Exalcaldesa Peñaloza y el millonario caso Cesfam: El rostro obsceno del saqueo UDI en Las Condes
De acuerdo a Pierre Rosanvallon, la legitimidad democrática no se agota en el voto, sino que requiere una democracia de rendición de cuentas.
El “Caso Cesfam”, que remece a la Municipalidad de Las Condes, no es un episodio aislado ni un simple exceso administrativo, es un caso paradigmático de cómo la captura institucional, el tráfico de influencias y la manipulación documental pueden converger en el ámbito municipal para defraudar recursos públicos de magnitud millonaria.
Bajo la administración de Daniela Peñaloza (UDI), una de las comunas más ricas del país autorizó el pago de $852 millones por una propiedad que un mes antes había sido vendida en $422 millones, generando un sobreprecio de $430 millones en una sola transacción.
La operación, parte de un proyecto que implicaba una inversión total superior a los $15 mil millones -de los cuales más de $11 mil millones se destinaron a la adquisición de terrenos-, exhibe patrones comunes a los escándalos de corrupción política: redes público-privadas, manipulación normativa y una débil rendición de cuentas.
Este caso; que tendrá su primer hito judicial el 20 de octubre con la formalización de Eduardo López Arriagada, exdirector de Control de la municipalidad; desnuda un sistema que parece haber operado con la anuencia o la indiferencia de las más altas autoridades comunales. La fiscalización tardía abre un camino judicial que podría alcanzar incluso a la propia exalcaldesa Peñaloza.
El núcleo del escándalo
La piedra angular del caso es la compraventa del inmueble ubicado en Nueva Delhi 1775, en Las Condes. Según consta en el Conservador de Bienes Raíces:
24 de noviembre de 2022: la empresa Vulcon Asset Management, de Paul Capdeville y Nello Travisany, adquiere la propiedad por 12.144 UF (aproximadamente $422 millones).
30 de diciembre de 2022: apenas un mes después, la Municipalidad de Las Condes compra el mismo inmueble por 24.280 UF, es decir, $852 millones de ese momento.
Este movimiento financiero fue posible gracias al Decreto Alcaldicio N°880, fechado oficialmente el 15 de marzo de 2022, que autorizaba la adquisición de terrenos. Sin embargo, tres funcionarios municipales han declarado ante el Ministerio Público que dicho documento no fue redactado ni firmado en esa fecha, sino nueve meses después, en diciembre de 2022, coincidiendo con la transacción. La hipótesis es clara, el decreto fue falsificado o adulterado para dar apariencia de legalidad a una compra que de otro modo habría sido improcedente.
En el centro de esta maniobra aparece López Arriagada. Testimonios lo señalan como el responsable de “suplantar” el decreto original por uno reescrito en diciembre, abriendo la puerta a la operación con sobreprecio. La Fiscalía lo formalizará por falsificación de instrumento público, delito que constituye el primer eslabón de una cadena investigativa mayor que incluye fraude al fisco y uso malicioso de instrumento público.
Red de responsabilidades
El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apuntan a un conjunto más amplio de responsables. En el aparato municipal están en la mira:
Ricardo Gutiérrez Lafrentz, exsecretario general de la Corporación de Educación.
Alejandro Contreras Morales, exsecretario de Planificación.
Héctor Navarrete Aris, exdirector jurídico.
Luis Espinoza Novoa, abogado acusado de uso malicioso de instrumento público.
En la esfera privada, los señalados son Nello Travisany Santos y Paul Capdeville Castro, representantes legales de Vulcon Asset Management, la empresa que compró la casa en noviembre de 2022 y la revendió al municipio apenas un mes después por más del doble del valor.
El rol de Peñaloza
La exedil Peñaloza no ha sido formalizada, pero su nombre aparece reiteradamente en los testimonios. En una declaración a la Fiscalía a fines de 2024, el propio López afirmó que fue la alcaldesa quien “insistió en firmar el decreto” que autorizaba la compra, pese a que él mismo le recomendó no hacerlo por la “lesión enorme en perjuicio de la municipalidad”.
Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, advertía que toda institución sin control tiende inevitablemente a corromperse.
La UDI exhibe un patrón que frecuentemente se repite: corrupción en Vitacura, Lo Barnechea y ahora Las Condes. El partido que se presenta como adalid de la “eficiencia” y la “probidad” es hoy un símbolo rayano con la corruptela.
Conclusión
La corrupción que se desprende de la gestión Peñaloza -con López como engranaje funcional y la UDI como sostén político- no es un accidente, sino una expresión coherente de un modelo que hace tiempo privilegia la ganancia sobre el bien común. Como advirtió Eduardo Galeano en Patas arriba.
La escuela del mundo al revés: “La corrupción no es una desviación del sistema: es el sistema mismo funcionando en su máxima expresión”. En Las Condes, ese sistema mostró su rostro más obsceno, el de una élite política dispuesta a falsificar documentos, malgastar millones y burlar la ley, todo mientras habla de eficiencia y probidad.
