones, la SMA impuso una multa de $230 millones.

Copec llevó el caso a la justicia buscando anular los cargos y la sanción. En el escrito de 64 páginas, los representantes legales de la empresa acusan a la SMA de cometer ilegalidades en el procedimiento sancionatorio, como demoras injustificadas o interpretación de normas indeterminadas, por lo cual los cargos deberían reevaluarse.

Intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví

Mientras tanto, en Quintero y Puchuncaví niños y adultos siguen sufriendo intoxicaciones constantes sin que exista una claridad concreta sobre el origen de los contaminantes, ni medidas efectivas para evitar los daños que siguen ocurriendo en la salud de la población. Solo en 2025, cientos de niños y niñas terminaron en centros de salud por síntomas de intoxicación sin que exista aún información concreta sobre el origen y detalle de los contaminantes.

Esto a pesar de un fallo dictado por la Corte Suprema en 2019 y considerado histórico en su momento, que ordenaba determinar cuáles son los contaminantes que están afectando a la población, con un sistema que identifique la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por cada una de las fuentes contaminantes presentes en la bahía.

Ante la inefectividad de las medidas, vecinos y abogados de la zona levantan una propuesta: frenar la actividad industrial y medir de forma controlada y exhaustiva las emisiones de cada empresa una por una, y luego la sinergia entre todos los contaminantes.

“Lamentablemente los protocolos que se activan son elaborados por y para las mismas industrias contaminantes. Aquí lo que falta y lo que dicta el sentido común es que el complejo industrial tiene que detener su funcionamiento hasta q haya una investigación exhaustiva una por una de cada empresa contaminante y también en conjunto. No puede ser que la actividad económica, que es muy legítima por supuesto, vaya en desmedro de la salud de las personas”, declara en el programa Minuta ED de El Desconcierto la abogada de la Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso.

Para Katta Alonso, dirigenta histórica de la zona y representante de la organización Mujeres de Zonas de Sacrificio, esto es lo que debería haberse hecho en 2019 para cumplir con la primera orden de la Corte Suprema, que llamaba a identificar uno por uno los contaminantes. Frenar el funcionamiento del cordón industrial y hacer funcionar una empresa a la vez para hacer las mediciones adecuadas, y luego evaluar los efectos sinérgicos.

Desde el fallo de la Corte Suprema hasta la fecha, ha habido avances en el monitoreo del aire por parte del Estado y en la dictación de nuevas normas que imponen límites para algunos de los contaminantes. Para Donoso, estos avances aún presentan falencias ya que hay contaminantes que aún no tienen norma y por ende no se miden, y las normas de los que sí están regulados no alcanzan los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Juicio ambiental más grande

Desde la Defensoría Ambiental esperan una sentencia del Tribunal Ambiental, ante la causa por daño ambiental interpuesta por la abogada en representación de los vecinos en 2016.

“Han pasado casi 10 años y estamos esperando sentencia. Es cierto que es el juicio más grande de Chile en materia ambiental porque es una demanda contra el Estado y cada una de las empresas que forman el cordón industrial. Las audiencias probatorias fueron súper extensas y yo me imagino que es muy difícil negar la existencia de daño ambiental. Jurídicamente se configuran todos los presupuestos para que se acredite. El problema que tiene el tribunal es determinar quién es el responsable. Sin dudas el Estado ha cometido una serie de omisiones, pero las empresas contaminantes también lo han hecho más allá de la norma”, explica Donoso sobre este caso.

En relación a las empresas, también declara que están en juego estatutos de empresas y derechos humanos y a raíz de ello, desde la defensoría han comunicado los nuevos hechos de intoxicación a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las relatorías especializadas de la ONU.