Lobistas del petróleo y el agronegocio permean la COP30 para imponer sus agendas en la discusión climática

“En la dirección correcta a la velocidad errada”. Así definió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Belém do Pará, a los avances del Acuerdo de París, que cumple en diciembre próximo diez años desde su firma. Fue en su discurso como primer orador de la apertura de la 30° Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP30).

Cinco días antes, en la cumbre de líderes que precedió al inicio de las negociaciones sobre el clima, el presidente brasileño también había señalado que habíamos necesitado “28 conferencias para reconocer la necesidad de eliminar los combustibles fósiles y detener y revertir la deforestación”. Se refería al tenue consenso construido en Dubái dos años antes, un camino sinuoso para “empezar a transicionar alejándose de los combustibles fósiles”.

Hay una razón primigenia detrás de la lentitud para que la máxima instancia de negociaciones entre 190 países haya nombrado a los causantes principales del aumento de temperaturas, olas de calor, incendios forestales e inundaciones en América Latina: la enorme presión e influencia que corporaciones petroleras y agroindustriales han ejercido sobre las negociaciones del clima.

Las tácticas han variado, desde la presencia directa de miles de delegados de petroleras en las últimas conferencias climáticas, pasando por los conflictos de interés de representantes gubernamentales cercanos a las industrias hasta auspicios de espacios en las negociaciones y campañas de desinformación a nivel local.

Todo tiene un mismo fin: evitar y retrasar al máximo las políticas necesarias para cerrar la brecha que existe actualmente entre los compromisos de los países y la ambición necesaria para llegar a los objetivos del Acuerdo de París: limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 °C, preferiblemente a 1.5 °C, en comparación con los niveles preindustriales.

El lobby petrolero en las COP

Más de 5000 lobistas de empresas de combustibles fósiles participaron de las negociaciones del clima de Naciones Unidas en las últimas cuatro conferencias del clima anteriores a la iniciada en Belém este 10 de noviembre. En Belém son más de 1600, una cantidad que supera a todas las delegaciones excepto la del país anfitrión, Brasil. Estos son datos revelados por un nuevo análisis publicado por Kick Big Polluters Out (Echen a los grandes contaminantes, en inglés), una coalición de 450 organizaciones alrededor del mundo, incluyendo representaciones de pueblos indígenas en América Latina.

Esto significa que uno de cada 25 participantes de la COP30 en Belém representa a una industria de combustibles fósiles, según el análisis. Y aunque el número total es menor al de la COP28 en Dubai, en comparación con la cantidad de asistentes es un porcentaje similar.

No es casualidad. Fue en Dubai que la disputa entre “abandonar” o “reducir” el uso de los combustibles fósiles dominó la discusión. El propio presidente de esa conferencia, el emiratí Sultan Al Jaber, era a su vez ejecutivo de la empresa estatal petrolera de su país y en un evento virtual negó la necesidad de abandonar los fósiles para lograr reducir el aumento de temperatura, contradiciendo la evidencia presentada entre otros por el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático.

“En los últimos tres años, las empresas de gas y petróleo que hicieron lobby en las COP han gastado más de 35 000 millones de dólares cada año buscando pozos petroleros y gasíferos, exacerbando el mismo problema por el cual naciones del mundo se reúnen para resolver”, complementa Fiona Hauke, investigadora parte de la coalición detrás del análisis. “Estas compañías han defendido sus intereses fósiles diluyendo la acción climática por años”.

Entre las empresas petroleras, empresas de gas y carbón que llevaron delegaciones incluso más extensas que la de varios países se destacan Shell, BP, Exxon y Chevron, que se encuentran entre los grandes contaminantes responsables del 70 % de las emisiones históricas que han causado el cambio climático actual.

Las cuatro empresas también han sido señaladas como históricas financistas de campañas de desinformación sobre el cambio climático. De acuerdo con documentos internos obtenidos por la organización Union of Concerned Scientists, desde al menos 1981, Exxon ya sabía de la relación entre la expansión de los combustibles fósiles y el aumento de las temperaturas. Al mismo tiempo, petroleras financiaban con cientos de miles de dólares a organizaciones como Atlas Network y Heritage Foundation, con el objetivo de influenciar en la opinión pública en contra de esa idea.

Esta campaña tuvo sus vínculos directos con América Latina. A través de documentos obtenidos por Desmog en 2025, el apoyo de Exxon a Atlas Network durante los años 90 tenía un objetivo directo: “Lidiar específicamente con los problemas de los tratados internacionales”. Con ese financiamiento, Atlas Network financió la traducción de textos negacionistas para instruir durante una de las primeras conferencias del clima, la COP4 en Buenos Aires, con el fin último de crear oposición al Protocolo de Kyoto, el tratado predecesor del Acuerdo de París.

