Repartidor perdió la visión de un ojo en estallido social tras perdigón de Carabineros: Corte ordena pagarle $150 millones
La noche del 2 de marzo de 2020, en las inmediaciones de la Tenencia de Carabineros de Mejillones, un repartidor de delivery fue impactado en su ojo izquierdo por un perdigón disparado desde una escopeta antidisturbios.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la lesión le provocó la pérdida total e irreversible de la visión en ese ojo.
El caso llegó al Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, que el 16 de junio de 2024 condenó al Fisco a pagar $150.000.000 por concepto de daño moral, al concluir que Carabineros incurrió en falta de servicio.
La magistrada estableció que el actuar policial no respetó los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, y que no se acreditó un control adecuado de quiénes utilizaron las armas, cómo lo hicieron ni en qué circunstancias.
El fallo fue apelado por el Fisco. El 25 de septiembre de 2025, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta –integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Jasna Pavlich Núñez y Eric Sepúlveda Casanova– resolvió confirmar la sentencia, aunque con un matiz: se declaró que la suma a pagar debía incluir únicamente los reajustes legales, sin intereses, ya que estos últimos no habían sido demandados.
El tribunal de alzada sostuvo que “concurren todos los requisitos para configurar la existencia de responsabilidad, en términos generales, de parte de la demandada”, pues quedó acreditado que el daño fue causado por disparos de perdigones efectuados por Carabineros en el mismo lugar donde la víctima se encontraba detenida.
Agregó que Carabineros no cumplió con su deber de garante de resguardar la integridad de las personas y que la actuación policial careció de evaluación real sobre la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.
La decisión no fue unánime. El ministro Eric Sepúlveda Casanova votó en contra, considerando que no se acreditó de forma suficiente la falta de servicio y que los testimonios de la demandante no permitían establecer de manera clara la responsabilidad del Estado en los hechos.
