Menos años, más dudas: Por qué acortar las carreras universitarias no asegura mejor educación
José Antonio Kast ha planteado acortar la duración de las carreras universitarias en Chile, señalando que muchas se prolongan cinco, seis o incluso siete años. Según su perspectiva, este tiempo no siempre se ajusta a las necesidades del mercado laboral ni a trayectorias formativas más flexibles.
Propone complementar carreras más breves con formación continua, con la intención de liberar recursos que podrían destinarse a otros niveles educativos, como la educación inicial. Esta propuesta obliga a preguntarse si el tiempo que hoy se invierte en la universidad garantiza realmente la calidad de la formación o si podría reorganizarse sin sacrificar resultados ni oportunidades.
Aunque Kast no menciona explícitamente una reducción de los años de financiamiento de la gratuidad, esa consecuencia aparece implícita. Acortar la duración financiada puede liberar recursos, pero también redistribuir riesgos dentro de un sistema universitario altamente regulado y segmentado.
No se trata solo de presupuestos; la discusión es fundamentalmente formativa, porque implica decidir qué se gana y qué se pierde al acortar los tiempos de estudio, y bajo qué condiciones ese tiempo se traduce en aprendizajes efectivos.
La evidencia comparada muestra que la duración de la carrera no determina por sí sola la calidad universitaria. Factores como el diseño curricular, la coherencia entre competencias y evaluación, la calidad del profesorado, los métodos de enseñanza, la infraestructura y la vinculación con el mundo laboral explican mejor las diferencias en graduación, inserción laboral y salarios.
De hecho, un estudio reciente en Economics of Education Review, basado en programas cortos en Colombia, encontró que el valor agregado de cada programa explica entre un 60 y 70 % de la variación en resultados académicos y laborales, y que depende críticamente de las condiciones institucionales más que de la duración de la carrera. Esto muestra que las decisiones sobre tiempo de estudio deben analizarse en conjunto con las condiciones de cada institución y su capacidad de generar valor real.
Esto es especialmente relevante para estudiantes de primera generación universitaria o con trayectorias previas frágiles. Para ellos, el tiempo no solo permite cumplir con el currículum, sino también nivelar competencias, ofrecer acompañamiento académico y consolidar habilidades de manera progresiva. La pregunta central no es cuánto dura una carrera, sino cuánto tiempo necesita una universidad para entregar "valor agregado" a quienes parten desde condiciones desiguales.
El sistema universitario chileno opera bajo presiones y sanciones significativas. La acreditación, la gratuidad y los estándares obligatorios condicionan tanto a universidades públicas como privadas. En este contexto, acortar la duración puede incentivar la presión por titulaciones rápidas, reduciendo los espacios de acompañamiento académico y el desarrollo de competencias complejas. Quienes requieren apoyos adicionales son los más afectados, y por lo mismo estas decisiones no son neutras.
Más que reducir años, podría evaluarse, como sucede en otros países, disminuir la cantidad de horas semanales de clase. Esto permitiría a los estudiantes organizar su aprendizaje de manera más autónoma, profundizar estudios fuera del aula, asistir a conferencias o debates, y compatibilizar estudios con trabajo remunerado en condiciones dignas. La clave no está en el número de años, sino en cómo se organiza el tiempo de aprendizaje dentro y fuera del aula.
Al mismo tiempo, algunas universidades de élite mantienen la duración formal de sus programas, pero ofrecen magísteres integrados o dobles titulaciones, ampliando las trayectorias formativas para quienes desean prolongarlas. Esto muestra que el tiempo de estudio funciona de manera distinta según la institución, esto refleja diferencias en recursos y resultados académicos, sin implicar juicio sobre la capacidad o mérito de los estudiantes.
En consecuencia, la relación entre duración de las carreras, financiamiento público y calidad de la formación universitaria no puede resolverse desde intuiciones ni simplificaciones discursivas. Requiere analizar cómo interactúan tiempo de formación, condiciones institucionales y mecanismos que generan valor formativo efectivo.
Reducir años puede liberar recursos, pero también redistribuir riesgos y costos dentro del sistema. Lo relevante no es solo cuánto dura una carrera, sino qué ocurre dentro de ella, para quiénes y bajo qué condiciones. Eso es lo que debemos considerar al repensar la universidad chilena.
