Carabineros encañonó, usó gas lacrimógeno y perdigones contra adolescentes de 16 y 17 años sin dar razones: Ordenan ajustar actuar
La tarde del 13 de noviembre de 2025, un grupo de estudiantes regresaba en una camioneta por el camino Collico, en dirección a Ercilla, luego de asistir al funeral de la hija de un compañero de liceo.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, en el sector El Canelo, el vehículo fue interceptado por personal de Control de Orden Público de Carabineros.
Según quedó establecido en el fallo, los adolescentes fueron rodeados y apuntados con armas largas, pese a levantar las manos y advertir reiteradamente que eran menores de edad y que no estaban haciendo nada.
Durante el procedimiento, los funcionarios gritaron órdenes para que se tiraran al suelo, uno de los jóvenes fue tomado de la ropa para obligarlo a arrodillarse y un carabinero “mecanizó” su arma frente a dos adolescentes que ya estaban reducidos y de espaldas.
Parte de la situación quedó registrada en un video grabado por una de las estudiantes. También se usaron escopetas antidisturbios y gas lacrimógeno, lo que provocó vómitos en una adolescente y un impacto de perdigón en el brazo de otro joven.
El control duró entre 10 y 15 minutos y terminó sin que se les informara el motivo del procedimiento ni se les solicitara identificación.
Por estos hechos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco.
En su fallo, redactado por la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena, el tribunal sostuvo que los adolescentes, de entre 16 y 17 años, eran sujetos de especial protección y que apuntarlos y amenazarlos con armas de fuego fue una actuación desproporcionada.
“Constituye una amenaza manifiesta a su integridad psíquica y seguridad individual”, señaló la resolución.
La Corte declaró ilegal y arbitrario el procedimiento policial y ordenó a Carabineros abstenerse de repetir este tipo de actuaciones, exigiendo que cualquier intervención futura con adolescentes se ajuste estrictamente a la ley, los protocolos institucionales y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
