Violaciones a los DDHH, quema del metro y prisiones preventivas: Las dudas que persisten a 6 años del estallido social

A seis años del estallido social que posicionó las demandas que ahora impulsa la administración de Gabriel Boric, distintos son los análisis que circulan en la esfera pública y que debaten el agotamiento del ciudadano de a pie que criticó el costo de la vida y la corrupción en las instituciones del aparto estatal.

Y es que al alero de concurridas manifestaciones que llamaron la atención de todo la nación desde el 19 de octubre de 2019, problemáticas como bajas pensiones, el alto precio de los créditos estudiantiles, las agobiantes jornadas laborales y el poco salario formaron parte fundamental del programa de gobierno del actual Ejecutivo.

Una de ellas fue la marcha denominada como la más masiva de la historia de Chile, convocada el 25 de octubre de ese año y a la cual acudieron al menos un millón 200 mil personas solo en la capital, razón por la cual se estima que podría haber habido más de dos millones de manifestantes en las calles a lo largo de todo el territorio nacional.

Sobrecarga al sistema judicial

Con todo, estas movilizaciones en todas las regiones del país dejaron también numerosos heridos producto de la violencia policial que se vio durante el mandato del fallecido Sebastián Piñera, por lo que el período además es recordado con tristeza entre los movimientos sociales y los afectados -especialmente aquellos mutilaciones-.

Sin embargo, la oposición ha levantado otras narrativas vinculadas a la violencia de algunas de las protestas que se desarrollaron por varios meses dado el contexto de los turbazos a farmacias y supermercados además de la destrucción de parte de la infraestructura pública.

De acuerdo con el Informe Estadístico del Estallido Social de la Fiscalía Nacional, hay 32.901 causas ingresadas relacionadas con las acciones de esos meses, equivalentes a 35.146 delitos con 21.766 imputados y 20.727 víctimas.

En ese escenario, esta sobrecarga al sistema de justicia representó todo un impacto para la institucionalidad en la medida en que crímenes como violencia policial, maltrato contra agentes del Estado, incendios, saqueos y desórdenes públicos tenían sus propias complejidades por tratarse de procedimientos diferenciados que requieren la revisión de múltiples pruebas audiovisuales, peritajes médicos y testimonios cruzados.

¿Hubo violaciones a los DDHH durante el estallido?

Lo cierto es que uno de los abordajes más difíciles es el de las violaciones a los derechos humanos por parte de las policías y el Ejército, algo que también fue relevado por el Ministerio Público al ser uno de los ejes centrales del trabajo investigativo por su gravedad jurídica, su connotación pública y la afectación a los derechos fundamentales.

En total, siete personas murieron como consecuencia de acciones u omisiones atribuibles a agentes estatales durante la revuelta, quienes además enfrentaron denuncias relacionadas con lesiones graves, torturas, detenciones arbitrarias y agresiones durante la represión.

Estas carpetas, cuyas diligencias son fruto de la coordinación de la Unidad Especializada de DDHH de la Fiscalía en conjunto con fiscalías regionales y organismos de supervisión civil, continúan abiertas y vigentes bajo el seguimiento de los persecutores y también de organismos nacionales e internacionales de observación interesados en que se esclarezca la verdad y se haga justicia.

Sobre esto mismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos encabezó 3.233 querellas en favor de 3.828 presuntos afectados entre fines de 2019 y comienzos del 2020, de las cuales solo 42 se transformaron en sentencias condenatorias ejecutoriadas hasta el año pasado.

Largas prisiones preventivas sin antecedentes penales

En esa línea, solo en el primer mes se registraron 1.431 medidas cautelares de prisión preventiva -la mayoría por saqueos-, mientras que 17.434 personas fueron formalizadas por la misma falta además de lesiones y desórdenes públicos de los cuales el 88% fue descubierto en flagrancia.

Respecto a este punto surgieron críticas en torno a la existencia de una eventual "prisión política" a propósito de la cantidad excesiva de tiempo que pasaron algunos detenidos en la cárcel sin enfrentarse a un tribunal para que determinara un veredicto, así como también fue cuestionado que dos tercios de ellos no tenían antecedentes penales según reportó CIPER en 2021.

"No puede ser que las personas que estén sometidas a prisiones preventivas, al momento de contar el tiempo, se descubra en muchos de los casos que ya habrían cumplido la pena que le hubiesen asignado de haberse sancionado", dijo al respecto expresidenta del Senado y timonel de Demócratas, Ximena Rincón.

Para 2022 y después de dos años, todavía habían 12 personas con la cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico, entre los que destaca un joven de 24 años que pasó más de 850 días recluido en el Penal Santiago 1 a la espera de su juicio oral en una causa -ligada a la quema del metro San Pablo- en la fue el único acusado.

¿Qué pasó con la quema del Metro?

Finalmente este último fue uno de los 14 condenados en casos surgidos a raíz de los diversos brutales siniestros que afectaron a las líneas del tren urbano en circunstancias similares, en el cual resultaron 7 estaciones completamente incendiadas además de las 18 parcialmente quemadas y las otras 93 dañadas.

Pero a pesar de lo anterior, el Poder Judicial no detectó grupos organizados que hubiesen tenido el propósito de quemar la infraestructura del transporte capitalino, por lo que se descartó la hipótesis sobre una operación orquestada aún considerando la magnitud y las consecuencias de los ataques.

"Hasta ahora lo que han ido arrojando las distintas sentencias es que son situaciones más bien particulares y sin mayores conexiones hasta donde hemos podido nosotros enterarnos, eso es a lo que se ha llegado", señaló el gerente general del Metro de Santiago, Felipe Bravo.

El malestar por el sentimiento de haber realizado esfuerzos inútiles o estériles se sumó al fracaso de los dos procesos constitucionales que finalmente no resolvieron lo que a la población más le preocupaba, aunque con especial énfasis en la primera convención por haber sido integrada directamente por los sectores movilizados luego del cuestionado Acuerdo por la Paz que firmaron los partidos políticos.