La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley que reconoce y protege a las personas defensoras del medio ambiente, cuando se cumplen 11 meses de la desaparición de la líder ambientalista y mapuche Julia Chuñil.
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Diputados aprueban proyecto que protege a defensores ambientales a casi un año de la desaparición de Julia Chuñil
La iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja con amplio respaldo y busca establecer medidas concretas frente a las agresiones que enfrentan quienes defienden el medio ambiente en Chile.
La iniciativa fue aprobada el pasado miércoles por 70 votos a favor, 35 en contra y 14 abstenciones. Ahora avanza al Senado, en su segundo trámite constitucional.
El proyecto, de autoría del diputado Luis Malla, contempla por primera vez en la legislación chilena medidas específicas para proteger a quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
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Entre sus principales lineamientos, establece sanciones penales frente a las agresiones que enfrentan estas personas y obliga al Estado a coordinar acciones interinstitucionales para garantizar entornos seguros y libres de violencia (Boletín N°16.886-12).
La diputada Gael Yeomans (FA) valoró la aprobación de este proyecto que "viene a ser un granito de arena" respecto al caso de Julia Chuñil y al de Macarena Valdés, "en donde hizo falta justicia".
Compromisos con Escazú
El respaldo legislativo se enmarca también en los compromisos asumidos por el Estado de Chile al firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, tratado regional que garantiza el acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales.
En particular, la nueva legislación responde al cumplimiento del artículo 9 del acuerdo, que exige a los Estados miembros asegurar un entorno propicio para las personas defensoras del ambiente.
De acuerdo al último informe de Escazú Ahora, entre 2023 y 2024 se registraron más de 80 agresiones contra 47 personas defensoras ambientales en el país.
Las agresiones físicas se triplicaron en solo un año, siendo las mujeres quienes concentraron el 70% de los casos.
Pese a ello, solo el 2% de estas denuncias obtuvo algún tipo de resolución judicial favorable, lo que revela —según la organización— una situación de impunidad estructural que esta ley busca comenzar a revertir.
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