De acuerdo con los documentos de informes de Atlas Network a Exxon que fueron filtrados, una de las beneficiarias del financiamiento fue la Fundación MEL, donde se desempañaba Ana Lamas. Casi 30 años después, Lamas, ya como subsecretaria de Ambiente del gobierno de Javier Milei, lideró el retiro oficial de Argentina de las negociaciones de la COP29 de Bakú en 2024, en el mismo momento en el que se disputaba el acceso a dinero para apoyar el abandono de los combustibles fósiles y el combate a la deforestación. Previo a la publicación de este reportaje, Mongabay Latam contactó a Lamas para obtener su versión sobre los documentos filtrados, sin respuesta hasta el momento.

Un análisis para este reportaje de la lista de participantes de la COP30 muestra la presencia de al menos ocho representantes de Exxon, tres de Chevron, tres representantes de BP y dos de Shell. También está representada la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe y la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo. Otras seis empresas y asociaciones de gas (cuatro de ellas brasileñas) tienen representación a través de acreditaciones oficiales de sus países  

La Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) no solo representa a las subsidiarias en la región de gigantes como Shell y Chevron, sino que también a casi todas las grandes empresas público-privadas relacionadas a los Estados, incluyendo Petroecuador (Ecuador) y Petropar (Paraguay). Previo a la publicación de este reportaje, contactamos con la Asociación para que den su versión acerca de sus prioridades en la conferencia, sin respuesta hasta el momento.

“La presencia del lobby petrolero en la COP30 es como invitar al pirómano a dirigir el cuerpo de bomberos”, afirma Ilan Zugman, director de la organización 350.org en América Latina. “En lugar de dar más espacios para las petroleras, es hora de dar voz a los líderes indígenas, las comunidades tradicionales y los países más afectados por el cambio climático” sostiene Zugman.

La brecha de representación en la COP30, en parte debido a la naturaleza de las negociaciones y en parte debido a los costos de alojamiento en Belém, ha llevado a que varios países tengan delegaciones menores con respecto a las que han llevado las empresas petroleras.

Además de las grandes multinacionales, está el papel menos discutido de las empresas público-privadas de petróleo y gas de América Latina. Empezando por la del país anfitrión de la conferencia: Brasil.

Las contradicciones de Brasil

El discurso de apertura de la COP30 por parte del presidente Lula también incluyó por primera vez en una conferencia de este tipo menciones al riesgo de la desinformación climática. “Vivimos en una época en la que los oscurantistas rechazan las pruebas científicas y atacan a las instituciones. Es hora de infligir otra derrota al negacionismo”, dijo el mandatario brasileño.

El Gobierno de Lula es uno de los impulsores junto a la UNESCO de una declaración sobre “la integridad de la información relacionada con el cambio climático, en consonancia con el derecho internacional y los principios del Acuerdo de París”, una declaración respaldada en América Latina sólo por Chile y Uruguay.

Es el mismo Gobierno brasileño, sin embargo, que apenas tres semanas antes del inicio de la COP30 anunció la autorización para la petrolera público-privada Petrobras para explotar hidrocarburos en la cuenca de la Amazonía. La empresa tiene ocho representantes acreditados ante la COP30, tres de ellos como parte de la delegación oficial del país anfitrión. Un estudio de Climate Tracker Latam sobre desinformación alrededor de la transición energética encontró que tanto Petrobras en Brasil como otras petroleras de participación estatal, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Argentina y Petróleos Mexicanos (PEMEX) en México, se encuentran entre los principales actores detrás de narrativas que buscan retrasar o trastocar sobre políticas climáticas en sus países.

La contradicción entre la narrativa del Gobierno de Brasil en la conferencia y sus políticas locales llevó a un punto de ebullición en la tarde del 11 de noviembre, cuando un grupo desprendido de una protesta de pueblos indígenas y defensores de la tierra intentó ingresar a la zona de COP30 donde se dan las reuniones diplomáticas. Lo hicieron gritando “Gobierno de Lula, qué papelón, destruyó el clima con esa perforación”. La protesta entró en conflicto con el fuerte esquema de seguridad que evita el ingreso sin acreditaciones al lugar. De acuerdo con Repórter Brasil, dos guardias de seguridad fueron heridos.

El lobby del agronegocio

Otra protesta de ese mismo día recibió menos prensa: la del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) en la llamada “Agrizone”, donde corporaciones del agronegocio internacional como Nestlé, Syngenta y Bayer, actores más vedados pero con similar influencia en las negociaciones del clima, llevan a cabo talleres y charlas para mostrarse como “parte de la solución al cambio climático”.

“Las empresas del agronegocio se apropiaron del espacio, sometiendo a órganos públicos como Embrapa [Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuária], universidades y agencias de asistencia técnica”, denunció Divina Lopes del MST.

Aunque gran parte de los cuestionamientos a Lula tienen que ver con Petrobras, el principal sector responsable del cambio climático en Brasil no es el energético, es el agronegocio.

