Solicitó a Serviu retirar $4,9 millones de su cuenta de ahorro para la vivienda sin renunciar al subsidio: Corte rechazó
La controversia se originó cuando una profesora de la Región del Maule solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización del Maule la liberación de los fondos depositados en su cuenta de ahorro para la vivienda, que alcanzaban cerca de $4,9 millones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el dinero había quedado bloqueado tras la obtención de un subsidio habitacional del Programa DS N°1 en 2020, beneficio que nunca fue utilizado para la compra o construcción de una vivienda.
Según expuso, el plazo de vigencia del subsidio ya había expirado y ella nunca solicitó una prórroga adicional, por lo que estimó ilegal que el Serviu mantuviera retenidos sus ahorros.
A su juicio, esa situación le impedía disponer libremente de un dinero de su propiedad, vulnerando su derecho constitucional de dominio.
Frente a la negativa del organismo, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca para que se ordenara el desbloqueo de los fondos.
El Serviu defendió su actuar señalando que la suspensión de los giros no dependía de una decisión discrecional, sino de lo establecido en el Decreto Supremo N°1 de 2011.
Explicó que la normativa ordena bloquear los ahorros una vez otorgado el subsidio y que estos solo pueden liberarse si el beneficiario renuncia formalmente al beneficio y devuelve el certificado original, trámite que la recurrente no realizó.
En su fallo, la Corte sostuvo que el recurso de protección exige la existencia de un acto ilegal o arbitrario, lo que no se configuraba en este caso.
El tribunal indicó que el bloqueo de los fondos opera por mandato legal y tiene como finalidad asegurar que los recursos se destinen al objetivo habitacional.
Añadió que el reglamento contempla un procedimiento claro para recuperar la disponibilidad del dinero, consistente en la renuncia al subsidio.
Con esos argumentos, la Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de protección, sin costas, al concluir que el Serviu del Maule actuó conforme a la normativa vigente y que no se acreditó una vulneración al derecho de propiedad.
