A 50 años de la Operación Cóndor

Este 25 de noviembre se cumplen 50 años de la formalización de la Operación Condor, cuando el jefe de la DINA, Manuel Contreras, invitó a sus contrapartes de la inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay a una reunión en Santiago. Allí se acordó un sistema de coordinación para eliminar a los opositores políticos de las dictaduras militares.

Viví personalmente el horror de esa coordinación represiva cuando me detuvieron en Buenos Aires, curiosamente el mismo 25 de noviembre de 1975, junto a un grupo de compañeros socialistas. Gracias a la solidaridad internacional nos salvamos.

Las dictaduras que en esos años sufrieron los pueblos de la región dejaron huellas profundas, con un legado que sigue influyendo en la forma en que las instituciones funcionan y como la sociedad percibe el poder.  

En realidad, la transición a la democracia no ha significado una ruptura radical con el pasado autoritario. En muchos casos, los mismos actores políticos, empresariales y comunicacionales que operaron durante las dictaduras en los años 70 y 80 han mantenido su presencia en los gobiernos, parlamentos y medios de comunicación, lo que ha dificultado una real justicia y reparación para las víctimas.

Es evidente que las democracias actuales se han caracterizado por la fragilidad de sus instituciones y sobre todo por una preocupante concentración del poder y de las desigualdades. En consecuencia, muchas de las ideas y políticas públicas neoliberales que habían sido impuestas por la fuerza durante las dictaduras persistieron durante los gobiernos democráticos de América Latina.

La subordinación al modelo extractivista y al Estado mínimo de los gobiernos democráticos y también progresistas, impidieron el desarrollo y abrieron camino a las derechas extremas, con consecuencias nefastas para la democracia. Incluso el denominado “socialismo del siglo XXI” fue incapaz de dar respuesta a las demandas sociales y se consumió en el personalismo y el autoritarismo.

Los paradigmas del pasado ya no responden a las realidades del presente.

La izquierda latinoamericana ha perdido credibilidad y para recuperarla está obligada a presentar una propuesta política clara de transformaciones del sistema capitalista neoliberal y, al mismo tiempo, con profundización de la democracia y lucha implacable contra la corrupción. Sólo así podrá reencontrarse con el mundo popular, las capas medias y los intelectuales.

Así como la izquierda chilena debe separarse de los gobiernos autoritarios, autodenominados socialistas, que renunciaron a la democracia en la región, también debe rechazar con firmeza las ideas y políticas populistas de derecha y de profundización del modelo neoliberal, que promueven injusticias y desigualdades, las que además generan graves tensiones sociales en nuestros países.

Así las cosas, evitar el peligro de la repetición de la Operación Cóndor, no sólo exige reconocer los crímenes del pasado y restituir deudas pendientes, sino también fortalecer las instituciones democráticas y también modificar el sistema de injusticias, fundado en el estado mínimo y el extractivismo. Enfrentando el pasado con valentía se podrá asegurar un futuro donde la libertad y dignidad sean irrenunciables.

En el caso de Chile, la impunidad banalizada en democracia tiene consecuencias. En el reciente proceso electoral los candidatos de derecha no sólo se han mostrado indulgentes con los responsables de crímenes y delitos contra la humanidad sino han insistido en profundizar el neoliberalismo económico, con reiteradas críticas al rol del Estado.

La complacencia con quienes estimularon el golpe de Estado, y luego con sus torturadores y asesinos, está especialmente presente en la candidatura de José Antonio Kast, quien no evita revivir los peores momentos que sufrió el pueblo de Chile.

En efecto, el candidato Kast, cuando competía con Gabriel Boric el 2021, decía en su programa (apartado 33 de la página 27), bajo el título “Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda: “Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”. Fue esa coordinación, de los aparatos represivos de los gobiernos dictatoriales del cono sur, la que favoreció mi injusta detención, tortura y encarcelamiento en Argentina, gracias a lo que posteriormente se conoció como la Operación Cóndor.

En su candidatura actual, si bien Kast no ha repetido lo mismo, ha declarado el propósito de indultar a los condenados por delitos de lesa humanidad y, por cierto, propone profundizar el neoliberalismo, restando recursos para la protección de derechos sociales.

Por otra parte, Kast y también algunos gobiernos de países limítrofes han priorizado fortalecer las fuerzas de seguridad para enfrentar el narcotráfico y las mafias delincuenciales.

Es preciso advertir, sin embargo, que una política legítima frente al crimen organizado no puede utilizarse contra la represión de los movimientos sociales y políticos, que seguramente cuestionaran la profundización neoliberal. Deberemos estar atentos para evitar la reedición de una coordinación represiva entre los países de la región, como sucedió en la Operación Condor.