Pese a esto persiste un “excepcionalismo agrícola” en palabras de Lis García, investigadora paraguaya de la organización BASE IS y especialista en las políticas del sector en Sudamérica. Este “excepcionalismo” ha permitido al sector influenciar negociaciones y discusiones en las conferencias del clima, a veces de un modo aún más evidente que los fósiles, y al mismo tiempo sostener narrativas donde se presentan como víctimas de prejuicios o como “parte de la solución y no del problema”, pese a que sin el compromiso del sector será imposible cumplir con el Acuerdo de París.

La Agrizone es un espacio inédito de la “agricultura sustentable” organizado por la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), en alianza con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). De acuerdo con Guido Nejamkis, asesor de comunicación de la Dirección General del IICA, el instituto “lleva hace 4 años, desde la COP27 instalando un pabellón que llamamos la Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, en que organizaciones del agro, productores, sector privado, ministros, universidades de distintos países desde Canadá hasta Chile y Argentina exponen su compromiso con la sustentabilidad y la necesidad de seguir alimentando al mundo. La premisa es que sin seguridad alimentaria no hay sostenibilidad posible. Bajo ese paraguas articulamos la participación de todos los sectores”.

“Este año debido a la decisión de Embrapa, que tanto contribuyó a la agricultura de Brasil, que en 50 años pasó de ser un país inseguro en materia alimentaria a una potencia exportadora global, se articuló la participación del IICA en la Agrizone”, explica el asesor. “Siempre sabemos que puede haber mejoras, pero sabiendo que es un sector con una capacidad única de capturar carbono”.

Consultado sobre los cuestionamientos de sectores como el MST a la iniciativa, Nejamkis dijo que “no podría dar un comentario” ya que todo lo que recibieron son “comentarios muy positivos, incluyendo de sectores de la agricultura familiar brasileña”.

La Agrizone es posible gracias al auspicio de miles de dólares de corporaciones alimentarias como Bayer (con 12 representantes registrados ante la COP30) y Nestlé (con cinco representantes).

Embrapa, por ejemplo, tiene un lugar en la mesa de negociaciones representando al Gobierno de Brasil. Y fue uno de los entes con impulsores de una campaña de presión para modificar el modo en que se calcula el impacto de la ganadería a través de una cuestionada nueva métrica, llamada GWP*, que permitiría a países aumentar sus emisiones de metano de la ganadería y afirmar al mismo tiempo que cumplen con sus compromisos con el clima.

Esta campaña está impulsada con millones de dólares de fundaciones vinculadas a otros grandes del agronegocio, como Cargill (con cuatro representantes registrados en la COP30) y JBS (con dos representantes registrados y que ya anunció que desafiará en Belém la forma en la cual se mide el impacto de la ganadería). Es solo uno de los varios ejemplos de cómo la industria agroganadera sudamericana, de Estados Unidos y de países como Irlanda y Nueva Zelanda han “lavado” la discusión sobre clima y sistemas alimentarios, concluyó un análisis realizado por la organización británica Changing Markets. Otras narrativas, como el de la “agricultura regenerativa” o “agricultura tropical” sigue el mismo patrón: proponer cuestionables soluciones de créditos de carbono como forma de esquivar la responsabilidad ante la crisis.

Consultada para este reportaje, Maddy Haughton Boakes, de Changing Markets, señaló que “el reporte muestra que el camino a Belém ha sido minado con greenwashing por las mismas compañías que trabajan horas extras para sabotear la acción climática (…) son grandes maestros de la distracción y han sido exitosos en evadir regulaciones”.

Nestlé, por ejemplo, se retiró apenas unos meses antes de la conferencia del compromiso asumido para reducir sus emisiones de metano proveniente de sus productos lácteos. Al ser consultada sobre el apoyo a la Agrizone, Karina Betancourt, de la dirección de relaciones públicas en representación de Nestlé Brasil, respondió: “A pesar de que las COPs son conferencias de negociación entre países, es un espacio importante también para intercambiar conocimiento sobre el cambio climático y sobre todo cómo mitigarlo. Nuestro objetivo es justamente mostrar nuestros resultados y aprender de la experiencia de otras empresas, investigadores, ONGs y sociedad civil. Como una industria de alimentos, las condiciones de los trabajadores rurales, el clima, las lluvias y la fertilidad del suelo son vitales para Nestlé, por lo tanto es natural que la compañía participe del principal foro mundial sobre cambio climático”.

Para Brice Böhmer, de Transparencia Internacional, que viene analizando cómo han evolucionado las campañas de influencia en las negociaciones internacionales, es claro que “las mismas industrias que son responsables de la crisis climática continúan moldeando cómo el mundo responde a ella. Los Gobiernos y Naciones Unidas deben adoptar estrictas medidas y reglas sobre conflictos de interés para proteger la integridad de las negociaciones del clima”.

Esta es una nota original de Mongabay Latam.