Universidad Central, drogas y el Parque Almagro: La solución no es cerrar el espacio público
Septiembre comenzó con la noticia de la existencia de redes de venta de drogas al interior de la Universidad Central. Para quienes conviven en la vida universitaria, esto dista de ser una sorpresa: el consumo y el microtráfico se han vuelto parte de una realidad normalizada, que atraviesa la convivencia entre pares y afecta los espacios académicos.
Al respecto, la discusión puede atenderse desde dos dimensiones. La primera es el consumo y sus efectos psicológicos, especialmente sobre cuadros de ansiedad y depresión en un país con una salud mental ya deteriorada, impactando en la convivencia y desempeño académico y profesional.
La segunda, es el narcotráfico que sostiene estos puntos de venta, expresión de un acceso cada vez más abierto a un mercado de drogas que se ha expandido en los últimos años, al punto de instalarse dentro de nuestros establecimientos educacionales.
La seguridad pública ha ocupado en los últimos años un lugar central en la agenda pública, y aunque el gobierno exhibe avances en la reducción de la tasa de victimización, la percepción de inseguridad sigue en aumento, alimentada por la exposición mediática de delitos de mayor connotación social, pero también por la masividad del narcotráfico en esquinas, plazas y parques. Es a través del crimen organizado y de la consolidación de redes criminales que el comportamiento delictual ha sofisticado su acción.
Ejemplo de ello es la proliferación de plantaciones de cannabis en valles como el Limarí, Choapa, Petorca, entre otras localidades de la zona, que han permitido el desarrollo y consolidación de verdaderas cadenas de suministro, cuya logística vuelve no sólo más accesible la compra, al punto de volverse parte de una realidad cotidiana y naturalizada. Son estas cadenas de suministro las que han desarrollado el comercio ilícito en espacios públicos y comunitarios.
La respuesta política, sin embargo, fracasa al reducir el combate y persecución a propuestas como cerrar los espacios públicos, algo que ha intentado impulsar el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y que exhibe una reducida comprensión de un fenómeno que no depende -en este caso- del Parque Almagro para proliferar, sino que de la existencia de estas redes de narcotráfico que permean la sociedad y se instalan en nuestras comunidades.
En su lugar, urge pensar la prevención del delito a través de la educación. El Ministerio de Educación no puede limitarse a ser un mero administrador, sino que debe asumir problemáticas como la deserción escolar, la baja calidad educativa, el déficit de infraestructura y, ahora, la existencia de puntos de venta de droga, en la intersección frente a los desafíos de seguridad.
Esto requiere una mirada multidisciplinaria de prevención que complemente la dimensión coercitiva de la seguridad pública: ocupar los espacios públicos con actividades comunitarias de cultura, deporte y educación; reforzar los programas sociales y de salud mental en comunidades vulneradas; impulsar campañas de autocuidado y acompañamiento a las comunidades educativas, entre otras.
El narcotráfico no se reduce a una decisión individual de consumo. Detrás de cada punto de venta hay una red con proveedores y logística sofisticada que se ha enraizado en nuestro país. Enfrentarla es clave para constituir espacios seguros, limpios y tranquilos, donde la libertad individual se desarrolle de la mano del cuidado colectivo.
