La intervención de un cauce en el río Claro de Talca, con movimientos de tierra y la instalación de una pista de motocross, terminó en sanción.
Inmobiliaria intervino zona protegida del río Claro y construyó pista de motocross: Corte confirma multa de $7,2 millones
La Dirección General de Aguas (DGA) impuso multas a la inmobiliaria responsable y ordenó restaurar la zona afectada.
Esta decisión fue ahora confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la reclamación de la empresa y ratificó la legalidad de las sanciones.
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La denuncia se originó en 2019, cuando el Serviu del Maule detectó alteraciones en el lecho del río, en la ribera suroriente del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco.
Las fiscalizaciones de la DGA verificaron acopios de material, excavaciones y un pozo noria en funcionamiento, todo dentro de un bien nacional de uso público.
Por ello, la autoridad aplicó multas por un total de 105,4 UTM —equivalentes a unos $7,3 millones— y remitió los antecedentes a otras entidades estatales.
En su fallo, la Corte estableció que la DGA “actuó dentro de sus competencias y atribuciones”, validando el procedimiento sancionatorio y los informes técnicos que confirmaron el daño ambiental.
El tribunal también destacó que las obras afectaron el libre escurrimiento de las aguas y el equilibrio natural del ecosistema del humedal, un área oficialmente reconocida por la Ley 21.202 de Humedales Urbanos.
Pese a las sanciones, las inmediaciones del humedal continúan siendo utilizadas para actividades privadas y eventos municipales.
En los terrenos cercanos, la Dirección de Obras Municipales de Talca otorgó el permiso de construcción a la empresa Ríos Claros S.A. para levantar un nuevo casino, en una zona que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha catalogado como de riesgo de inundación, lo que exige estudios fundados y aprobación de organismos competentes conforme al artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Desde el movimiento ambiental Bio Eco Terra, su vocero Fabián Olave valoró la resolución: “Nos parece una excelente señal que la justicia ponga las cosas en su lugar ante la inoperancia de las autoridades administrativas. Esperamos que este fallo lleve a fiscalizar de manera más concienzuda las diferentes actividades que se están desarrollando en el entorno del humedal”.