A pocas semanas del inicio oficial de la campaña presidencial, el mundo ambientalista alzó la voz: doce organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por la falta de profundidad y urgencia con que se aborda la crisis ecológica en las propuestas de las candidaturas, presentaron públicamente “Un Medioambiente Mal-Tratado”.
El documento se establecen tres compromisos mínimos que consideran indispensables para cualquier futuro gobierno.
Significa mantener y fortalecer los actuales estándares ambientales. “Salud, biodiversidad, participación y transparencia son mínimos que no deben retroceder”, señala el documento.
Además, se pide que las evaluaciones ambientales se realicen con base científica, medidas claras y con una institucionalidad técnica robusta.
El segundo compromiso exige que se cumpla de forma efectiva la normativa existente, desde la Constitución y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú o el Marco Global de Biodiversidad, hasta leyes nacionales como la Ley Marco de Cambio Climático y la recientemente promulgada Ley SBAP.
La protección de la salud y la aplicación de sanciones reales a los incumplimientos también forman parte de este eje.
Las organizaciones reclaman acceso público a toda la información técnica y relevante relacionada con decisiones ambientales, incluyendo aquellas que involucren actores privados.
La exigencia de claridad y trazabilidad aplica tanto a instituciones estatales como a empresas que gestionan recursos estratégicos.
Las organizaciones firmantes plantean que la protección ambiental debe ser el centro de la discusión ambiental.
Tanto la seguridad hídrica, como la transición energética, la conservación de la biodiversidad y el derecho al medio ambiente sin contaminantes garantizan una vida digna y "resultan económicamente estratégicos".
Lo anterior, considerando que Chile depende de sus recursos naturales, en un contexto en que "es uno de los más afectados por la crisis climática. Sin protección ambiental no hay futuro”, señala el texto.
En la misma línea, Benjamín Carvajal, de la ONG Uno Punto Cinco, reforzó: “Abrimos la puerta para realizar un trabajo serio con los comandos: fijemos plazos, indicadores y respuestas públicas. Adherir a estos tres mínimos da certezas y eleva el debate con evidencia, no con slogans”.
Las 11 organizaciones firmantes —entre ellas Fundación Terram, ONG FIMA, CEUS Chile, Chile Sustentable y Greenpeace Chile— advierten que sin un enfoque ambiental transversal y con visión de futuro, cualquier programa de gobierno será incompleto.
