La política ha sido disciplinada por la economía

El economista Andrés Velasco, invitado por el Banco Estado a una conferencia reciente, sostuvo con mucha seguridad que el bajo crecimiento, inversión y empleo presentes en la economía chilena es consecuencia de un sistema político disfuncional.

Dijo que: “La política se fue al carajo y también al carajo la economía”; y, mientras hubo una buena política, la economía andaba bien. O sea, su opinión es que la política tiene la culpa del mal funcionamiento de la economía. Y, destacó la diferencia con los años noventa en que el país logró crecer al 7%, gracias a la existencia de colaboración política (El Mostrador, 26.08.2025). 

No me parece buena la explicación de Velasco sobre la debilidad actual de la economía chilena. Creo, más bien, que el modelo económico que nace con la dictadura, y sobrevive a la transición, disciplinó transversalmente a todos los políticos chilenos y les impuso colaborar. Algunos, que habían sido sus vehementes críticos durante la dictadura asumieron el modelo con entusiasmo; otros, incapaces de rebelarse, se subordinaron a la nueva realidad económica.

No hubo, entonces, a partir de 1990, mayores disputas políticas sobre el camino económico e incluso cuando Ricardo Lagos propuso cambios a la Constitución de 1980, en el año 2005, mantuvo el rol del Estado subsidiario. Es decir, fue la economía la que se impuso sobre los políticos y no al revés.

El crecimiento del 7% en los años 90 permitió el financiamiento de proyectos sociales, los que redujeron la pobreza. Sin embargo, ese mismo crecimiento no fue capaz de reducir la concentración de la propiedad y la riqueza, y tampoco fue capaz de avanzar más allá de un desarrollo productivo extractivista.

Ayudó a ese crecimiento la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza. Pero el paso del tiempo ha encontrado límites a ese dinamismo extractivista, con la baja rentabilidad del cobre, las inseguridades en el sector forestal, el escaso avance tecnológico en el agro y el debilitamiento de la fauna marina.

Así las cosas, el modelo económico vive ahora un periodo de agotamiento. El potencial de crecimiento es apenas del 2%, con una productividad estancada durante ya 15 años. Y no son las peleas de los políticos las que impiden la recuperación, sino la persistencia de continuar con el mismo modelo económico, que muy pocos políticos proponen modificar.

El intento del presidente Boric y el Frente Amplio de modificar el modelo, contenido en su programa, se vio bloqueado por la oposición e incluso encontró frenos en algunos políticos de la Concertación, los que siempre apelan a reproducir los primeros años de la transición. Las incuestionables mejoras sociales del gobierno actual no pudieron modificar los fundamentos del neoliberalismo.

Con un Estado inmóvil, disciplinado por mercados que no son neutrales, sino controlados por un reducido número de grupos económicos, es muy difícil hacer cambios estructurales en el país.

En efecto, son unos pocos grupos económicos los que dominan la actividad productiva, los bancos, seguros, servicios públicos, exportaciones, AFP, ISAPRES, clínicas privadas, supermercados, malls, colegios, universidades y equipos de futbol. Además, los grupos económicos son dueños de los principales medios de comunicación, que protegen sus intereses y difunden la ideología del capitalismo neoliberal.

El poder de los grupos económicos ha hecho posible que el 1% de los más ricos se haya adueñado del 50% de la riqueza nacional y de la tercera parte de los ingresos que se generan en la economía. Ese control de riqueza es el más alto de América Latina y similar al de algunos países africanos.

El poder económico de estos grupos se ha hecho evidente en casos preocupantes de concentración en los mercados, en que los consumidores deben pagar elevados precios porque los mercados más importantes tienen una estructura oligopólica, lo que facilita la colusión y debilita la competencia, como ha sido en los conocidos casos del papel higiénico, pañales, pollos, medicinas, entre otros.

Con ese poder de mercado es escaso el interés del gran empresariado en impulsar innovaciones y avances tecnológicos; y, por tanto, su responsabilidad es ineludible en el estancamiento de la productividad en el país. Tampoco al gran empresariado le interesa embarcarse en nuevas actividades productivas, eventualmente más riesgosas, gracias a las altas rentas generadas por el extractivismo.

La emergencia del litio y el hidrógeno verde abren un amplio campo de posibilidades para la economía; sin embargo, si se persiste sólo en la explotación de los recursos naturales y no se piensa en su industrialización, con la incorporación de tecnologías avanzadas, se vivirá una nueva frustración en el desarrollo económico del país.

Además, la riqueza no solo otorga seguridad y poder económico a los grupos económicos, sino también poder social y político. Porque “quien posee riqueza determina en última instancia quien gobierna” (Jeff Spross, enThe Week, 10-08-2017).

Gracias a ese poder, el gran empresariado influye directamente en política. Ha reclutado exministros y otras autoridades gubernamentales (de la derecha y la Concertación) para sentarlos en los directorios de sus corporaciones. También ha utilizado lobistas para facilitar negocios, desbloquear iniciativas en su favor o mejorar incluso la imagen de negocios turbios.

Además, los recursos que las grandes empresas entregan para financiar campañas políticas se han generalizado y adquirido un carácter transversal. Por cierto, siempre los dineros se dirigen en mayor proporción a los políticos de la derecha, pero no eluden a algunos del centro izquierda, que son complacientes con el poder empresarial.

En consecuencia, el tipo de economía que se ha construido en el país, y las desigualdades que lo caracterizan, no hubiesen sido posibles sin la instalación de fluidos vasos comunicantes entre los negocios y la política. Pero, los negocios son los que se imponen a la política, y no al revés, como cree Velasco.

Esta realidad económica no solo distorsiona la democracia, sino que también eterniza un sistema que prioriza los intereses privados sobre los públicos. Las leyes, políticas y decisiones estatales a menudo han sido diseñadas para beneficiar a estos grupos en lugar de responder a las necesidades de los sectores populares, que cada cuatro años se ilusionan con un cambio que mejore sus condiciones de vida. Y, el estallido social de octubre 2019 fue la inevitable consecuencia de la reiterada frustración en favor de cambios estructurales.

Persistir en la misma lógica de subordinar la política a los grupos económicos, que se expresa, por ejemplo, en medidas como rebajar impuestos y reducir el papel del Estado conduce al fracaso.

Para salir de la alta desigualdad y el bajo crecimiento, la política deberá terminar su complacencia con los grupos económicos. Al Estado le corresponde disciplinar al gran capital y orientarlo hacia nuevas industrias en vez que permanezcan en el extractivismo, junto con apoyar la modernización de las pequeñas y medianas empresas y fortalecer el sindicalismo. Es lo que permitirá recuperar la economía y, al mismo tiempo, reducir el poder de los grupos económicos.

La izquierda tiene la palabra. Lo que no pudo hacer el presidente Boric se espera lo pueda hacer Jeannette Jara.