El Estallido Social y la falacia del Golpe de Estado en 2019
En la actual campaña presidencial, el candidato de extrema derecha, Johannes Kaiser, en su particular estilo populista y sin presentar evidencia alguna, se apoya en la narrativa instalada en 2023 por el expresidente Piñera, quien definió el 18/O como un “Golpe de Estado no tradicional”.
Lo anterior fue reforzado días más tarde por Sergio Micco, quien para 2019 era el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y militante de la Democracia Cristiana. Tras su posterior renuncia al cargo y a dicho partido, Micco asumió la presidencia de la agrupación conservadora “Amarillos por Chile”. Bajo ese nuevo contexto, en 2023 contribuyó a sostener dicha falacia de Piñera al afirmar que la acusación constitucional contra el expresidente habría constituido “una forma de Golpe de Estado” en dicho período.
Desde entonces, la tesis del “Golpe de Estado en 2019” es amplificada mediáticamente por los defensores del actual modelo político-económico para fijar un discurso reduccionista, según el cual el Estallido Social fue estrictamente “delictual”, concertado por grupos subversivos de extrema izquierda que pretendieron “incendiar” Chile con la única finalidad de derrocar al gobierno de Sebastián Piñera en 2019.
Ante lo absurdo de ese relato, esas falacias públicas deben enfrentarse con racionalidad, donde las evidencias (los hechos) y los soportes teóricos (intelectuales), que van desde la filosofía, el derecho y la ciencia política, expliquen por qué ese tipo de discurso que confunde Revueltas Sociales con Golpes de Estado, no supera los mínimos estándares conceptuales y académicos vigentes en Chile y el marco internacional.
Partiendo por lo básico, según el prestigioso estudio sobre Golpes de Estado en el mundo, titulado “Global instances of coups from 1950 to 2010: A new dataset”, de los profesores Jonathan Powell y Clayton Thyne del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Kentucky, una Revuelta Social no calza con un Golpe de Estado, ya que ese último implica intentos ilegales, deliberados y abiertos liderados por militares u otras instancias del propio Estado para deponer al Poder Ejecutivo en ejercicio.
Desde la filosofía política, Hannah Arendt, en su ensayo “Sobre la violencia”, distingue conceptualmente la violencia del poder. La violencia puede destruir el poder, pero no lo crea ni equivale, por sí sola, a tomar el poder bajo la coartada de un golpe de Estado.
Por último, como recuerda el clásico publicado por Cambridge University Press: Power in Movement (2011) de Sidney Tarrow, los estallidos sociales se encuadran en la política contenciosa y no en los cuartelazos militares.
En el caso de los hechos acontecidos, la historia demuestra que la realidad choca claramente con la hipótesis golpista del 18O.
En primer lugar, los Estados de Excepción decretados por el gobierno de Piñera se declararon y extendieron conforme con la Constitución vigente y la Ley 18.415, ante lo cual no fue necesario disolver ni cerrar el Congreso Nacional ni los Tribunales de Justicia.
En segundo lugar, la salida política al conflicto social fue por vías institucionales. El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019, reunió a prácticamente a todos los sectores políticos de Derecha e Izquierda, convocándose inclusive a un futuro plebiscito regulado por una nueva ley de la república.
Finalmente, dentro del Estado de Derecho, la Fiscalía Nacional, en casos emblemáticos como la “quema del Metro”, no pudo detectar la participación de grupos organizados en su ejecución.
Incluso, si hablamos de violencia estatal, lo que sí hubo fueron gravísimas violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Un informe reciente de la Fiscalía Nacional sitúa la violencia institucional como fenómeno central del período: 12.002 delitos (34,1% del total), principalmente apremios ilegítimos (8.451), además de torturas (211) y lesiones graves (226).
En ese marco, el propio informe registra 464 víctimas de trauma ocular; y, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, contabiliza 30 fallecidos, de los cuales 7 (23,3%) corresponden a investigaciones por acción u omisión de agentes del Estado.
En síntesis, llamar “Golpe de Estado” al Estallido Social de 2019 es una coartada de los sectores dominantes del país para eludir sus responsabilidades políticas sobre las causas del malestar que lo detonó, puesto que a seis años de ese hecho, los problemas de fondo -abusos, desigualdad y precariedad- siguen acumulándose bajo la “alfombra” que extiende el modelo socioeconómico neoliberal.
Recordemos que la democracia no se defiende con eslóganes ni disfraces conceptuales, sino con verdad, justicia, reparación y reformas estructurales.
