Valorar el rol de los organismos internacionales
En los últimos años hemos visto cómo distintos países han cuestionado su permanencia en organismos e instancias internacionales. Trump concretó la salida de Estados Unidos de la OMS, Milei en Argentina ha anunciado que revisará esa membresía, Ortega ordenó el retiro de Nicaragua de la FAO y, recientemente, Dina Boluarte impulsó un proyecto de ley para acelerar la salida de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todos los casos, el argumento es similar: reducir el gasto público en instituciones que, según los gobiernos de turno, no aportan lo suficiente o responden a agendas políticas distintas.
La base para el aumento del cuestionamiento a los organismos internacionales es coyuntural: hoy vivimos en un contexto de conflictos, inseguridad, incertidumbre económica, pandemias y guerras que obligan a los gobiernos a revisar el destino de sus arcas fiscales y demandan de los organismos resultados concretos.
Sin embargo, en varios casos su impacto ha sido limitado: la OEA con sus acciones y declaraciones no han logrado revertir las crisis políticas y sociales en Venezuela ni en Nicaragua; la ONU con sus resoluciones y acciones recurrentes sobre la Franja de Gaza no han detenido la violencia ni mejorado sustancialmente la situación humanitaria; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2024 señala dificultades para que se cumplan sus sentencias y se implementen sus recomendaciones, por mencionar algunos casos.
Esto no significa cuestionar la membresía en los organismos, sino que analizar los aspectos clave de su funcionamiento con el fin de mejorar la eficiencia en uso de recursos y el cumplimiento de su misión, sin perder el valor que generan y más bien entendiendo a los organismos internacionales como aliados para abordar el nuevo escenario mundial.
En primer lugar, el aspecto histórico y normativo. Los organismos internacionales no son entes ajenos a los Estados: fueron creados por decisión de los países -aunque no todos sus miembros actuales sean fundadores- para enfrentar desafíos que trascienden sus fronteras. Los Estados entonces, al ser miembros plenos, tienen la responsabilidad de orientar y mejorar la gestión de los organismos, en lugar de atribuirles culpas como si fueran actores externos.
Sin embargo, lograr cambios en el esquema de los organismos internacionales no es tarea sencilla y requiere de diplomacia. Si bien la normativa de los organismos como Naciones Unidas, OEA o la Unión Europea se establece criterios de mayoría simple o mayoría calificada para la toma de decisiones, la práctica es llegar a acuerdos mediante consenso, como ocurre en general en las negociaciones multilaterales.
Esta regla tácita de toma de decisión de los organismos internacionales tiene dos implicaciones: La pertenencia a un organismo obliga a aceptar que los consensos internacionales rara vez coinciden plenamente con la agenda de un gobierno particular, y la acción de señalar un sesgo político en la agenda de los organismos suele ser políticamente más rentable en el corto plazo que realizar los esfuerzos de negociación diplomática para alcanzar acuerdos colectivos que encaminen a los organismos en beneficio de la sociedad.
En segundo lugar, el aspecto financiero y administrativo. Un argumento de gobiernos de América Latina para retirarse de organismos es el costo que generan al presupuesto anual, pero esto llama la atención en números duros y pierde peso al pensarlo en cuanto a lo que representan del total de gastos de un país.
Aunque las cifras varían en cada país, a modo de ejemplo, en el caso de Chile las contribuciones a organismos internacionales representan apenas entre el 0,04 % y el 0,05 % del presupuesto nacional. Si sumamos además los costos de las misiones diplomáticas y embajadas, el total llega solo al 0,08 %–0,09 %, lo que difícilmente puede considerarse un monto significativo frente al costo político y estratégico de aislarse del mundo. Por eso, más que discutir si conviene o no la membresía, lo relevante es que los Estados revisen cómo se usan los recursos, qué indicadores se emplean para medir el impacto y qué reformas se necesitan en su estructura y procesos.
En tercer lugar, el aspecto de la relación con la ciudadanía. De acuerdo con la encuesta de OCDE sobre sobre los motores de la confianza en las instituciones públicas (2023-2024), en Chile sólo el 31% de la población adulta declaró tener confianza alta o moderadamente alta en las organizaciones internacionales. La falta de comunicación es un factor importante para este resultado.
Los organismos internacionales cumplen funciones esenciales: producen información relevante, proponen políticas públicas, promueven cooperación y programas de desarrollo social. En Chile el plan de inmunización, el etiquetado de alimentos, las reformas a la ley de competencias, las políticas para reducir inequidad, las reformas en la gestión del agua, y las medidas de conservación de la biodiversidad son solo algunas políticas públicas que se han impulsado en parte con apoyo de estudios de organismos como el Banco Mundial, OCDE, PNUD y OMS.
Sin embargo, la difusión de estos impactos en la ciudadanía ha sido limitada, pues tradicionalmente han operado a través de los gobiernos, lo que genera desconocimiento social sobre su labor y facilita que prosperen discursos que presentan la salida como un acto de soberanía o de ahorro.
Estos tres aspectos de análisis llevan a una conclusión: La responsabilidad es compartida. Los Estados en lugar de cuestionar y retirarse deben asumir su responsabilidad como miembro e involucrarse más en la mejora continua en la gestión de los organismos; los organismos deben reformarse periódicamente y rendir cuentas; y la ciudadanía debe informarse mejor sobre la historia, funciones e impactos de los organismos internacionales.
Retirarse del sistema internacional y aislarse no es el camino. Es necesario entender y valorar el rol de los organismos internacionales, sin que ello signifique ignorar sus falencias, sino que contribuir en resolverlas, reconociendo que en ellos reside una de las pocas herramientas reales para enfrentar los desafíos globales de nuestro tiempo.
