El 'Efecto Penélope' y la búsqueda de una gobernanza territorial de largo plazo
El Efecto Penélope, en referencia a la estrategia mitológica dilatoria de tejer de día y destejer de noche, ilustra con precisión un fenómeno recurrente en nuestra institucionalidad: la reversión sistemática de los logros de una administración por la siguiente.
Esta dinámica es la manifestación palpable de la falta de continuidad y de un compromiso transversal con las políticas de largo aliento, un patrón tristemente influenciado por los breves ciclos electorales y la consecuente alta rotación de autoridades. En el contexto chileno, esta volatilidad tiene una incidencia especialmente corrosiva en la política territorial y subnacional.
No es un misterio que Chile enfrenta desafíos territoriales estructurales de gran envergadura -desde la descentralización aún incipiente y la presión sobre ecosistemas vulnerables, hasta los riesgos derivados del cambio climático y las profundas desigualdades socioespaciales-. Estos retos exigen imperativamente que la planificación a largo plazo se erija como un pilar estratégico ineludible para la justicia espacial, la sostenibilidad y la equidad intergeneracional.
Sin embargo, nuestra arquitectura institucional actual carece de las garantías suficientes de estabilidad y continuidad. El resultado es que políticas clave, muchas veces formuladas con alto rigor técnico, participación ciudadana y el invaluable esfuerzo de comprometidos gestores públicos, son fácilmente modificadas, desfinanciadas o, peor aún, desactivadas con cada recambio administrativo.
Esta fragilidad institucional no solo socava la eficacia de la inversión pública y privada, sino que desmoraliza a los equipos técnicos, merma las confianzas -esenciales para la construcción social de territorios- y fragmenta el espacio nacional, perpetuando un frustrante ciclo de construcción y desmantelamiento constante.
Para trascender esta inercia, especialmente ad-portas de un nuevo ciclo político, resulta imperativo enfocar nuestra acción en varios ejes. Requerimos, fundamentalmente, un fortalecimiento institucional y de la descentralización, confiriendo a los gobiernos subnacionales y locales capacidades resolutivas reales para el diseño, implementación y evaluación efectiva de sus políticas. Paralelamente, esto debe complementarse con la promoción de una participación ciudadana efectiva, integrando a las comunidades en la totalidad del ciclo de las políticas públicas.
Finalmente, es crítico consolidar mecanismos de evaluación independientes y una planificación basada en evidencia, garantizando la transparencia, el aprendizaje institucional y la toma de decisiones informadas. Solo sustentados en estos pilares podremos asegurar que la gobernanza sea coherente, democrática y eficaz, logrando así trascender los vaivenes de los gobiernos de turno.
Afortunadamente, ante tamaño desafío, contamos con un capital significativo: sólidas capacidades técnicas, una academia comprometida, una sociedad civil organizada y una ciudadanía cada vez más activa. Incluso, la experiencia de los procesos constituyentes, más allá de su resultado, instaló de manera axial el debate sobre nuestro modelo de desarrollo y el rol fundamental del territorio en la distribución del poder y los derechos.
En este contexto, la construcción de ciudades justas se levanta no como una mera optimización tecnocrática de la eficiencia, sino como un imperativo ético y de gobernanza. Nuestra planificación territorial debe, por ende, integrar esta visión de futuro de manera sustantiva.
En esta lógica, superar el Efecto Penélope se convierte en un factor crítico de éxito para nuestro desarrollo. Esto exige la implementación de mecanismos de gobernanza robustos que aseguren la continuidad de las políticas mediante el sustento de análisis rigurosos basados en evidencia, la articulación de consensos multiactor y resiliencia institucional frente a las fluctuaciones políticas. Necesitamos formalizar acuerdos de Estado que integren la heterogeneidad socioespacial -la diversidad de hábitats, identidades locales y memorias territoriales-, y que trasciendan la mera consulta, integrando sustantivamente las distintas visiones.
En esencia, el desarrollo de nuestro territorio es mucho más que una optimización técnica; es y debe ser un proceso deliberativo, inclusivo y éticamente orientado. Para lograr un progreso real y coherente, es imperativo que estos acuerdos de Estado blinden las políticas territoriales de la tentación del deshacer de cada nueva administración. Es hora de dejar de desmantelar lo que construimos con esfuerzo y empezar a edificar un futuro sólido, coherente y equitativo. Merecemos una planificación que no se desvanezca con cada cambio de mando, sino que se fortalezca y se consolide con cada paso que damos.
