Vecinos logran en juicio que se repare socavón en 90 días: Suprema advierte peligro para 4 mil habitantes de la zona
A la altura del kilómetro 21 de la ruta que une Pitrufquén con la localidad de Comuy, un socavón amenaza con cortar la única vía de acceso que conecta a más de cuatro mil habitantes con el resto de la comuna.
Lo que comenzó como una erosión natural en la ribera del río Toltén se ha transformado en un riesgo inminente: el terreno cede cada vez más y el borde del desprendimiento se encuentra hoy a solo tres metros de la calzada.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, ante ese peligro, la Junta de Vecinos de Villa Comuy y la comunidad indígena Huefel Mapu presentaron un recurso de protección contra la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad de La Araucanía.
Las dirigentas denunciaron que, pese a los reiterados llamados, las autoridades no adoptaron medidas suficientes para evitar un derrumbe que podría aislar a toda la zona.
La Municipalidad de Pitrufquén se adhirió a la acción, detallando que desde 2022 había enviado cuatro oficios a Vialidad —en diciembre de 2022, marzo de 2023 y febrero y junio de 2024— solicitando intervenciones urgentes, sin respuesta.
En diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la acción constitucional.
El tribunal, integrado por el ministro Carlos Gutiérrez Zavala y el abogado integrante Fernando Cartes Sepúlveda, resolvió que, aunque no se acreditó una actuación ilegal por parte de las autoridades, la demora en la ejecución de las obras y el riesgo latente de derrumbe vulneraban el derecho a la vida y la integridad física de los vecinos.
La sentencia ordenó generar un plan de acción y ejecutar obras de mitigación en un plazo de 90 días.
La Tercera Sala de la Corte Suprema —integrada por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, Diego Simpértigue, Jessica González y el abogado integrante Carlos Urquieta— confirmó la resolución.
El máximo tribunal citó un informe de Carabineros de mayo de 2025 que constató que la vía seguía habilitada con un desvío para una sola calzada, pero sin barreras de contención ni cierre en el costado del camino.
El fallo señaló que “pese a los esfuerzos de la Administración, las medidas han resultado insuficientes para proteger la seguridad vial de los recurrentes, persistiendo el acto denunciado y con ello la vulneración de garantías invocada”.
Con esa conclusión, la Corte Suprema ordenó a la Seremi de Obras Públicas y a la Dirección de Vialidad ejecutar las obras de mitigación en un plazo de 90 días para asegurar la estabilidad del terreno y la seguridad de los más de cuatro mil habitantes que dependen de esa ruta.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Jean Pierre Matus y del abogado integrante Carlos Urquieta, quienes estimaron que las autoridades habían tomado medidas suficientes y que el retraso en la ejecución no configuraba un acto ilegal o arbitrario.
