Estudiante denunció maltrato escolar y Suprema ratificó indemnización de $10 millones
Durante su etapa en enseñanza media, una estudiante del Colegio Providencia de La Serena fue víctima de episodios de maltrato escolar al interior del establecimiento.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, los hechos se extendieron en el tiempo y, según establecieron los tribunales, el colegio no adoptó medidas eficaces para prevenir ni enfrentar la situación, incumpliendo su deber de resguardo hacia la alumna.
A partir de estos hechos, se presentó una demanda civil en contra de la Fundación Educacional Colegio Providencia de La Serena.
En primera instancia, el tribunal acogió la acción y determinó que existía responsabilidad del sostenedor por el daño sufrido, condenándolo al pago de una indemnización de $10.000.000 por concepto de daño moral.
Esa decisión fue posteriormente revisada por el tribunal de alzada, que confirmó íntegramente la sentencia.
La fundación recurrió entonces a la Corte Suprema mediante un recurso de casación en el fondo, solicitando dejar sin efecto la condena.
En su presentación alegó errores de derecho, sosteniendo que no existió incumplimiento contractual, que el establecimiento actuó con la debida diligencia y que el contexto de la pandemia por COVID-19 debía considerarse como un caso fortuito que excluía responsabilidad.
El recurso fue analizado por la Primera Sala del máximo tribunal, integrada por las ministras María Angélica Repetto y María Soledad Melo, el ministro Jorge Zepeda y los abogados integrantes Raúl Fuentes y Álvaro Vidal, quienes lo rechazaron de manera unánime.
La Corte concluyó que la recurrente no denunció la infracción de normas decisorias de la controversia, requisito indispensable para que prospere un recurso de esta naturaleza.
El fallo indicó que la sola mención de normas legales supuestamente infringidas no resulta suficiente para acoger la casación, y que los argumentos del sostenedor apuntaban, en realidad, a cuestionar los hechos fijados por los jueces del fondo, los que no pueden ser revisados si no se denuncian infracciones a las reglas probatorias.
Con ello, la Corte Suprema dejó firme la condena y el pago de la indemnización por daño moral a la estudiante afectada.
