Entre la memoria y el marketing: El retroceso simbólico en San Miguel
En septiembre de 2023, la gestión de la alcaldesa Érika Martínez (FA) concretó un cambio largamente trabajado: la histórica Avenida Salesianos pasó a llamarse Avenida Salvador Allende.
No fue un capricho ni un acto improvisado: se trató de una medida debatida en el Concejo Municipal, respaldada por el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) y enmarcada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
Este último, más que un mapa técnico, es una carta de navegación urbana que busca dar coherencia vial, patrimonial y simbólica al territorio. La idea era unificar el trazado que, en comunas vecinas como Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, ya lleva el nombre de Allende. Así, la memoria histórica dialogaba con la planificación urbana.
La elección del nombre no fue casual: Salvador Allende representa, para gran parte de la ciudadanía, un símbolo de democracia, soberanía popular y compromiso social. En un año marcado por los 50 años del golpe de Estado, esta decisión respondía también a una deuda histórica de reconocimiento a quienes defendieron la institucionalidad democrática frente a la violencia de 1973.
En 2025, la recién electa alcaldesa Carol Bown (UDI) irrumpió con una campaña para revertir el cambio. Amparándose en una supuesta “falta de participación” en el proceso anterior, impulsó una consulta ciudadana en la que participaron solo 702 vecinos -sobre un universo de más de 5.000 residentes del sector afectado-.
El resultado, 82% a favor de volver al nombre Salesianos, fue presentado como mandato popular. Sin embargo, las críticas no tardaron: concejales, dirigentes sociales y parlamentarios de oposición denunciaron que la encuesta fue mal difundida, tendenciosa y carente de garantías de representatividad.
El COSOC, órgano oficial de participación ciudadana, votó 7 a 4 por mantener “Avenida Salvador Allende”, pero su opinión -aunque legalmente considerada- fue ignorada. El 12 de agosto, el Concejo Municipal votó 4-4, y fue el voto dirimente de la alcaldesa Bown el que impuso el regreso al nombre anterior.
¿Por qué esto importa más allá de un letrero?
Planificación urbana y coherencia territorial: El PRMS no es un adorno. Nombrar calles de forma coherente no solo facilita la orientación: también es una decisión estratégica para el transporte, la logística y la identidad urbana. Deshacer ese trazado común fragmenta el tejido metropolitano.
Memoria histórica como política pública: El cambio a Salvador Allende no solo era un acto simbólico, reforzaba una narrativa democrática frente a la cultura del olvido. Deshacerlo es más que un gesto administrativo: es un retroceso cultural.
Debilitamiento de la institucionalidad participativa: El proceso original incluyó los canales establecidos por ley: informe técnico, aprobación del Concejo y consulta al COSOC. La reversión, en cambio, se basó en un instrumento ad hoc que excluyó deliberadamente instancias más representativas.
Uso político de herramientas legales: El voto dirimente de la alcaldesa es legítimo en derecho, pero cuestionable en ética democrática cuando se usa para imponer una decisión con débil respaldo institucional y en contradicción con órganos ciudadanos.
Bown insiste en que no actúa con motivación política, pero ha declarado abiertamente “no me gusta el nombre de Allende”. Esa sinceridad, aunque valorable en lo personal, deja claro que su decisión responde a una visión ideológica que, en lugar de construir consensos, ahonda divisiones. No es un misterio que la derecha chilena ha intentado sistemáticamente minimizar el legado de Allende, incluso en la toponimia.
Podría decirse que hay problemas más urgentes -un Cesfam faltante, problemas de seguridad, infraestructura envejecida-, pero eso no resta importancia a la memoria urbana. La disputa por el nombre de una avenida revela qué tipo de democracia queremos: una que planifica con visión de futuro y reconoce su historia, o una que acomoda la ciudad a las coyunturas políticas y a consultas exprés.
En San Miguel, el cambio de “Salvador Allende” de vuelta a “Salesianos” no es solo un cambio de placas. Es una señal de cómo, en plena democracia, decisiones que cumplen con toda la normativa, informes técnicos y participación ciudadana real pueden ser borradas por la suma de poder político y marketing municipal.
La calle podrá volver a llamarse “Salesianos”, pero para muchos seguirá siendo la avenida donde la memoria de Allende fue arrinconada por un cuestionable ejercicio de populismo local.
