En medio de disputa por “permisología”: 2025 cumple récord de inversión aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental
Tanto en el Congreso como en la campaña presidencial, un concepto que ha capturado el debate público es el de la “permisología”, con el que se culpa a la burocracia estatal por retrasar proyectos de inversión y obstaculizar el crecimiento económico en el país.
La directora del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Valentina Durán, ha respondido ante esta discusión, recordando que 95% de los proyectos que entran a evaluación ambiental se aprueban. También declara que las extensiones de plazos que demoran los proyectos no las pide el SEIA sino los titulares de los proyectos, para subsanar observaciones.
Ahora, la dirección del servicio revela otro dato sobre la inversión con permiso ambiental en el país: 2025 batió el récord con el año con mayor monto de inversión aprobada ambientalmente en la historia del SEIA.
La inversión decisiva que superó el umbral fue la recién aprobada mega carretera eléctrica Kimal Lo Aguirre, que cruzará desde Antofagasta hasta Santiago con torres de alta tensión para transmitir la energía solar que se genera en el norte, hacia los centros de consumo.
Con esta aprobación, Chile alcanza el mayor monto de inversiones con evaluación ambiental favorable en un solo año, totalizando US$34.337 millones, cifra que supera el récord de US$32.700 millones que se registró en 2013.
¿Por qué se atrasan los proyectos?
Según la base de datos abierta del SEA, la evaluación de proyectos se alarga a raíz de los días de suspensión, que pueden ser solicitados por la empresa titular del proyecto o por el SEA, y que no se cuentan dentro de los días legales de tramitación.
Para los proyectos evaluados a través de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el plazo máximo de evaluación es de 180 días. Desde 2022 hasta la fecha, la tramitación legal para estos proyectos en el país se ha demorado 166 días. Pero si se contemplan los días de suspensión, la tramitación de los proyectos se demora en promedio 1102 días.
La base de datos también muestra cuántos de estos días de suspensión fueron solicitados por el SEA y cuantos fueron solicitados por la empresa. Para los proyectos evaluados a través de EIA desde 2022 hasta la fecha, en promedio se otorgaron 808 días de suspensión solicitados por la empresa titular del proyecto, mientras que los días de suspensión solicitados por el servicio fueron en promedio 49 días.
“El mayor porcentaje del tiempo de evaluación ambiental se debió a suspensiones solicitadas por las empresas para agregar información faltante y responder consultas ciudadanas para acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental”, ha explicado en cartas Durán.
Elevadas exigencias o información deficiente
Los datos ilustran otro debate que se ha dado en el marco de la evaluación ambiental de proyectos: las empresas suelen apuntar el dedo a las elevadas exigencias ambientales del servicio.
Desde el SEA, por su parte, se alude a la información deficiente que entregan las empresas en una primer instancia, y que luego corrigen a lo largo de la evaluación, necesitando muchos días de suspensión para poder completar la información.
