Cuando una desaparecida aparece

En este caso concreto, sin duda habrá que corregir cosas. Los pagos a la hija de la señora Vera deberán detenerse, sin duda, pues no se da el presupuesto para ellos. Y si hay una o más personas condenadas por la desaparición forzada de quien hoy vive en Argentina junto a su familia, pues deberán ser revisadas sus condenas y absueltas de esas imputaciones

¿Devolución del dinero? ¿Por parte de quién? Porque al menos hasta acá los antecedentes indican que la primera persona sorprendida por la localización con vida de su madre fue su hija. En segundo lugar, si hubo un error fue el del Estado, no de ella. Hasta aquí, no hay indicios serios de un “fraude”.

Pero Alessandri y Marowski (vicepresidente del Partido Nacional Libertario) quieren encontrar culpables a como dé lugar. Las querellas contra el ministro Luis Cordero son de una debilidad jurídica tan intensa que ni siquiera vale la pena dedicarles un par de líneas.

Los errores deben corregirse y las situaciones injustas que deriven de ellos superarse. Lo que me molesta es que se erijan como defensores de la exactitud los que jamás se han escandalizado por las mentiras, desinformaciones y obstrucciones a la justicia de quienes en los demás casos (1.093, entiendo) no han sido capaces de informar el paradero de las personas desaparecidos, revelando una crueldad sin límites.

Me molesta que estas mismas personas, devenidos hoy en desesperados custodios del patrimonio fiscal, no interpongan querellas o denuncias en la Contraloría, ni hagan puntos de prensa para exigir a la familia Pinochet la devolución al Estado de 16 millones de dólares según lo ordenó la justicia.

Tampoco piden que rueden cabezas por la impresentable negligencia del Ministerio Público y del sistema de justicia en la búsqueda de Juana Chuñil, aunque sabemos que otra habría sido la situación si en vez de ella hubiese desaparecido un empresario maderero. No, esos errores les tienen sin cuidado. Son selectivos para sus batallas.

En la página 1.187 del tomo II del Informe Rettig se incluye como un “caso sin convicción” a Luis Alberto Pinto Soto, cuyo nombre correcto era Luis Alberto Pino Soto. Desapareció el 1 de julio de 1986, cuando tenía (lea bien, por favor) 15 años, mientras caminaba desde su casa en la población Santa Rosa, en Arica, a buscar un cuaderno a la casa de un compañero de colegio.

Pues bien, un error de transcripción del apellido del niño (sí, diputado Alessandri, sí señor Marowski, un niño) determinó que solo después de 40 años se le reconozca como un desaparecido.

Es el caso espejo del de Bernarda Vera: hay responsables que no han sido condenados y el Estado dejó de pagar durante 40 años lo que en justicia debía pagar. Imagino que esta clase de error no les preocupa a los adalides de la perfección y la justicia en los que se han convertido el diputado y el vicepresidente del PNL

La Memoria para optar al título de periodista de la entonces estudiante de la Universidad de Chile, Madeleine Cáceres Rossel, del año 2004, tiene un título estremecedor: “76: los niños del informe Rettig”. Nos dice: “76 niños y niñas … que no crecieron, que no se educaron, que no rieron, que no hablaron, y de cuya ausencia, como peor castigo, la sociedad no está consciente”.

Imagino que las muertes de estos niños a manos del régimen que admiran no son para Marowski o Alessandri más que “errores”. Pero no los escandalizan. Tal vez es por este doble estándar que sus preocupaciones por reparar errores e injusticias no tiene un efecto inspirador, sino que provocan cierta vergüenza ajena.

“Señor Celis, usted, como otros, jugando al empate”, imagino que dirían. No, no podría, aunque quisiera. La bestialidad, la falta de humanidad, los horrores -no “errores” -, la cobardía y los desfalcos de sus admirados militares y civiles dictatoriales alcanzaron cotas tan altas que nadie probablemente pueda jamás empatarlos en toda la historia que quede de este país. Por lo demás, créanme que en esos juegos no participo. Esas competencias se las dejo a ustedes y a los regímenes que admiran.