A 52 años del Golpe: Memoria para resistir, justicia para vivir
El 11 de septiembre de 1973 no puede entenderse como un accidente histórico ni como un “desenlace inevitable”. Fue el resultado de una crisis política y económica cuidadosamente incubada para justificar la ruptura del orden constitucional.
La desestabilización económica promovida por sectores político-empresariales, el rol de los medios de comunicación y la intervención extranjera generaron un escenario de polarización que terminó por fracturar la democracia chilena. El Golpe, lejos de ser una respuesta espontánea, fue un proyecto político orientado a detener por la fuerza un camino de transformaciones sociales impulsado democráticamente.
En este proceso, la responsabilidad no recae solo en las Fuerzas Armadas. Existieron cómplices civiles cuya participación fue clave: empresarios que se beneficiaron con privatizaciones y concentración de la riqueza, medios que encubrieron violaciones a los derechos humanos y actores políticos que optaron por la justificación antes que por la denuncia.
Reconocer esta trama es fundamental para comprender que la dictadura no se sostuvo sólo en la represión militar, sino también en la complicidad de sectores de poder económico, político y cultural.
A medio siglo de distancia, pareciera obvio afirmar que existen mínimos éticos que debieran ser transversales. Sin embargo, el negacionismo persiste, expresado en relativizaciones o nostalgias que blanquean la dictadura.
La verdad histórica es clara: hubo un quiebre democrático planificado y se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Sobre esto no puede haber ambigüedades. La defensa de los derechos humanos debe constituir un consenso democrático intransable, independiente de las diferencias ideológicas.
Este debate es también una disputa por el relato. No se trata únicamente de conmemorar, sino de resistir activamente la operación de borrado y distorsión que busca presentar la dictadura como un “mal necesario” o como un “gobierno dictatorial”.
El relato que naturaliza la violencia política erosiona la democracia actual y abre espacio a que la vulneración de derechos vuelva a ser pensada como opción legítima. La memoria, por tanto, no es un ejercicio pasivo de recuerdo, sino un campo de lucha política y cultural que define cómo concebimos nuestra convivencia presente.
Es en este punto donde cobra fuerza el título de esta reflexión: “A 52 años del Golpe: memoria para resistir, justicia para vivir”. Porque recordar no es un acto pasivo ni nostálgico, sino una práctica activa de resistencia frente a las tentaciones autoritarias y al negacionismo. Y porque la justicia -tanto en su sentido de reparación a las víctimas como en la construcción de derechos sociales universales- es la condición indispensable para que la democracia tenga un contenido real en la vida cotidiana de las personas.
En este marco, la defensa de los derechos humanos no puede quedar reducida a la dimensión civil y política. Si algo enseñó la dictadura es que la negación de los derechos sociales -salud, educación, vivienda, trabajo digno, seguridad social- es también una forma de violencia estructural.
La democracia que debemos resguardar hoy exige avanzar hacia un Estado capaz de garantizar derechos sociales universales y efectivos, superando las herencias neoliberales que aún persisten desde los años de autoritarismo.
A 52 años del Golpe, la lección es clara: sin memoria, la democracia se debilita; sin derechos humanos, la convivencia se vuelve frágil; sin justicia social, la libertad es incompleta. Defender la democracia hoy significa tanto preservar la verdad sobre el pasado como abrir camino a un Chile más justo, donde la dignidad y los derechos de todas y todos sean la base de nuestro pacto democrático.
