Alcalde de Buin que apoyó a Kast contrató por $48 millones a empresa de electo diputado republicano, Diego Vergara
“Con el diputado electo Diego Vergara, desde Buin apoyamos a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta. Votaremos por lo que más queremos: mayor seguridad en nuestros barrios, mejor transporte público y una mejor economía. ¡A recuperar Chile!”, se lee en el pie de página de una publicación del alcalde de Buin, Miguel Araya.
En la fotografía se aprecia a la máxima autoridad comunal junto al abogado Claudio Salinas y al diputado electo por el Distrito 14 —que reúne a las provincias de Maipo, Melipilla y Talagante— Diego Vergara Rodríguez, en lo que parece ser una reunión distendida.
Vergara se posicionó como la cuarta preferencia, con un 7,90%, en las pasadas elecciones parlamentarias, solo por detrás de Ignacio Achurra (Frente Amplio, 8,55%), Marisela Santibáñez —reelecta con cupo del PC, 8,11%— y Jaime Coloma Álamos (UDI, 8,01%).
Por su parte, Miguel Araya se encuentra desempeñando su tercera administración en la comuna de Buin. Con un pasado ligado a la UDI, en la reciente primera vuelta presidencial se inclinó abiertamente por la opción del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Durante el periodo de campañas, Araya manifestó en más de una ocasión su apoyo al diputado electo y exalcalde de Paine, Diego Vergara. Lo propio hizo con el también electo parlamentario Jaime Coloma Álamos.
Comercializadora VM SpA: la sociedad del diputado electo Diego Vergara
De cara a su asunción a la Cámara Baja, el diputado electo Diego Vergara deberá declarar —al igual que todos los parlamentarios— su patrimonio: bienes muebles, inmuebles y participaciones societarias.
En esta línea, el miembro del Partido Republicano es propietario de la empresa Comercializadora VM SpA, firma creada en 2020 con un capital de $10 millones. La actividad de la empresa, según el Registro de Empresas y Sociedades, consiste en la “compra, venta y distribución de materiales de construcción, ferretería y arriendo de maquinarias”, entre otras.
Aunque la empresa registra ventas significativas, dos de ellas realizadas en 2024 llaman particularmente la atención. Se trata de dos contrataciones directas por parte de la Municipalidad de Buin durante junio y julio de 2024, periodo en que Miguel Araya dirigía la comuna.
La primera contratación directa se emitió el 26 de junio de ese año, solicitando 1.000 sacos de “Perma-Patch”, producto utilizado para la reparación de asfalto y baches en carreteras, y dos máquinas “pata pata”, conocidas compactadoras empleadas para nivelar superficies o suelos. La compra fue avaluada en $16.494.996 y el documento cuenta con la firma del propio alcalde.
Uno de los documentos adjuntos en la orden de compra detalla que los materiales serían destinados a la reparación de 34 calles de la comuna. Para este servicio se optó directamente por la empresa vinculada a Diego Vergara, a diferencia de lo ocurrido en la segunda contratación.
El segundo negocio de Comercializadora VM SpA con el municipio llegó apenas un mes después. El 19 de julio de 2024, la municipalidad solicitó directamente a la firma del diputado electo la adquisición de 1.000 kg de “estabilizador M3 bajo 1 1/2 pulgada” para la reparación de calles afectadas por un fenómeno meteorológico.
En esta ocasión, dos empresas presentaron presupuestos:
Royal Company, perteneciente a Víctor Adolfo González Torres, que cobraba $40 millones y ofrecía un plazo de entrega de cinco días hábiles.
VGA Obras Civiles, cuyo representante legal es Víctor González Acevedo —padre del controlador de Royal Company—, que ofrecía proveer los materiales por $34 millones en un plazo de 72 horas.
Sin embargo, mediante decreto alcaldicio, la adjudicación recayó en Comercializadora VM SpA, que cotizó $32 millones y un tiempo de entrega de 48 horas, es decir, dos millones menos y un día menos que las otras dos sociedades.
Entre ambas contrataciones directas, la Municipalidad de Buin desembolsó $48.505.996 por la compra de materiales de reparación.
Una de las consultas enviadas al municipio apuntaba a si, en ese periodo, el alcalde y Diego Vergara ya se conocían y si existía alguna posibilidad de que hubiesen acordado un precio frente a las otras ofertas. Hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta, pese a que señalaron que recabarían los antecedentes.
En el portal de Mercado Público, Comercializadora VM SpA registra una tercera adjudicación correspondiente al municipio de Providencia en 2022. Ese negocio se ejecutó mediante licitación y por un monto de $366.520.
Las otras polémicas del alcalde de Buin, Miguel Araya
En 2018, la Fiscalía inició una investigación contra el alcalde Miguel Araya luego de que un denunciante anónimo acusara al municipio de contratar a un “funcionario fantasma”, es decir, una persona que recibía remuneraciones por servicios que nunca ejecutó.
Las pesquisas de la Brigada Anticorrupción (Brianco) de la PDI determinaron que el trabajador habría recibido un total de $10 millones por trabajos inexistentes. Producto de la indagatoria, se levantó el secreto bancario del alcalde Araya, revelando depósitos de funcionarios municipales a sus cuentas personales.
A raíz de ello, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella por fraude al fisco, sumando los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Así, el 23 de febrero de 2024, el Ministerio Público ingresó una solicitud al Juzgado de Garantía de San Bernardo para reformalizar al alcalde por los nuevos delitos imputados. El procedimiento fue fijado para el 6 de marzo de ese año.
No obstante, ese día la Fiscalía optó por iniciar una causa paralela para indagar las transferencias reveladas tras el levantamiento del secreto bancario del edil y, por otro carril, continuar investigando el presunto fraude al fisco.
Por este último proceso judicial, el 28 de junio de 2024 se realizó una audiencia de apercibimiento en la que tanto la Fiscalía como el defensor de Araya, Juan Carlos Manríquez, habrían acordado —según Megainvestiga— una suspensión condicional del procedimiento.
Desde el Ministerio Público señalaron al citado medio que el acuerdo obedece a razones procesales orientadas a unificar las acusaciones en la causa iniciada en marzo de ese año, más que a desistir de las imputaciones.
La acción más reciente que le generó críticas al alcalde fue la aprobación para contratar un árbol de Navidad avaluado en $76 millones como parte de una modificación al Plan Anual de Compras.
En ese contexto, el director de la Dideco, Jonathan Fernández, comentó que “cada año se hace más difícil armar el árbol debido a todos los trabajos que se deben realizar y por la seguridad de todos los funcionarios que se están exponiendo al armado del árbol (…) por eso me permití solicitar la compra de este nuevo árbol”.
A través de sus redes sociales, el alcalde Araya aseguró que “no existe ninguna compra de un árbol de Navidad nuevo. Lo que se aprobó por el Concejo fue una modificación presupuestaria que, además del ítem del árbol, consideró presupuesto para bacheo de calles, arranque de agua potable para vecinos y también para un nuevo centro de rehabilitación que construiremos”. Añadió que repararían el árbol que ya tienen.
