85% de pensiones AFP bajo salario mínimo: organizaciones denuncian violaciones de derechos sociales ante ONU
La Comisión Chilena de Derechos Humanos junto a cuatro organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe alternativo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, denunciando sistemáticas violaciones de derechos sociales en Chile. El documento, titulado "Fuentes del Malestar Social en Chile: La Denegación y Cumplimiento Parcial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales", será evaluado durante la 78° sesión del organismo internacional que se desarrollará entre el 8 al 26 de septiembre de 2025.
Las organizaciones firmantes incluyen al Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, la Asociación Nacional de Consejo de Salud Pública y Pintana Solidaria. Estas entidades identifican como problema central la persistencia del orden público económico establecido durante la dictadura militar, que habría transformado los derechos sociales en "meras libertades de elección".
En materia de seguridad social, el informe revela que el 85% de las pensiones pagadas por las AFP son menores al salario mínimo. Además, las mujeres reciben pensiones promedio de apenas 18,9% del salario previo al retiro, evidenciando una discriminación de género sistemática en el sistema previsional chileno.
Por otra parte, en el ámbito de la salud se documenta contravención al principio de accesibilidad mediante el sistema dual público-privado. Las Isapres mantienen tablas de factores que permiten cobrar hasta el doble a mujeres y hasta cinco veces más a adultos mayores. Según el documento, 2.862.379 personas se encuentran en listas de espera para especialidades médicas no GES a marzo de 2024.
El informe también denuncia discriminación salarial contra educadoras diferenciales, quienes siendo profesionales tituladas universitarias no reciben el complemento por mención de la Bonificación de Reconocimiento Profesional, perdiendo mensualmente hasta $79.287. Asimismo, se alerta sobre medidas de represión sindical implementadas por la Contraloría General de la República desde 2025.
En relación a la vivienda, más de 2,2 millones de personas se encuentran afectadas por la crisis habitacional, viviendo de allegados o en condiciones precarias. Las organizaciones señalan que Chile transformó constitucionalmente la vivienda social en un componente del mercado inmobiliario, abandonando su concepción como derecho social.
Las organizaciones fundamentan sus denuncias en múltiples instrumentos internacionales ratificados por Chile, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y convenios fundamentales de la OIT. El documento destaca que la Corte Suprema chilena ha reconocido el carácter supra-constitucional de las normas internacionales de derechos humanos.
Finalmente, el informe propone modificaciones constitucionales y legales estructurales, incluyendo la consagración constitucional del derecho a la salud, reformulación del sistema de pensiones y establecimiento del derecho inalienable a vivienda adecuada. Esta evaluación coincide con un momento de creciente tensión social en Chile, donde el modelo neoliberal habría generado una "precarización de la vida" ante la falta de garantías de derechos fundamentales.
