El eslabón perdido: ESI desde el aula hasta el consultorio
En Chile, la Educación Sexual Integral (ESI) sigue siendo un derecho a medias, con solamente soluciones parche. Aunque contamos con leyes que hablan de educación –supuestamente– integral y de salud reproductiva, en la práctica no existe una conexión concreta entre escuelas y centros de salud.
Además, la evaluación de aquella deja mucho que desear: según el sondeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos realizado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (2023), una mayoría de los encuestados desaprueba la formación que recibió en su educación básica y media: un 55,8% reconoce que la educación sexual recibida fue muy mala (22,7%), mala (23,4%) o no recibió (9,7%).
La ESI no es un capricho ideológico, como la derecha en Chile y el mundo permanentemente lo intenta hacer ver, es una necesidad. Día a día se presentan una serie de barreras en la materia difíciles de sortear sin un marco legal. Un docente que detecta dudas de sus estudiantes, embarazos adolescentes o posibles vulneraciones no tiene cómo derivar de manera formal, eficaz y confidencial a sus estudiantes al sistema público.
Y esto sucede netamente por la falta de ESI en las mallas de pedagogía, de la falta de esta misma en el Currículum Nacional, de la falta de una política pública que nos garantice este derecho como tal. La ausencia de legislaciones y de defensa de la ESI deja a miles de jóvenes en la incertidumbre, dependiendo de la chance de contar con un docente o establecimiento educacional informado e interesado en proteger a sus estudiantes.
La Ley 20.418, por ejemplo, redujo la discusión a la anticoncepción y delegó los contenidos a cada colegio según su proyecto educativo. Traduciéndose en que cada colegio puede impartir ESI solo si lo considera pertinente, y no debiese ser así. Esto demuestra una clara desigualdad, permitiendo a algunos estudiantes acceder a información clara y con enfoque de derechos, mientras otros solo reciben silencio o prejuicios.
El Decálogo de Prevención y Abordaje de la Violencia de Género demuestra lo mismo: obliga a denunciar delitos, pero no contempla un acompañamiento a la salud sexual o mental. Al final, solo tenemos la idea, pero ninguna práctica real entre educación y salud.
La consecuencia es grave y preocupante. Chile registra aún altas cifras de ETS y embarazos adolescentes que afectan la trayectoria escolar abriendo paso a que estudiantes abandonen sus estudios por falta de acompañamiento, jóvenes que enfrentan violencia o abusos sin redes de apoyo.
Los docentes, sin formación obligatoria en ESI, no pueden abordar preguntas y enfrentan realidades para las cuales no se encuentran preparados. Y los jóvenes, que debieran ser sujetos de derechos, siguen siendo tratados como receptores pasivos de información a medias, más aún en los sectores más precarizados de nuestra sociedad.
La solución es clara y la hemos tenido siempre a la vista: una Ley de Educación Sexual y Afectiva Integral que establezca contenidos mínimos obligatorios, formación docente y protocolos de derivación simples y confidenciales a la red de salud.
Podemos evidenciar en países vecinos, como Argentina, que legislar sobre esta demanda no sólo previene embarazos no planificados o enfermedades, también entrega herramientas para que las próximas generaciones tomen decisiones informadas, desarrollen una vida sexual consciente, tengan mejor salud mental y continúen sus estudios sin que la desinformación o el abandono les arrebate aquellas etapas que uno atesora para toda la vida.
Es importante entender que no es un tema moral ni ideológico, sino de aprender y a crecer con información clara y apoyo real. Mientras sigamos educando a medias y sin puentes hacia la salud, Chile seguirá dejando a las próximas generaciones indefensas y sin las herramientas necesarias para vivir plenamente su presente y proyectar su futuro.
