Pescadores artesanales de Puerto Manso reciben apoyos parlamentarios ante amenaza de desalojo por inmobiliaria
A la justicia llegará el conflicto que mantiene la Inmobiliaria Agua Dulce S.A. contra la comunidad pesquera artesanal de la Caleta Puerto Manso en Los Vilos, a quienes buscan desalojar de su zona de trabajo.
La empresa privada decidió presentar una querella contra dos pescadores por la ocupación e instalación de viviendas en un terreno de su propiedad.
Los querellados son pescadores artesanales pertenecientes a una comunidad con presencia y faenas históricas en ese territorio, utilizado durante décadas para labores productivas, resguardo de equipos y actividades comunitarias, muy anteriores a la llegada de la inmobiliaria.
Apoyos parlamentarios a pescadores artesanales
De acuerdo a la diputada Nathalie Castillo, también hay un conflicto por el acceso a la caleta. Si bien la Resolución Exenta N°215 de 1985 del Ministerio de Bienes Nacionales autorizaba el ingreso de los pescadores, el propio Ministerio informó recientemente, en respuesta a un oficio de la parlamentaria, que dicho acceso atraviesa un terreno privado y, por lo mismo, no constituye un bien nacional de uso público.
El origen del conflicto administrativo radica en que aquella resolución fue sólo una autorización temporal y no una servidumbre legalmente constituida debido a que nunca se realizó el procedimiento de inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces que habría otorgado carácter permanente.
La caleta opera ahí hace más de dos siglos, por lo que la diputada Castillo asegura que “no podemos permitir que se les trate como usurpadores cuando han habitado, trabajado y protegido este territorio desde mucho antes de la llegada de la inmobiliaria”.
“La ley es clara: Los terrenos son de utilidad pública y pueden ser expropiados para garantizar su continuidad. Aquí se debe defender no un negocio privado, sino la identidad, el oficio y los derechos históricos de nuestros pescadores artesanales de Puerto Manso”, añadió.
Por su parte, el senador Daniel Núñez, quien se encuentra apoyando a la comunidad pesquera avisó que “estamos resguardando los derechos constitucionales de la comunidad de Puerto Manso, porque no se puede despojar de sus viviendas a los pescadores artesanales que históricamente han habitado ahí, menos sin una sentencia”.
“Lo que está haciendo la inmobiliaria también atenta contra la presunción de inocencia de los dos demandados, por lo que acudiremos al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos”, siguió.
Por último, Magda Valencia, presidenta del sindicato de pescadores de Puerto Manso, destacó que como agrupación se encuentran unidos por la que consideran una demanda injusta, ya que “la inmobiliaria Agua Dulce denuncia la ocupación no violenta de unos terrenos que históricamente le han pertenecido a nuestra caleta”.
