Miradas y vidas rotas a seis años de la crisis social en Chile
Al menos cinco víctimas de trauma ocular y lesiones graves durante el estallido social en Chile se han quitado la vida, denunciando la ausencia de un apoyo efectivo en salud mental y la demora en la reparación estatal. El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2019, El Informe de Human Rights Watch y el Informe de Amnistía Internacional dan cuenta de las graves vulneraciones ocurridas en Chile en el contexto del estallido social.
El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que existen razones fundadas para creer que, desde el 18 de octubre, se cometió un elevado número de violaciones de derechos humanos y que estas violaciones incluyeron el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
El balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a cinco años de la crisis social, indica que las víctimas consignadas son 3.828 y en las querellas del INDH hay 227 personas que fueron víctimas de lesión ocular como trauma ocular, estallidos oculares, pérdida de la visión y alguna lesión causada por trauma ocular. Además, del total de víctimas el 16% corresponden a niños, niñas y adolescentes y el 25% a mujeres.
Por otra parte, el 39% pertenecen a algún grupo de especial protección. El Instituto tomó conocimiento de las diversas consecuencias para las víctimas, como lesiones físicas, lesión causada por trauma ocular, pérdida de visión por trauma ocular irreversible, estallido de globo ocular, quemaduras, fallecimiento, traumatismo encefalocraneano, pérdida de embarazo, riesgo vital, daño neurológico, estado vegetal, lesiones físicas, reacción alérgica y trauma psicomotor.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile realizó una investigación sobre las secuelas y el daño irreversible generado en las víctimas de trauma ocular durante las protestas sociales de 2019 en Chile.
Esta investigación marca un hito en la comprensión de las lesiones visuales severas y sus repercusiones en la vida diaria de las personas. Los académicos investigaron el devastador impacto de los traumas oculares sufridos por cientos de personas durante el estallido social ocurrido el 2019 en Chile.
El estudio devela la magnitud sin precedentes del problema y hace hincapié en el impacto psicosocial y laboral de la pérdida visual, apuntando a casos de personas que han tenido que adaptarse a vivir con prótesis oculares o incluso han enfrentado el estigma y la discriminación por su discapacidad visual. Los investigadores también mencionan el trágico hecho de que algunos afectados han llegado al suicidio debido a la falta de apoyo adecuado lo que refleja la profunda desesperanza que puede acompañar a tales lesiones.
Hasta ahora, se registra el suicidio de cinco víctimas, cuatro de ellas con trauma ocular y una con lesiones por perdigones y existen otras que han intentado sin éxito dejar de vivir. Esto ha llevado al debate sobre cómo ha sido el acompañamiento, el tratamiento ocular y la salud mental de las personas afectadas.
El suicidio puede tener relación con la sensación de impunidad o de abandono estatal por parte de las víctimas, ya que esto suele acompañarse de estigmatización, lo que agrava la sensación de desesperanza, refiere el estudio. Por lo anterior, es urgente que el Estado garantice espacios seguros y de contención en salud mental a las víctimas sobrevivientes, así como el reconocimiento del daño y del sufrimiento psicológico.
Es fundamental fortalecer los equipos psicosociales especializados con un enfoque en trauma psicosocial, violencia política y reparación. Además, es necesario crear protocolos específicos dentro del sistema público de salud para identificar tempranamente señales de riesgo o ideación suicida en víctimas del estallido social que permita un seguimiento activo de salud mental.
Paralelamente, se puede capacitar a profesionales de salud, trabajadores sociales y agentes comunitarios en primeros auxilios psicológicos, evaluación del riesgo suicida y derivación oportuna a salud mental especializada, con el fin de pesquisar de mejor manera el riesgo a la integridad física o la ideación suicida de las personas sobrevivientes. Esto permitiría tomar medidas preventivas de manera oportuna y efectiva.
También es razonable implementar un sistema mixto en salud mental con suficientes prestadores externos para la atención a víctimas de lesiones en el estallido social, esto con el fin de superar la relación de desconfianza con el Estado. Finalmente, el genuino reconocimiento público por parte del Estado respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social puede ser una medida tardía, pero muy necesaria.
