Seguir avanzando: Integración del enfoque de derechos en la gestión del riesgo de desastres
Chile es uno de los países más expuestos a los impactos del cambio climático. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cumple siete de los nueve indicadores de alta vulnerabilidad. Esto no solo incrementa el riesgo, sino que explica la creciente frecuencia e intensidad de desastres recientes: incendios de interfaz urbano-forestal, precipitaciones extremas e inundaciones súbitas.
Ante este escenario, el país ha modernizado su institucionalidad de gestión del riesgo de desastres (GRD). Siguiendo el Marco de Sendai, la Ley 21.364 (2021) creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Este cambio busca dejar atrás el enfoque reactivo por uno que abarque todo el ciclo del riesgo: mitigación, preparación, respuesta y recuperación, con responsabilidades descentralizadas y mayor articulación territorial.
El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2025 de la Universidad Diego Portales coincide en señalar que esta nueva institucionalidad abre una oportunidad crucial, pero que su implementación aún presenta brechas significativas. Los desastres recientes muestran prácticas fragmentadas, respuestas reactivas, baja coordinación intersectorial y una mirada pública centrada en la falta de recursos, dejando fuera un aspecto fundamental: la GRD es también una cuestión de derechos humanos.
Reconocer a las personas afectadas como titulares de derechos -y no solo como receptoras de ayudas- obliga a replantear cómo se previene, responde y recupera. La falla de un servicio básico, la ausencia de protocolos o la mala coordinación entre actores no solo generan daños materiales: pueden vulnerar derechos fundamentales como la vida, la salud o la vivienda.
Dos casos recientes lo demuestran. Los temporales de agosto de 2024 provocaron prolongados cortes eléctricos que afectaron gravemente a personas electrodependientes. Hubo incumplimientos de las empresas distribuidoras y fallas en la supervisión estatal: no se aplicó la normativa, la derivación sanitaria fue tardía y la comunicación interinstitucional resultó deficiente. No fue solo un problema operativo: fue una vulneración al derecho a la vida y la salud.
El incendio de Valparaíso en febrero de 2024 -con más de 130 personas fallecidas, cientos de heridos y cerca de 10.000 viviendas destruidas o dañadas- evidenció otra cadena de fallas: el Sistema de Alerta de Emergencia no funcionó como debía, los planes comunales estaban desactualizados, no había protocolos de evacuación específicos y la reconstrucción mostró debilidad institucional y escasa participación comunitaria. El desastre comprometió derechos esenciales y expuso profundas desigualdades.
Estos hechos muestran que, aunque Chile cuenta con un marco normativo sólido, su implementación aún no está a la altura de la complejidad de la GRD en el contexto del cambio climático. Persisten brechas en capacidades preventivas y adaptativas, coordinación limitada con actores privados, barreras de acceso a la ayuda, falta de enfoque de género y baja participación comunitaria. Esto contraviene principios del derecho internacional de los derechos humanos como igualdad, no discriminación y protección reforzada para grupos en mayor riesgo.
El Marco de Sendai es claro: reducir el riesgo es inseparable de garantizar derechos humanos. Esto exige instituciones transparentes, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y participación real de las comunidades en todas las etapas del ciclo del riesgo. Implica superar la lógica asistencial y avanzar hacia una gobernanza preventiva, inclusiva y territorialmente situada.
Para avanzar, es urgente reforzar la prevención y la preparación, implementar protección diferenciada para grupos más vulnerables, asegurar reconstrucciones inclusivas, promover participación comunitaria, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, así como consolidar la adaptación como eje de la política pública.
Chile tiene las capacidades técnicas y legales para lograrlo. Y dado que la implementación de SINAPRED y SENAPRED aún está en curso, estamos a tiempo de realizar mejoras sustantivas. Enfrentar el cambio climático y los desastres no es solo un desafío de gestión: es un imperativo de derechos humanos. Asumir esa mirada es el primer paso para construir un país resiliente.
Esta columna fue escrita por Gabriela Azócar de la Cruz, Julián Cortés Oggero y Danae Núñez Calderón; investigadoras e investigador del Centro de Derechos Humanos UDP.
