La advertencia peruana
Mauricio Ruiz, rapero de 32 años, fue asesinado por un policía en la marcha que se dio en Lima el 16 de Octubre, con el lema “Que se vayan todos”. La marcha fue convocada contra la proclamación del presidente del congreso José Jerí como nuevo presidente de la república. La anterior presidenta Dina Boluarte, quien carga varias denuncias por corrupción y derechos humanos, fue removida intempestivamente durante la madrugada del Viernes 10 de Octubre, en una jugada del congreso por desarticular la indignación popular en un año pre-electoral.
Para comprender la caótica situación peruana se vuelve necesario contar cómo las opciones de centro y de izquierda fueron derrotadas y cómo la ultraderecha controla la política desde el congreso. Aunque Perú es un país muy distinto a Chile, las ultraderechas comparten discursos y acciones similares, por lo que conviene revisar lo que ocurre en países vecinos.
La crisis en Perú comienza en 2016 con el triunfo ajustado del empresario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por sobre Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales. A pesar de que ambos eran candidatos de la derecha, Fujimori decidió someter al gobierno de PPK con su agrupación Fuerza Popular que era mayoría en el congreso. Ante la amenaza de vacancia desde el congreso, PPK renunció en Marzo de 2018.
La crisis continuó con la gestión de Martín Vizcarra, vicepresidente de PPK. Vizcarra decidió atacar al congreso y apoyarse en la aprobación de la opinión pública. Vizcarra impulsó reformas políticas sobre la justicia y la transparencia. Asimismo, apoyó las marchas ciudadanas que solicitaban el cierre de un congreso que comenzó a interpretar la constitución a su gusto. El conflicto culminó con el cierre constitucional del Congreso por parte del Poder Ejecutivo en septiembre de 2019.
Vizcarra entusiasmo a gran parte del país con la promesa centrista de combate a la corrupción, las reformas institucionales y la estabilidad macroeconómica. Paralelamente, el discurso de la ultraderecha fue ganando terreno, donde se alucinaba que Vizcarra controlaba el país en alianza con los “caviares” (progresistas) y la izquierda. Un ánimo autoritario y descontrolado despegaba.
En el contexto de la pandemia, el nuevo congreso -electo en Enero del 2020- invoco nuevamente la vacancia por “incapacidad moral permanente”. Esta podía ser lo que la mayoría del congreso quisiera que fuere. En Noviembre del 2020 Vizcarra, que no tenía bancada congresal, fue vacado y se produjo un estallido. El nuevo presidente Manuel Merino, quien era presidente del congreso, renunció al sexto día de su gestión ante la presión callejera.
La posición centrista todavía tendría una oportunidad a través de la presidencia de Francisco Sagasti. Él fue un congresista de una bancada minoritaria opuesta a la vacancia de Vizcarra y fue presidente hasta las elecciones del 2021. Sagasti llegó con un discurso sobre la transición democrática, la vacunación y la recuperación económica. No obstante, a los dos días del nuevo gobierno, el Tribunal Constitucional dictaminó que no regularía la “incapacidad moral permanente”. El presidente no convocó a la movilización y el arma predilecta de la ultraderecha quedó intacta.
Luego llegaría el turno de las fuerzas de izquierda y de sectores populares, cuando el dirigente magisterial Pedro Castillo llegó a la presidencia en julio del año 2021. Castillo hizo una campaña con el mensaje de que la justicia social llegaría bajo un hombre del pueblo. Desde la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, Castillo sufrió una agresión muy fuerte de los poderes fácticos y de la ultraderecha, quienes inventaron un supuesto fraude electoral. Esto permitió desgastar al nuevo gobierno incluso antes de la juramentación oficial.
El liderazgo de Castillo fue, por decir lo menos, incoherente y vacilante en momentos críticos. Al iniciar su presidencia Castillo no hizo nada cuando la oposición se quedó con la mesa directiva del congreso, ni tampoco cuando reformaron la constitución para quitarle al presidente su capacidad de disolver el congreso. Así, después de un año y medio donde el gobierno se dedicó a sobrevivir, Castillo decidió dar un discurso sobre un golpe de estado sin ningún respaldo militar. El Congreso rápidamente vacó a Castillo en nombre de la democracia. Castillo fue capturado por la policía y hasta el día de hoy está encarcelado con prisión preventiva.
Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo, pacto con el congreso para ser presidenta y terminar de hundir al Poder Ejecutivo en la intrascendencia política. Inmediatamente después de la caída de Castillo, ocurrió el estallido social entre Diciembre del 2022 y Marzo del 2023. No obstante, Boluarte y el congreso resistieron mediante el asesinato de 50 manifestantes.
En los dos años que Boluarte gobernó, el congreso tomó el control de casi todos los órganos constitucionales autónomos y creó un senado de amplios poderes a estrenarse en las elecciones del 2026. Asimismo, se aprobaron leyes para favorecer el crimen organizado. Entre 2023-2025 hubo 5424 homicidios, una cifra histórica.
Si alguna lección progresista deja lo narrado, es que se necesita un liderazgo de confrontación, un plan convocador de la ciudadanía y una bancada disciplinada, para salvar a la democracia de la ultraderecha.
