En los últimos días, ante cualquier cuestionamiento político, aparece una palabra usada como consigna: sororidad. Y algo ahí se vuelve confuso, incluso peligroso, cuando comienza a invocarse, no como una ética del cuidado, sino como un mandato de silencio.
La sororidad no nació para callar. No fue pensada como una obligación de respaldo automático entre mujeres ni como una suspensión del pensamiento crítico. Surge como una respuesta ética frente a la violencia estructural que históricamente han enfrentado las mujeres entre sí, en un sistema que nos educa en la competencia, la comparación y la desconfianza. Pero responder a esa violencia no implica renunciar a la crítica. Y menos aún en el ámbito político.
Sororidad no es obediencia.
No es lealtad ciega.
No es silencio incómodo.
El lenguaje, como sabemos, no es inocente y la palabra sororidad tampoco lo es. Proviene del latín soror, “hermana”, y nombra una relación política entre mujeres en contextos de opresión de género. A diferencia de nociones más generales como hermandad o solidaridad, la sororidad no exige acuerdo permanente ni adhesión acrítica.
Es una práctica política y una apuesta ética que se construye precisamente porque vivimos en una cultura que fomenta la competencia y la desconfianza entre y hacia las mujeres. Lejos de acallar las diferencias, la sororidad, entendida desde el feminismo, busca hacer posible alianzas conscientes para enfrentar colectivamente la discriminación y transformar las condiciones que la sostienen.
Sin embargo, pareciera instalarse la idea de que cuestionar decisiones políticas vinculadas a mujeres equivale automáticamente a traicionar al feminismo. Una paradoja funcional, especialmente, a discursos antifeministas. Esa lógica, profundamente conservadora y patriarcal, intenta callarnos, desactivar la discusión política y reducir el feminismo a una identidad, no a una práctica crítica.
Quienes hoy nos exigen sororidad no son las feministas que llevan años sosteniendo luchas en defensa de los derechos de las mujeres. Son, mayoritariamente, los mismos sectores que han deslegitimado históricamente al feminismo, que lo caricaturizan, lo insultan y lo presentan como una amenaza.
Son quienes nos piden silencio mientras promueven discursos contra la movilización feminista, incluso instalando con anticipación una pauta anti Día Internacional de las Mujeres, justo cuando volvemos a ocupar el espacio público para marchar.
Desde ahí se intenta instalar un discurso sobre los “problemas reales” de las mujeres, como si los avances conquistados no hubieran respondido también a problemas reales. Estas palabras importan porque revelan marcos de pensamiento, prioridades y convicciones previas.
En ese contexto, ciertos gestos políticos no pueden leerse como neutros ni casuales. Nombrar, elegir y posicionar es también una forma de decir; y todo decir, una forma de hacer.
El feminismo nunca fue un espacio de comodidad. Ha sido, desde sus orígenes, una fuerza incómoda y conflictiva que ha cuestionado estructuras, desordenado privilegios y nombrado violencias que muchos preferían no ver. Exigirle hoy que sea dócil y conciliador es pedirle que renuncie a su potencia transformadora.
Sabemos que los derechos no se pierden de un día para otro. Se erosionan de manera silenciosa y gradual. Se pierden cuando dejamos de preguntar, cuando dejamos de vigilar, cuando aceptamos discursos ambiguos en nombre de la calma, cuando nos exigen callar.
Ser feminista no es cerrar los ojos frente a una provocación política, sino abrirlos más. Incomodar, incluso —y sobre todo— cuando el poder busca marcar el terreno del silencio. Porque el problema nunca ha sido quién ocupa un lugar, sino qué se busca desde ahí, qué se defiende, qué se omite y -principalmente-, qué se pone en riesgo.
No cuestionar no es sororidad.
Es renuncia.
Y hoy, renunciar a la crítica y a la vigilancia feminista es un lujo que, como sociedad y como mujeres, no nos podemos permitir.
