Seguridad y desarrollo: Un equilibrio necesario en la política migratoria
Los principales ejes programáticos de los candidatos presidenciales se concentran en dos grandes temas: seguridad y reactivación económica. Cuando se aborda la seguridad, el debate se torna rápidamente hacia políticas de control migratorio, con propuestas drásticas que se enfocan en el cierre de fronteras y expulsiones.
En contraste, cuando se habla de reactivación, se omite que un componente esencial es justamente la atracción de inversión extranjera y el impulso a industrias que requerirán personal calificado y mano de obra extranjera cuando la local no sea suficiente, lo que supone apertura y regularidad migratoria. Surge entonces una paradoja en el debate: ¿cómo compatibilizar control y desarrollo?
La expulsión suele plantearse como la solución inmediata frente a la migración irregular. No obstante, se trata de una medida que no es ni eficiente ni eficaz: cada expulsión cuesta al Estado en promedio $3,3 millones por persona, y el número que logra concretarse es marginal frente a las más de 336 mil personas que se estiman en situación irregular al 2023.
Expulsar a quienes cometen delitos en Chile y/o registren antecedentes penales negativos en el extranjero, es una medida mejor enfocada y justificada (aunque ello no necesariamente implique que estén irregulares); pero pretender enfrentar la irregularidad a través de la expulsión es desconocer la realidad y los recursos disponibles.
El cierre de fronteras tampoco constituye una solución real. La experiencia durante la pandemia lo demostró: pese al cierre estricto de fronteras por motivos sanitarios, miles de personas igualmente ingresaron por pasos no habilitados, lo que privó al Estado de información esencial sobre quiénes ingresaban al país. Las barreras físicas no detienen los flujos migratorios; sólo los vuelven invisibles y más vulnerables.
Esta invisibilidad tiene consecuencias graves: quienes no pueden regularizarse quedan expuestos a explotación laboral, arriendos abusivos, informalidad y discriminación. Si el Estado no sabe quiénes están en el territorio, se vuelve imposible diseñar políticas públicas que respondan a sus necesidades y que, a la vez, resguarden la seguridad y el Estado de Derecho.
Culpar a las personas migrantes de la inseguridad es un reduccionismo que alimenta discursos xenófobos y fractura la cohesión social. Estigmatizar a un grupo no soluciona los desafíos fronterizos ni los problemas de seguridad pública. La migración es un factor clave para el crecimiento económico.
La evidencia internacional es robusta: los países que gestionan la migración de forma ordenada y estratégica se vuelven más competitivos. Las personas migrantes contribuyen más en impuestos y consumo del que reciben en beneficios, y dinamizan sectores como la construcción, la agricultura, los servicios y las industrias científico-tecnológicas.
En el caso de Chile, la reactivación económica requiere inversión, innovación y fuerza laboral suficiente. Hoy existen brechas alarmantes: falta de mano de obra en zonas productivas, escasez de talento especializado en minería, energía, salud, y en áreas digitales y de investigación. La migración regular y bien gestionada no compite con los trabajadores locales, sino que complementa capacidades donde no existe oferta interna, permitiendo que los proyectos avancen y que nuevas empresas se instalen en el país.
Las y los migrantes también aportan al emprendimiento: crean negocios a un ritmo mayor que la población local, generan empleos, amplían el consumo y aumentan la recaudación fiscal. Regularizar, por tanto, no es un gesto asistencial: es una decisión económica inteligente que impulsa la productividad y el desarrollo territorial.
La atracción de inversión extranjera directa y la llegada de capital humano avanzado -impulsadas por instituciones como InvestChile y CORFO- se ven directamente fortalecidas cuando el sistema migratorio es claro, rápido y predecible. Si queremos liderar la transición energética, profundizar la transformación digital y avanzar en innovación, necesitaremos seguir abriéndonos al talento global.
Para avanzar, se requiere agilizar la entrega de permisos laborales y de residencia; mejorar la orientación consular; perfeccionar los procesos de convalidación de títulos extranjeros; fortalecer los registros administrativos y su interoperabilidad para detectar oferta y demanda laboral por territorio e industria, entre otros desafíos urgentes.
Convertir la migración en un mero problema de seguridad confunde causas y efectos, y crea una crisis de convivencia con consecuencias duraderas. Es indispensable cambiar el tono durante la campaña y en ojalá también en el próximo gobierno: la migración, bien gestionada, aporta al crecimiento económico, a la cohesión social y al desarrollo de Chile.
